Los grupos de la oposición en el Cabildo insular de Lanzarote (CC, PP y PNL-NC) se negaron este martes a firmar la convocatoria que les ha remitido la presidenta, Manuela Armas, para la celebración, este viernes, de dos plenos, uno ordinario, y otro extraordinario.
Los portavoces de los tres grupos políticos, Pedro San Ginés (CC), Francisco Cabrera (PP) y Juan Carlos Becerra (PNL-NC) explicaron que su negativa se debe a que se sienten “engañados por la presidenta”. Según manifiestan, en una junta de portavoces de la semana pasada Armas les propuso que en lugar de celebrar el pleno ordinario el tercer jueves del mes -como dicta la normativa de la Corporación- éste se celebraría el jueves día 30 de octubre, y que el extraordinario, que versará sobre los Presupuestos Generales del Estado, quedara previsto para este viernes, 24 de octubre.
Sin embargo, y a pesar de encontrarse ausente, la máxima dirigente parece haber dado órdenes para que ambas sesiones se celebren este viernes 24 de octubre, tanto el pleno ordinario, previsto para las 09:30 horas, como el extraordinario, a celebrarse a partir de las 13:30 horas.
“Ha puesto el pleno extraordinario el último día en que podía celebrarse en plazo, y a la hora en que menos gente y prensa habrá, precisamente para hurtar el debate y esconder el robo y el engaño del Gobierno del Partido Socialista en sus inversiones a Canarias, y a Lanzarote en especial”, aseguró San Ginés. “Ese no fue el compromiso. Me siento engañado por la presidenta, que no para de darnos más y mejores ejemplos sobre transparencia”, comentó Becerra. “Nos negamos a firmarlo en señal de desacuerdo. Ya veremos si también podemos impugnar la convocatoria”, precisó Cabrera.
De hecho, el grupo de gobierno del Cabildo (PSC-PIL) convocó este mismo martes, de forma urgente y extraordinaria, dos comisiones informativas “para poder llevar algunos asuntos de interés al pleno ordinario del viernes, y que así de paso no tengamos tiempo de preparar moción alguna sobre esos temas para discutirlos en Pleno”, subrayaron.
El caso Yudaya
Por otra parte, CC, PP y PNL sospechan que el grupo de gobierno actuó “con total parcialidad” al negociar con Yudaya S.L., a pesar de la existencia de un informe negativo de la Oficina del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que data del año 2007, y en el que se informa desfavorablemente sobre la solicitud de prórroga de una licencia otorgada a la empresa promotora.
Por ello, mientras varios juristas están analizando exhaustivamente el expediente completo, meditan si llevar a pleno algún tipo de iniciativa para interrogar al que fuera consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo, Carlos Espino, en el año 2006, cuando mediante resolución firmada por la entonces presidenta, Inés Rojas, se aprobó en pleno el acuerdo con Yudaya.
Francisco Cabrera tiene incluso dudas de si dicho informe que se aprobó por resolución es anterior a uno nuevo que existe, y en el que los técnicos sí habrían dado luz verde a los dirigentes del Cabildo para conceder esas ‘compensaciones' a ciertos empresarios.
“De ser cierta esta tesis, sería muy conveniente que el señor Espino, que se declara autor intelectual del último convenio con estos empresarios, que no ofreció a otros, y que en lugar de castigar al infractor premió su incumplimiento urbanístico, aclarara este acuerdo con Yudaya”, apuntan desde las filas socialistas.
Además, desde el PNL-NC se ha vuelta a acusar al grupo de gobierno del Cabildo de “falta de transparencia”. “Es la segunda vez que exigimos documentación y siguen negándonosla. Se lo vamos a exigir a través de un contencioso administrativo. No nos gustaría, y nunca hemos llegado a este extremo para exigir los derechos que nos asisten, pero la presidenta no puede asegurarle a los vecinos que va a traer la democracia a Lanzarote, donde parece que todavía no había llegado, y luego pecar precisamente de eso, de falta de transparencia”, apostilló.
