Por Ramón Pérez Hernández
Desde que presenté el recurso al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote (8 febrero 2002, Registro Nº 40) pidiéndole que no diera Licencia a la UTE para instalar una desaladora en Janubio, según contrato firmado con INALSA, hasta ahora, la pedigüeña UTE no ha hecho sino alucinar indemnizaciones a esta reseca Isla sin manantiales y de nula pluviosidad. Mientras Enrique se ‘limpiaba' durante más de dos años con el papel de mi recurso, lo que todos sabemos, por suerte, cambió el mando en Inalsa y en el Consejo de Aguas; se creó el bienvenido “Gabinete de Crisis “ cogiendo Mario Pérez por el mango el sartén de Inalsa y el Consejo Insular de Aguas, iniciando de inmediato la defensa de los intereses generales de Lanzarote: resolvió mi recurso en el mes de abril de 2004 (el pliego de papel con el que Enrique se limpiaba ‘lo que todos sabemos'), y denegó a la UTE la Licencia para montar la desaladora de Janubio (contratada falazmente por Plácida a la zorrúa para mimar al todopoderoso Dimas y al flemático Enrique).
No tardó la UTE en recurrir en Procedimiento Contencioso la Resolución del Consejo Insular de Aguas, reclamando indemnizaciones a mansalva (faltaría más, la UTE, tan pobre ella...). El Juzgado le dijo no a la UTE, por ser contraria a derecho la pretensión de empotrar una desaladora en Janubio. No se conformó la UTE y recurrió en alzada ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, repitiendo su petición de licencia o en su caso ser indemnizado ampliamente por INALSA. El ‘TSJC' acaba de confirmar la Sentencia recurrida, negando la Licencia e indemnización a la UTE pedigüeña y la condenó al pago de las costas procesales. La Sentencia es firme.
El 10 de diciembre de 2008 se celebrará en la Audiencia Provincial la vista del Juicio por el Recurso interpuesto por el “Gabinete de Crisis” presidido por Mario Pérez, contra el Laudo presentado a ejecución por la pedigüeña UTE en el Juzgado 13 de Las Palmas. En mi criterio, supongo que el Recurso está ganado, y la Audiencia Provincial anulará el espectral laudo contra Lanzarote porque como determinó el Consejo Consultivo de Canarias (a petición de Inés Rojas cuando presidía el Cabildo) el contrato firmado por Placida con la UTE para montar la Desaladora de Janubio es nulo de pleno derecho, al no ser publicitada la licitación del Concurso en los Boletines oficiales de la UE y por tratarse de un presunto ‘acto contra el orden público'.
Espero que la dormida o leal oposición en el Cabildo Insular aclare de una vez, en beneficio del interés insular, el asunto que Placida (con la aprobación de Manuela) tramó en el Plan de Viabilidad y Modernización de INALSA (página 4) consignando una partida presupuestaria de 2,5 millones de euros, casi tres millones con intereses, sin contraprestación legal alguna (y por tanto, articulando una presunta defraudación de caudales públicos, prevista y penada en el vigente Código Penal, de la que pudieran ser responsables los componentes de los Consejos de Administración de INALSA y del CONSORCIO), con la intención de ‘llegar a un acuerdo INALSA con la UTE' para ¡retirar los pleitos existentes entre ambos!, es decir, la inejecución del Laudo por la UTE y cancelar el recurso de nulidad del Laudo por INALSA, plan preconcebido y redactado al parecer por el bien pagado consultivo de INALSA, contrato que aún no se ha atrevido a firmar Plácida.
Para bien de todos, espero que el ‘Equipo' jurídico de INALSA cumpla con la obligación legal al comparecer en el acto de la vista, teniendo presente que la defensa pasa efectivamente por insistir tenazmente en los principios legales que se tuvieron en cuenta para la presentación del Recurso, pues en otro caso, si el Tribunal observara mala fe procesal, aparte las multas que pudieran recaerles (hasta un tercio del principal del pleito, es decir, unos 3,3 millones de euros) el Tribunal debe dar cuenta a los Colegios Profesionales para que adopten las medidas disciplinarias procedentes...
