El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido una reunión con representantes de Cáritas Diocesana de Tenerife para conocer, tal y como hizo la semana pasada en Gran Canaria, la labor que realiza esta ONG en la provincia. Durante su encuentro, Clavijo dio a conocer la propuesta del Ejecutivo de empezar a trabajar en una nueva Ley de Servicios Sociales que "dé respuesta real a los problemas" y que "debe reducir la carga burocrática" que recae actualmente sobre el ciudadano y sobre las entidades y colectivos de ayuda.
En el encuentro, precisa este jueves en nota de prensa el Gobierno canario, estuvo presente la secretaria general de Cáritas Diocesana de Tenerife, Rosa María Martín; el delegado de la entidad, Aurelio Feliciano, y la coordinadora de Acción Social, Úrsula Peñate, quienes le solicitaron a Clavijo su intervención para la negociación con el Gobierno central del reparto de la recaudación solidaria del IRPF, así como la necesidad de que desde el Gobierno canario se trabaje en favor del acceso a la sanidad igualitaria y el fomento de iniciativas de economía solidaria.
Por su parte, el presidente les dio a conocer la voluntad del Ejecutivo de contar con la colaboración de los agentes sociales en la redacción de esa nueva Ley de Servicios Sociales para lograr "respuestas eficaces a problemas reales" y recordó que una de las prioridades de esa nueva normativa será la incorporación de una nueva cartera de servicios que clarifique el marco competencial y permita al usuario conocer fácilmente los recursos con los que puede contar.
Asimismo, el presidente que recalcó el trabajo "inestimable" que realiza Cáritas Diocesana de Tenerife y la red de más de 900 voluntarios con los que cuenta en la provincia y apuntó que la carga burocrática "debe reducirse de forma considerable", puesto que "en ocasiones se le da más importancia a los papeles que a las personas, y a eso le debemos poner remedio". Finalmente, el presidente señaló que el plazo inicialmente planteado para contar con un borrador de nuevo texto normativo se había fijado a finales de este año, "pero entendemos que debemos primar la participación y aportaciones de los colectivos al texto, tal y como ellos nos han solicitado, antes que el plazo de terminación".
