Inés Rojas de León accedió a la responsabilidad de dirigir las políticas de mujer e igualdad del Gobierno de Canarias, en julio de 2007. Esta política lanzaroteña, considera que la violencia de género es la manifestación extrema de la desigualdad de derechos entres seres humanos y evidencia un déficit democrático para cualquier sociedad. Considera que se debe potenciar el trabajo en red entre todos los agentes implicados en la erradicación de la violencia e incidir en las políticas de prevención. Le preocupa que se culpabilice a las mujeres que no denuncian. “No caigamos en la tentación de poner toda la carga sobre los hombros de las mujeres que sufren maltrato, porque cualquier persona que es testigo de violencia de género tiene el deber de ponerlo en conocimiento de las instituciones”.
-La Comunidad Canaria se sitúa en cuarta posición en lo que se refiere al número de denuncias registradas por malos tratos, con más de 5.000 en el año 2007. Algunos interlocutores entienden que éste es un buen dato, sin embargo otros opinan que en Canarias hay mayor violencia que en el resto del Estado
-Durante años, las campañas de sensibilización para erradicar la violencia ejercida contra las mujeres han ido encaminadas a que las víctimas denuncien. Sin duda alguna, que en Canarias más de 5.000 mujeres hayan tomado la difícil decisión de manifestar el maltrato al que están sometidas, es un indicador de que se ve una luz al final del túnel y que existe una confianza por parte de las mujeres en que las instituciones pueden ayudarlas. Esto es un buen síntoma, porque significa que la violencia ha salido de la esfera privada para ser un asunto público, un delito que nos afecta a todas y a todos.
Pero debemos seguir avanzando. Mire, me preocupa mucho un mensaje que está calando en la opinión pública en el sentido de culpabilizar a las mujeres que no denuncian. La mujer nunca, y lo digo en mayúsculas, nunca es culpable de la violencia ejercida contra ella misma. Los culpables son quienes ejercen esa violencia, que siempre es injustificable. Estoy percibiendo una tendencia reflejada en las informaciones de los medios de comunicación que comienzan enfatizando que la víctima de violencia no denunció.
-Pero la denuncia es el primer paso para poder aplicar los sistemas de protección Sin ella, las instituciones lo tienen muy difícil para intervenir ¿no es así?
-Por supuesto, sin lugar a dudas. Pero como dije, la violencia de género no es un asunto privado, es un problema público que significa la manifestación extrema de la desigualdad de derechos entre seres humanos. Por lo tanto, el deber de denunciar es de todas y todos, y en este sentido, nuestras campañas ahora van enfocadas a que si cualquier persona es conocedora de un caso de violencia también es su deber denunciar. No caigamos en la tentación de poner toda la carga sobre los hombros de las mujeres que sufren maltrato.
Somos los demás, las instituciones, los vecinos, la ciudadanía, los que debemos ofrecer una red de confianza, apoyo, y una actuación decidida para que las mujeres den el paso de denunciar, porque muchas veces, las mujeres que sufren malos tratos no pueden ayudarse a sí mismas debido al deterioro psicológico que presentan como consecuencia de la violencia reiterada. Por eso la detección y la atención profesional representan un apoyo clave para romper con la violencia de género y facilitar la normalización de la vida de la mujer y de las personas que de ella dependen, su reincorporación a la vida social y su recuperación psicológica.
-¿Cómo aborda su consejería las políticas de erradicación de la violencia de género?
-En los últimos años, el Gobierno de Canarias, en colaboración con los Cabildos Insulares, hemos puesto en marcha la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
Para el próximo año, un año difícil, ante la crisis económica, el Instituto Canario de la Mujer dedicará más del 70 % de su presupuesto a políticas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, porque entendemos que erradicar la violencia debe ser un objetivo prioritario para cualquier gobierno y desde luego lo es para el Gobierno de Canarias.
La violencia contra las mujeres atenta contra los derechos fundamentales de las personas y evidencia un déficit democrático en cualquier sociedad, por eso, desde las instituciones no debemos, en ningún caso, escatimar esfuerzos para poner los recursos necesarios para eliminarla. Ninguna sociedad puede definirse así misma como justa o cohesionada mientras una mujer sea víctima de la violencia machista.
-¿En qué consiste esa Red de Servicios?
-La red consiste en tres tipos de recursos, implantados en cada una de las islas, que funciona según el nivel de actuación. Comienza con la atención inmediata frente a situaciones de emergencia, lo complementa la atención temporal, en el que la mujer y las personas que dependen de ella, fundamentalmente sus hijos e hijas, disponen de un dispositivo de acogida, y todo esto se complementa con la atención especializada que incluye la formación, orientación, asesoramiento e intervención.
-¿Considera que estos recursos son suficientes?
-Desde el punto de vista de los servicios de atención social, si. Las plazas de los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) son ilimitadas, y los recursos de acogida no están ocupados al completo.
Creo que las bases para combatir la violencia de género están consolidadas, porque contamos con una importante legislación y recursos tanto asistenciales, como especializados. Sin embargo, considero que debemos seguir trabajando en mejorar la coordinación, el trabajo en red y la formación de los diferentes agentes que intervenimos en el marco de la violencia, principalmente en cinco ejes que considero fundamentales, como es la justicia, los cuerpos de seguridad, la sanidad, la educación (y aquí quiero decir que se ha hecho un trabajo extraordinario en educar en la igualdad) y, desde luego, los medios de comunicación, que pueden ser un importantísimo vehículo de transmisión de valores de igualdad y de sensibilización contra la violencia ejercida sobre las mujeres.
-En Canarias existe una legislación territorial contra la violencia, y el Estado también ha elaborado una nueva ley contra la violencia, ¿Cómo conviven en el Archipiélago una Ley Canaria y otra Estatal para la atención de la violencia de género?. ¿Cuáles son los ámbitos de actuación de cada una?
-Desde el Gobierno de Canarias hemos visto la necesidad de modificar la Ley estatal de violencia de Género en el sentido de establecer un protocolo de intervención único entre los servicios de las diferentes administraciones que evite duplicidades, y desde luego mejorar la financiación.
También entendemos, y así lo hemos propuesto al Ministerio, que se incluya un concepto más amplio de violencia de género, como ya lo hace la Ley canaria que contempla además de la violencia entre la pareja, los casos de prostitución, las agresiones sexuales, la violencia en los ámbitos laboral, docente y social.
Como tercera aportación a destacar, porque han sido muchas, valoramos la inclusión del cumplimiento íntegro de las penas a los maltratadotes y de programas de reinserción o tratamiento voluntario de maltratadores que no estén ligados a beneficios penitenciarios, así como la atención jurídica inmediata especializada en materia de violencia de género con carácter gratuita en todos los casos, al menos en la primera asistencia a la mujer en el momento de la denuncia.
-Al margen de la atención posterior a la mujer maltratada, desde el Ejecutivo regional se ha hecho un gran esfuerzo en políticas preventivas. ¿Cuáles son las que están surtiendo efecto?
-Ya hemos completado nuestra red de recursos para atender a las mujeres que están sufriendo violencia en todas las islas a cualquier hora, la atención ya está cubierta así que ahora lo que nos hace falta es prevenir para que no se produzca. En el año 2007, la Consejería firmó un convenio con los Cabildos Insulares para potenciar el Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las Mujeres frente a situaciones de Violencia de Género en todas las islas.
La firma de nuevos convenios ha supuesto que el Gobierno canario y los cabildos invirtamos un total de 48 millones de euros hasta el año 2010, en políticas de prevención. Entre las novedades que incorporamos a estos convenios destaca el hecho de que se han unificado todos los recursos en materia de violencia de género en un único documento; se ha ampliado el objeto del convenio e incluye la realización de actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia y se ha garantizado la formación de los profesionales. Creo que estamos ante un importante salto cualitativo en las políticas para la erradicación de la violencia.
-En 2008 han muerto tres mujeres víctimas de violencia de género en Canarias, mientras que en 2007 fueron ocho, parece que las políticas de prevención están obteniendo resultados. ¿Es un buen presagio, significa que debemos ser optimistas?
-Mire, mientras muera una sola mujer, mientras una sola mujer sea víctima de maltrato físico o psicológico, no podemos ser optimistas. Estamos hablando de un atentado contra los derechos humanos de las personas. Que haya descendido el número de feminicidios en Canarias es francamente importante, y lo único que significa es que vamos por el camino correcto, pero aún nos queda un camino infinito por recorrer.
