Por Myriam Ybot
“El suelo y el territorio, ejes operativos de la ordenación territorial y urbanística, se prestan como anillo al dedo a un tipo de comportamientos corruptos en los que la virtud del civismo brilla por su ausencia. No es extraño encontrarse en este campo, cuanto menos, a determinados promotores, determinados constructores y determinadas autoridades montando un estrecho círculo en el que, a cambio de contraprestaciones nada confesables, el interés general es desdeñado y sustituido por el interés particular”.
Tan lúcida y valiente denuncia fue lanzada desde el estrado del salón de actos de la Biblioteca Insular por Leopoldo Díaz, jefe técnico de la Oficina del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. Es posible que fuera entonces cuando se convirtió en objetivo de los mafiosos y los delincuentes del suelo. Los mismos que hoy estarán disfrutando al ver al jurista cuestionado en su honorabilidad y profesionalidad.
Corría el 13 de octubre de 2006 y en la misma mesa de debate se sentaban el magistrado José Antonio Martín Pallín, el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, el fiscal Anticorrupción Luis del Río, el catedrático de Derecho Penal, José Luis Díez Ripollés y el letrado asesor del Cabildo y responsable de los recursos judiciales contra licencias ilegales, Agustín Domingo Acosta. Un elenco de auténtico lujo para tratar un asunto de triste actualidad: la legalidad territorial y ambiental. O las mil estrategias de quienes tratan de obviarla.
Polo Díaz sabe mucho de todo esto. No en balde han pasado por su despacho toda suerte de licencias de construcción de hoteles, apartamentos y residencias, concedidas sin el necesario amparo legal; sin informes técnicos, sin respaldo jurídico, sin adaptación a la normativa turística y/o territorial. Y en lo tocante a su función pública, sin encaje alguno con las especificaciones del Plan Insular de Ordenación.
Un Plan que, debemos recordar, vio la luz con la unanimidad de todos los partidos con representación en el Gobierno insular, que actuaban a su vez en nombre de los gestores municipales, también de todos los signos políticos.
Un acuerdo institucional sin precedentes en la isla bendijo el nacimiento de un documento que serviría para proteger el territorio insular de la voracidad de la industria turística y para tutelar un crecimiento pausado e inteligente.
Y fueron Polo Díaz y Esteban Armas, junto a otros compañeros del área de Política Territorial, los designados para velar por el cumplimiento de esta norma, tomada como modelo por otros Cabildos y por el Gobierno de Canarias en el diseño de sus propias ordenaciones.
¿Qué han hecho estos técnicos desde entonces? Comprobar que los proyectos presentados se ajustaban a los dictados del PIOT, algo donde no caben arbitrariedades ni subjetividad: las construcciones se adaptan o no se adaptan, respetan las exigencias del planeamiento o no lo hacen. Y chequear si las licencias otorgadas sin el preceptivo informe del Cabildo eran, a pesar de todo, acordes a la Ley. Podrían haberlo sido pero desgraciadamente casi nunca fue así.
Recuerda Fernando Gómez Aguilera, citando a Eduardo Galeano, que la realidad no es un destino sino un desafío. Y es seguro que el alma dual que alojan ambos conceptos, igual que la que se esconde en el ideograma weiji, que reúne las esencias de crisis y oportunidad, dará a esta isla exhausta fuerzas para avanzar.
Estoy absolutamente convencida de que los Tribunales dejarán fuera de toda duda el trabajo, la profesionalidad y la honra de Polo Díaz y Esteban Armas. Y que frente a los deseos de quienes buscan sacrificar a los técnicos del PIOT en su propio beneficio, esta dura realidad de hoy reforzará mañana su imagen, el valor de su tarea y la fortaleza de la Ley ante los embates de la injusticia y de la ambición.
