La noticia que anticipaba Crónicas este miércoles sobre el expediente disciplinario incoado a Manuel Fajardo Palarea por el Colegio de Abogados de Lanzarote, como consecuencia de una denuncia interpuesta por Gonzalo Murillo referida a la supuesta incompatibilidad del vicepresidente primero del Cabildo entre su desempeño como administrador público y el ejercicio del derecho en el ámbito privado, ha causado diversas reacciones sobre todo de los consejeros cabildicios tanto del grupo de gobierno como de la oposición.
A Francisco Cabrera, portavoz del Partido Popular en la primera Corporación insular, la apertura del expediente le tomó por sorpresa, ya que hasta hora sólo era pública la denuncia interpuesta por Gonzalo Murillo, uno de los propietarios del Plan Parcial La Bufona. Cabrera, que cree que Fajardo debe arreglar esta situación en el plano personal, lamentó que los socialistas no mantengan la misma “coherencia” que exigieron desde las filas de la oposición cuando cuestionaron el trabajo de las consejeras Astrid Pérez (PP) y Ángeles García (CC), ambas abogadas, por el tiempo que dedicaban al Cabildo y a su profesión fuera de la Administración pública. Cabrera recordó que las dos, durante su presidencia, tuvieron que reducir su jornada de trabajo en el Cabildo y con ello renunciar a una parte de las cuantías económicas que percibían. “En todo caso no me alegro, pero creo que los derroteros de la política de Lanzarote no deben ir por esta vía”, comentó Cabrera en Lanzarote Radio. El grupo popular en el Cabildo espera que se cumplan las normas y prefiere no entrar anticipar si efectivamente Fajardo ha pecado por incompatibilidad. “A partir de ahora todo mundo sabe que tiene que entrar por el aro”, apostilló el militante popular.
Por su parte, la portavoz del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), María José Docal, señaló que este tipo de circunstancias es lamentable sobre todo cuando se exige a los demás, desde la oposición, el cumplimiento a rajatabla de las reglas de juego. Docal respeta el contenido de la denuncia de Murillo y la defensa de Fajardo, pero entiende que “es muy difícil compatibilizar el trabajo de un despacho de abogados con el desempeño en una institución pública. Es bastante complicado”. Ante la abstención del decano del Colegio de Abogados de Lanzarote de votar sobre el expediente de Manuel Fajardo y de su decisión de no pronunciarse sobre el asunto, Docal indicó que “en Lanzarote estamos pasando por una época en la que ya nadie se quiere mojar. Todos tiran la piedra y esconden la mano”, apuntó con ironía la consejera nacionalista. El decano Francisco Torres Stinga se abstuvo por ser parte implicada en el proceso al ser también el abogado del fiscal jefe, Miguel Pallarés, quien interpuso una demanda hace tres años contra Gonzalo Murillo por unas declaraciones de éste en las que acusaba a Pallarés de tener una vivienda ilegal, “construida en suelo protegido”, y de poseer una vivienda que, según Murillo, no paga los impuestos al Ayuntamiento de Arrecife.
Pedro Hernández, portavoz de Alternativa Ciudadana, sostuvo que lo primero que tiene que hacer cualquier consejero cabildicio, tal y como lo hizo él en junio de 2003, es una declaración de incompatibilidades y otra de su patrimonio. Hernández piensa que en Lanzarote hay muchas anormalidades que hacen parte de la normalidad política. En este sentido, propone un cambio radical para pasar de la política partidista a la de gestión al servicio ciudadano. Hernández espera que el PSOE sea consecuente con lo que pregona.
Rojas y Pérez esperan una pronta solución
La presidenta del Cabildo, Inés Rojas, dijo estar sorprendida pero confiada en que finalmente no pase nada. Rojas destacó que profesionales del derecho, como Fajardo Palarea, saben perfectamente cuáles son los límites de su campo de acción, así que se mostró optimista sobre la pronta resolución del caso. “Se supone que un profesional del derecho sabe lo que puede y lo que no puede hacer”, apuntó Rojas, quien está en total desacuerdo en cualquier intento de hacer juicios paralelos. “Ya es hora de que el Cabildo sea noticia por otras cosas”, concluyó.
Rojas además declaró que el caso Fajardo y también la situación derivada en el pasado por la supuesta incompatibilidad de Astrid Pérez, Ángeles García y Pedro Hernández generan incertidumbre. Lo que sí tiene claro Rojas es que Manuel Fajardo prometió desde su incorporación al equipo de gobierno que dejaría temporalmente su trabajo como letrado. “Eso fue lo que siempre nos comunicó y esperaremos que él decida su futuro”.
Mario Pérez (CC), vicepresidente segundo del Cabildo y compañero de grupo de gobierno de Fajardo, abogó por una resolución pronta “por el buen nombre de Manuel Fajardo y del Cabildo”. Según Pérez, en el seno del grupo de gobierno no ha sido tratado el tema, pero espera que la accidentada legislatura no vea en este nuevo episodio una razón de incertidumbre. Aunque el expediente ha sido abierto por el Colegio de Abogados de Lanzarote, Pérez admitió que es inevitable su valoración dentro de la Primera Corporación insular.
De Armas piensa que es saludable la investigación
El secretario del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), Pedro de Armas, le perece absolutamente normal que ante una denuncia como la presentada por Murillo el Colegio de Abogados abra el respectivo expediente disciplinario para comprobar si Fajardo o cualquier persona vinculada a ese colectivo ha incumplido o no las normas. “La mejor orden es el ejemplo”, dijo De Armas aludiendo al pollo que montó el Partido Socialista cuando acusó de incompatibilidad a tres consejeros del Cabildo. “Ahora resulta que presuntamente don Manuel Fajardo no tiene un despacho de abogados en La Plazuela y hay otras muchas presunciones, pero el tiempo pone cada cosa en su sitio”, ironizó.
