Aunque ha pasado relativamente desapercibido, lo más destacado del pleno celebrado este miércoles en el Cabildo tiene que ver con un asunto que ni siquiera figuraba en el orden del día, la pretensión de los dos partidos que conforman el grupo de gobierno (PSOE y PIL) de que se aprobara una declaración institucional en la que se planteaba exigir al Gobierno de Canarias que toda la potencia generada por el futuro parque eólico se asignara al Cabildo de Lanzarote, se primara al Cabildo y a Inalsa por encima del resto de las empresas aspirantes a la adjudicación. La iniciativa le pareció una “barbaridad” a los tres partidos de la oposición (CC, PP y PNL), que advirtieron a la presidenta, Manuela Armas, de que podían cometer un evidente caso de prevaricación. Ahí saltó la chispa que encendió la hoguera, coincidiendo con el momento en el que pidió la palabra el portavoz socialista, Carlos Espino, quien dijo, según se ha recogido posteriormente en el acta, que “al Gobierno de Canarias no hay que instarle a que cometa prevaricaciones porque ya delinque todos los días”.
Después del tremendo lío que se ha organizado como consecuencia de la retirada de Inalsa del concurso de adjudicación del nuevo parque eólico de la Isla en teoría por haber cometido un error en la documentación que todavía está por clarificar, los representantes del grupo de gobierno quisieron dar un golpe de efecto en la sesión celebrada este miércoles, y lo hicieron planteando en el último momento y como asunto de urgencia la posibilidad de sacar adelante una declaración institucional instando al Gobierno autonómico que prime al Cabildo en la asignación de toda la potencia que se produzca con los nuevos aerogeneradores que se colocarán una vez que termine el proceso todavía abierto. Inmediatamente después de que Manuela Armas interviniera para plantear esta sorprendente cuestión pidió la palabra el portavoz del PNL, Juan Carlos Becerra, quien dejó claro que no se podía aprobar semejante iniciativa porque le parecía una “auténtica barbaridad”, ya que lo que se iba a hacer ni más ni menos con eso era pedirle al Ejecutivo que preside Paulino Rivero que cometa una prevaricación, cambiando las reglas sobre la marcha de un concurso público que ya está adjudicado y que en cualquier caso sólo podrá estar pendiente de recurso, nunca de modificación. Según explicó a este diario el propio Becerra después del pleno, “me pareció increíble que plantearan de forma tan irresponsable una cuestión así, proponernos a todos los grupos que participemos colectivamente en algo que puede ser incluso delictivo”.
El portavoz del PNL considera que los otros dos grupos de la oposición le dieron en seguida la razón porque entendieron, como habían entendido en su grupo, que la declaración institucional de la presidenta era un auténtico “disparate”. Atendiendo a su relato, Manuela Armas “perdió los papeles” en el momento en el que le dijeron que el Cabildo no puede aprobar una “ilegalidad”, razón por la que advirtió de que de no aprobar la declaración institucional tanto el PSOE como el PIL sacarían adelante la iniciativa en forma de moción. Becerra considera que es el momento en el que “perdieron el tino definitivamente”.
Justo en ese instante, en el fragor de la batalla, el portavoz socialista solicitó intervenir, para decir, según asegura la oposición que hicieron constar en acta, que “al Gobierno de Canarias no hay que instarle a cometer prevaricaciones porque ya delinque todos los días”.
La gravedad de las palabras del secretario general de los socialistas lanzaroteños llevaron inmediatamente a la oposición a solicitar al secretario que constara en acta la frase textual de Espino. Así, según confirmaron posteriormente a este diario los tres partidos de la oposición, van a poder advertir a los responsables del Gobierno autonómico para que lleven el asunto a sus servicios jurídicos, ya que consideran que Carlos Espino podría haber cometido un delito de injurias y calumnias.
