- El colectivo “Abogados por el cambio” ha valorado este lunes que el Colegio anuncie ahora que tratará el tema, aunque solo sea por la presentación de candidaturas alternativas y, sobre todo, un programa que apunta a la dignidad del abogado también en la comisaría, donde el Colegio sigue sin hacer nada
Un nutrido grupo de abogadas han denunciado este lunes públicamente que desde hace un año vienen sufriendo "trato vejatorio" al tener que quitarse el sujetador en la prisión Las Palmas II.
Según explica a Crónicas el colectivo “Abogados por el cambio”, las letradas reciben un trato vejatorio al tener que quitarse el sujetador por supuestas razones de seguridad en la prisión Las Palmas II para pasar el detector de metales, lo que no sucede con otras trabajadoras judiciales, "hecho puesto en conocimiento del Colegio de Abogados en múltiples denuncias verbales realizadas por las letradas hace ya un año, como la efectuada por Rosa de León, sin que la institución colegial haya tomado medidas".
Por este motivo, y por otras muchas actuaciones necesarias que el Colegio no ha impulsado, tanto Rosa de León como Isabel Saavedra, que sufrieron esta situación con distintos resultados, decidieron presentarse a las elecciones del próximo día 18 de diciembre y celebran que la actual dirección haya decidido tratar al fin este vergonzoso asunto, aunque solo tras la presentación de candidaturas alternativas, pues “cuanto antes defienda a las abogadas, que son el 75 por ciento del colectivo, mejor”.
Las letradas no solo han tenido que quitarse el sujetador desde hace un año -cuando una empresa de seguridad sustituyó a la Guardia Civil en sus funciones de control de acceso-, aparte de los zapatos y otros complementos para pasar el arco de metales, sino que sufren un humillante trato discriminatorio frente a otras trabajadores judiciales.
Y es que el protocolo de seguridad de la prisión, disponible en la web de Instituciones Penitenciarias, establece en su punto 3.1.1 que “todas las personas que tengan autorizado el acceso al interior del Establecimiento serán invitadas, con la mayor corrección, a pasar el control del arco detector de metales, excepto los Magistrados, Jueces y Funcionarios del Ministerio Fiscal que visiten el Centro en el ejercicio de sus funciones, así como los funcionarios y personal laboral adscritos al Centro y aquellas autoridades que vayan acompañadas por algún mando del Establecimiento”.
Y por si en este punto no quedara clara la discriminación, el protocolo agrega en el apartado referente al acceso de abogados –no hay apartado para jueces, magistrados y fiscales-, que está “obligado a someterse a las medidas de seguridad establecidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado y los funcionarios…”.
El reglamento establece, por otro lado, que la entrevista con el interno se realizará bajo la supervisión de un funcionario en locutorios acristalados, por tanto no entran en contacto, así que la medida, “además de humillante es absurda”, agrega Rosa de León.
De este modo, tanto abogadas como letrados son el único colectivo que acude a la cárcel a ejercer sus funciones que tiene que pasar el detector de metales, y para mayor vejación, las letradas tienen que quitarse el sujetador y depositarlo en la bandeja.
“Esto es totalmente inaudito e inadmisible, tratan al colectivo de abogados como delincuentes, como personas sospechosas de introducir teléfonos móviles y armas blancas o de fuego en el interior de la prisión, mientras el resto de profesionales judiciales está excluido de esa sospecha, igual que los propios empleados de la cárcel y otros trabajadores”, siendo que los abogados ni siquiera entran en contacto con los internos y el resto de personal, judicial o no, sí tienen contacto directo, exclama.
“No podemos permitir que la institución colegial que nos representa no haya hecho nada por impedir esta situación totalmente denigrante”, apostilla la letrada, quien personalmente informó al Colegio hace ya un año de lo que sucedía en la prisión.
Un colegio que defienda a abogados y ciudadanía
Rosa de León e Isabel Saavedra decidió entonces concurrir a las elecciones con Roberto Orive, quien presentó la pasada semana su programa electoral, con objetivos y medidas muy concretas, algo inaudito en el Colegio de Las Palmas y expuso su intención de dignificar la abogacía no solo ante la prisión, sino la Fiscalía, la Autoridad Judicial y la Comisaría, ante las que el Colegio permanece impasible a pesar de los graves problemas que se producen cuando el letrado trata de ejercer su derecho de defensa del detenido.
En cuanto a la defensa del ciudadano, sufre muchas carencias sin que el Colegio interceda por él, basta observar las colas para solicitar el turno de oficio en plena era tecnológica, cuando la mayoría de los colegios ha puesto a su disposición la cita telefónica y por internet para evitar tanto el traslado como las largas esperas.
Por este motivo, aunque la nueva plataforma aspira a entrar a la Junta de Gobierno e impulsar todas las medidas de su programa desde el interior, conmina a la actual directiva a actuar desde ahora y hacerlas suyas por el bien del colectivo, pues nadie duda que necesita un revulsivo e iniciar acciones en multitud de aspectos cuanto antes.
También anima al colectivo, formado por casi 4.500 colegiados, a consultar los programas y ejercer su derecho al voto el próximo día 18 en Las Palmas de Gran Canaria de 11 a 15 horas y por correo, salvo que la actual directiva admita la petición de poner mesas electorales en todos los partidos judiciales y a ampliar el horario para garantizar la posibilidad de participación de los letrados del sur y de Fuerteventura, donde ni siquiera tienen urnas, como tampoco las tienen en Telde, Arucas y Guía.
