Por Francisco Cabrera García
El Sistema Sanitario Español ha estado considerado como uno de los mejores del mundo. Un sistema construido con el esfuerzo y la aportación de varias generaciones de hombres y mujeres .
En los últimos años se venían apreciando importantes desequilibrios, desajustes, descontrol en el gasto, falta de reformas adaptativas a la realidad de la UE, desigualdad en la atención y falta liderazgo y de una política sanitaria clara, situando el llamado Estado de Bienestar al borde de la quiebra.
Con una deuda de 16.000 millones de euros en 12.110.000 facturas pendientes de pago, se ha tocado, temerariamente, la base económica de nuestra Sanidad.
Si en el año 1996, se dejó la Seguridad Social al borde de la quiebra, obligando al entonces nuevo Gobierno del Partido Popular, a que una de sus primeras medidas fuese solicitar un crédito para pagar las pensiones de nuestros mayores; en el 2012, el Gobierno de la Nación se ha encontrado un Sistema Sanitario al borde de la quiebra que incluso pone en riesgo hasta el suministro de productos farmacéuticos.
El Gobierno propone a las Comunidades Autónomas los ajustes necesarios, en el marco de sus competencias, para garantizar que la asistencia sanitaria siga siendo universal, pública y gratuita, si bien está sostenida por el conjunto de todos los contribuyentes de nuestro país. Establece ajustes equitativos, controla el turismo sanitario, establece una cartera común de asistencia sanitaria igual y de calidad en todo el territorio nacional y dota de tarjeta sanitaria a todos los españoles.
No pagarán gasto farmacéutico las pensiones no contributivas, las de inserción social, ni los parados sin cobertura económica por desempleo, que hasta ahora pagaban un 40%, además de que se establecen tres tramos, por renta, para las pensiones contributivas.
El Real Decreto Ley 16/2012, armoniza el concepto de transporte no urgente porque define los importes de financiación para conseguir que no haya diferencias ni discriminación entre Comunidades Autónomas, entre los pacientes que son atendidos en un servicio de salud u otro. Para ello, además del ya existente Fondo de Cohesión, se crea el Fondo de Garantía.
Hasta ahora, el transporte no urgente estaba sujeto a sistemas de gestión distintos entre Comunidades Autónomas de acuerdo a agrupaciones de pacientes, colectivos y convenios. Las distintas modalidades de pago creaban por este concepto, y sin ningún género de dudas, una situación de auténtica desigualdad en el ámbito sanitario ya que en unos casos la aportación dependía de los kilómetros, en otros se adelantaba dicha aportación y luego se reembolsaba y en otros, simplemente, dependía de la reclamación que hiciera el paciente.
Ahora, deberá ser será la Comisión Técnica de Prestaciones Sanitarias la que avance y concrete las propuestas para solucionar los problemas heredados, ajustando conceptos, definiendo qué es transporte sanitario urgente y no urgente, definiendo el importe de financiación según el transporte y los criterios de indicación médica y, todo ello, con criterios de calidad, igualdad, eficacia y eficiencia.
El transporte de pacientes no es exactamente lo mismo que el transporte sanitario, que es un transporte por requerimiento sanitario, tanto si es de urgencia como si no lo es. Son servicios y prestaciones especiales configuradas con participación y financiación del Ministerio de Fomento, con políticas y convenios especiales para facilitar que pacientes que se tienen que trasladar entre las islas, como es el caso de Canarias, y que necesitan un transporte distinto al que utilizan en la Península, puedan hacerlo sin coste adicional para el usuario. Por tanto, siguen blindados, siguen con la garantía del mantenimiento de estos convenios especiales para transporte de pacientes entre hospitales, en comunidades autónomas insulares y el resto del Estado español.
La Sanidad no necesita gastar más, sino gastar mejor el dinero de todos. Sin despilfarro, con más eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos y, con ello, optimizar la calidad del servicio.
