La consejera de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, Astrid Pérez (PP), ha confirmado este miércoles por la mañana en Crónicas Radio que la querella que autorizó el Consejo de Administración del ente público contra el actual secretario general del Partido Socialista (PSC) en Lanzarote, Carlos Espino, “ya está finalizada y está en poder del abogado y del procurador” de los Centros Turísticos, “para proceder a la presentación de la misma”.
La consejera delegada presentó en su día un informe realizado por un abogado en el que se ponían de relieve presuntas irregularidades cometidas por el anterior consejero delegado durante su mandato en los Centros, desde mayo de 2007 hasta el mes de octubre de 2009. El Consejo autorizó la interposición en los tribunales de una querella penal contra Espino por presunta malversación de fondos públicos. En el informe se detallaban presuntas irregularidades en contratos realizados por el anterior consejero. El Consejo, además, facultó a un abogado para que redactara dicha querella.
En dicha sesión del Consejo de Administración, con representación de todas las fuerzas política, el Comité de Empresa se abstuvo y la Fundación César volvió a ausentarse de un órgano al que renunció hace más de un año y que cree más que politizado.
Los miembros del Consejo de Administración aseguraron haber hallado “indicios severos” que apuntan a que Espino habría cometido presuntamente varios delitos: “supuesta malversación de fondos públicos y administración desleal, además de presunta prevaricación administrativa”, ya que el anterior consejero delegado firmó diversos contratos sin tener competencias para ello, vulnerando así las fórmulas de contratación estipuladas en el Consejo de Administración del Ente Público Empresarial Local (EPEL) de los Centros Turísticos.
“Contratos lesivos contra el interés de Lanzarote”
Este diario ha podido saber que dentro de la documentación aportada por Pérez a los miembros del Consejo –entre los que se encontraba el propio Espino, que sustituyó en esta sesión urgente de los CACT´s a la habitual representante socialista, Isabel Martín- figuran pruebas que apuntan a la existencia de “algunos contratos lesivos para el interés de la Isla”. Una vez que el juzgado correspondiente abra la investigación y delibere, en el caso de que se demuestre que dichos contratos deben declararse nulos, incluso podrían pedirse responsabilidades económicas a las propias empresas beneficiadas con tales contratos, si bien también es posible que el juez dictamine que existió responsabilidad subsidiaria por parte de Carlos Espino, con lo que el anterior consejero delegado podría incluso tener que hacer frente a dichos obligaciones a través de lo que se denomina responsabilidad patrimonial.
El Consejo de Administración de los Centros Turísticos también considera que existen “adjudicaciones extrañas” en las últimas gestiones de Espino al frente del ente público, es decir, entre las decisiones que adoptó cuando ya sabía que se fraguaba una moción de censura entre CC, PIL, PP y PNL para sacar a la ex presidenta del Cabildo Manuela Armas y al grupo Socialista del Gobierno del Cabildo insular de Lanzarote.
