La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, afirmó este lunes que los centros del Archipiélago están desbordados ante la constante llegada de menores inmigrantes a bordo de cayucos y precisó que la situación obligará a habilitar carpas provisionales en los patios de los centros de Gran Canaria y Tenerife, donde “tenemos colchones por todas partes”, para acoger a menores procedentes de centros de Lanzarote.
Rojas, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las recomendaciones del Defensor de Pueblo sobre la situación de los menores, indicó que actualmente el Ejecutivo acoge a más de 1.500 menores inmigrantes en 30 centros y derivado “por su cuenta y riesgo” a otros 200 niños a centros de la Península, conforme a acuerdos con ONG's.
La consejera destacó la situación de los centros de Lanzarote, donde no caben “ni con calzador” y se adoptarán medidas, ante las dificultades, para derivar a 56 menores a centros de otras islas, que también están saturados.
Rojas recordó que el Defensor de Pueblo ya hablaba de saturación en su informe de 2007, cuando había acogidos unos 900 menores, mientras que esta cifra ha superado los 1.500 en lo que va de 2008.
“Es tal la avalancha de menores que el plan de integración que Canarias tiene para estos niños ha saltado por los aires y no se está dando ante el número tan importante de niños acogidos en los más de 30 centros de Canarias”, indicó Rojas.
La consejera insistió en que la solución no pasa por contar con más centros en el Archipiélago y apuntó que está a la espera de recibir respuesta de la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, sobre derivación a otros centros.
Rojas dijo que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, “habla el mismo idioma en este asunto, nos entendemos perfectamente, pero los niños de África necesitan algo más que las palabras de Corbacho”.
Mientras, recordó que hasta el momento ha sido posible gracias a que el Gobierno canario “por su cuenta y riesgo” ha realizado estas políticas en acuerdo con las ong's para trasladar a 200 menores a centros de la península.
También se refirió la consejera a los problemas sobre la documentación de estos menores y anunció que ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Canarias la realización de un protocolo para resolver este “bucle administrativo”.
Al respecto, explicó que hasta el momento se han devuelto todos los expedientes solicitados a la subdelegación del Gobierno sobre la documentación de estos menores, ya que se da un “vacío legal” ante la consideración de estos jóvenes, que están tutelados por el Gobierno canario, pero al mismo tiempo son indocumentados.
Rojas lamentó que tras once años desde que se está produciendo este fenómeno todavía no haya una normativa específica para atender el tratamiento legal de la “situación muy especial” de estos jóvenes.
Ley de Dependencia
Inés Rojas dice que los recortes del 27 por ciento en los fondos destinados a la Ley de Dependencia hace que el "gran peso" esté recayendo sobre las comunidades autónomas y advirtió que con esta financiación no está garantizado que estas personas puedan percibir las prestaciones de por vida. El PSC acusó al Gobierno canario de "boicot y pataleo" constantes.
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, afirmó que el Estado prevé recortes de un 27 por ciento en los fondos destinados a las comunidades autónomas para la Ley de Dependencia y afirmó que con estos recortes “no se garantiza, ni mucho menos” el derecho de las personas dependientes a recibir estas prestaciones.
Rojas precisó que durante este año el Ejecutivo canario ha aportado 38 millones, mientras que el Estado, que tendría que aportar la misma cuantía, sólo tiene contemplados 9 millones que todavía no ha hecho efectivos por la falta de la firma de un convenio, por lo que el gasto “ha corrido exclusivamente” a cargo del Gobierno canario.
La consejera, que compareció en comisión parlamentaria a petición del grupo Popular (PP), reprochó al Gobierno central estos recortes y que dijo hace que “el gran peso” esté recayendo en las comunidades, y afirmó que con esta financiación no está garantizado que las personas que actualmente perciben las prestaciones puedan recibirlas de por vida “porque no tenemos seguridad de que el Estado vaya a responder”.
También criticó los criterios de reparto los fondos “tan injusto, injustificado e insolidario” establecidos, en los que se da más importancia al tamaño territorial, que a otros aspectos como la población, la insularidad o los emigrantes retornados. Al respecto, apuntó que con criterios de población Canarias debería percibir del Estado 36 millones, frente a los 9 que tiene asignados.
No habrá 'plante' canario, de momento
En cualquier caso, anunció que el Ejecutivo canario, a diferencia de lo anunciado por otras comunidades, “no se ha planteado” plantarse ante una ley, que reconoció “es una buena en su filosofía, pero “deja muchísimo que desear en su aplicación”. No obstante, no descartó un cambio de actitud y “tomar medidas mucho más drásticas” si la situación no mejora.
Ante las críticas de la diputada socialista, Olivia Cedrés, sobre el “boicot y pataleo” constante del Gobierno canario sobre esta norma, Rojas insistió en que el Gobierno estatal “no cumple con su propia ley”, que recordó tiene como objeto atender a las personas en situación de dependencia a través de un sistema que facilite el acceso a las prestaciones y que será co-financiado al 50 por ciento con las comunidades autónomas.
La consejera reprochó que la ley se haya puesto en marcha si contar con la financiación y sin haberla desarrollado jurídicamente y acusó al Gobierno socialista de hacer “publicidad engañosa” y de haber generado unas expectativas “que distan mucho de la realidad”.
En esta línea, reconoció que la norma contempla partidas para las comunidades autónomas, pero se preguntó “de qué vale que lo tengan presupuestados, si no lo dan”. Rojas comparó las aportaciones de ambos ejecutivos en los distintos niveles de protección y precisó que Canarias aporta el 63 por ciento, un porcentaje que no incluye las aportaciones para infraestructuras.
"Campaña de intoxicación"
La diputada socialista, Olivia Cedrés, rebatió las cifras dadas por Rojas y aseguró que Canarias sí ha contado” con financiación, y precisó que en 2008 se asignaron 13,7 millones y para 2009 hay previstos 28,7 millones, lo que supone un aumento del 28 por ciento en la partida.
Así, dijo que el Gobierno canario ha hecho una “campaña de intoxicación” para justificar el “boicoteo” que se ha hecho a la ley y afirmó que el único problema es la “incapacidad manifiesta” de Inés Rojas para ponerla en marcha en Canarias.
