viernes. 29.03.2024

Por Cándido Marquesán Millán

Todo lo que está ocurriendo en la Bolivia de Evo Morales es muy interesante. Llegó al poder en el 2006 con el 53,7 % del electorado y, desde entonces, el país andino vive una ilusionante transición política. Pretende refundar Bolivia con criterios de soberanía nacional, desarrollo solidario y justicia social. Su Nueva Bolivia se fundamenta en varios ejes: una nueva Constitución, que entró en vigor en febrero pasado; el control de los recursos naturales bolivianos en manos de empresas extranjeras, una reforma agraria, acabar con el secesionismo y el monopolio del poder político de la oligarquía conservadora que siempre ha dominado el país, así como una política exterior opuesta al imperialismo de los EE.UU. Hasta estos momentos estos objetivos parece que se van cumpliendo.

Acaba de producirse un nuevo triunfo electoral de Evo en la más estricta legalidad democrática. La misión de observadores enviada a Bolivia por la Organización de los Estados Americanos (OEA) acaba de señalar el “alto índice de legitimidad democrática” de las elecciones generales del país, que valoró como “muy positivas”. En la misma línea habla la misión de observadores enviada por la Unión Europea (UE) que valoró positivamente el desarrollo de la jornada de votación, donde han detectado incidentes administrativos “menores” en un 15 por ciento de las mesas visitadas. En declaraciones a los medios, el jefe adjunto de la misión de la UE, el español José Antonio de Gabriel, concretó que la valoración general es “positiva”.

Los resultados para el político indígena no pudieron ser más favorables: una cómoda reelección con un 62% de los sufragios y la mayoría en ambas cámaras de su partido político, Movimiento al Socialismo (MAS). Por otra parte, la oposición regional a Morales quedó debilitada: el Presidente ganó en seis de las nueve provincias, incluida Tarija, una de las "opositoras", y obtuvo dos de los cuatro senadores de Santa Cruz. La autonomía regional, uno de los pilares de la nueva Constitución, también recibió un impulso en las urnas al aprobarse los referendos en otras cinco provincias. Esta apabullante victoria cabe entenderla como un incuestionable mensaje de apoyo de las mayorías bolivianas a las reformas económicas y sociales prometidas por Morales. Evo disfruta del que sea quizá el triunfo electoral más holgado de un presidente suramericano en los últimos años. El pueblo ha dejado bien claro que apuesta por una nueva Bolivia y ha dicho “no” a aquellos que durante décadas sumieron al país en la pobreza. Como también ha aprobado la gestión realizada en esta primera etapa, caracterizada por el desarrollo de programas sociales y económicos a favor de los más pobres, ancianos, escolares, madres en estado de gestación y de los indígenas, olvidados durante décadas, así como por el rescate de los recursos naturales como los hidrocarburos, vendidos por los gobiernos anteriores a las transnacionales foráneas. Con el Bono Juancito Pinto, se beneficia a los escolares dándoles 200 bolivianos, para que compren útiles escolares y puedan invertirlo en su educación, y así combatir el absentismo escolar. El dinero sale de un mes de los hidrocarburos y que ayudará a los sectores sociales más pobres. Se han beneficiado todos los alumnos de Primaria.

Con el Plan Nacional de Alfabetización, se pretendía que “La educación convirtiera a esas mayorías excluidas en ciudadanos, con todos los derechos que esto implica”. En esta tarea han tenido una implicación muy fuerte las Brigadas universitarias de solidaridad y compromiso social. En la madrugada del día 20 de diciembre de 2008, Bolivia vivió una jornada histórica: el país fue declarado "territorio libre de analfabetismo" y se convirtió en la tercera nación latinoamericana que se proclamaba libre de analfabetos, después de Cuba –en 1961- y de Venezuela –en 2005-. Lo ratificó la Unesco: en un tiempo récord de tres años –los mismos que Morales llevaba en el poder- Bolivia pasó de sufrir un analfabetismo de entre el 15% y el 13% -según las distintas estadísticas- a contar con menos del 4% de analfabetos. Era el gran sueño de Evo Morales. "Quiero ser presidente para acabar con el analfabetismo en Bolivia", le dijo a un periodista, cuando aún era candidato al sillón presidencial. La madre de Evo fue analfabeta. Su padre, semianalfabeto, y varios de sus familiares no sabían leer ni escribir cuando llegó al poder. Evo dijo que se ha tenido que esperar “casi doscientos años de la vida republicana” para acabar con el analfabetismo, pues durante años hubo personas que no querían que el pueblo boliviano supiera leer y escribir. “Yo he leído libros, en los que se cuenta que a los primeros aymaras que aprendieron a leer les sacaron los ojos y a los que empezaron a escribir les cortaron la mano”. “Esto ha terminado”, sentenció Morales. Tras esta primera fase en el proceso de alfabetización, la tarea ha continuado para lograr que los nuevos letrados se puedan graduar a partir de febrero de 2009.

No menos importante es la Renta Dignidad, un beneficio universal y vitalicio que entró en vigor en enero de 2008 y que ha supuesto el pago de 2.400 bolivianos anuales a todos los mayores de 60 años que no reciban una renta mensual y 1.800 bolivianos a aquellos que sí tengan un ingreso. Beneficia a 676.000 mayores de 60 años. Demanda un gasto de 215 millones de dólares anuales. El Presidente quiso que la ganancia de los hidrocarburos rescatados de las petroleras y nacionalizados por el Congreso, en el ingreso impositivo que se denomina IDH, se constituyera en la fuente principal de financiamiento.

En mayo pasado se instauró el bono Juana Azurduy de Padilla, con la finalidad de bajar los niveles de mortalidad en Bolivia y que cubrirá al 74% de las familias que no tienen acceso a la seguridad social a corto plazo. El objetivo central de esta medida es resolver las complicaciones derivadas del embarazo y el parto en Bolivia, evitar la mortalidad infantil, mortalidad materna y desnutrición. Las mujeres gestantes recibirán 50 bolivianos por cada control prenatal de los previstos y 120 bolivianos si reciben asistencia de los centros de salud del Estado en el parto. Las mujeres percibirán también un pago de 125 bolivianos por cada control bimestral al que presenten a sus bebés hasta los 2 años de edad.

Todas estas medidas realizadas son muy claras de las preocupaciones sociales del Gobierno de Evo. Ahora con la Constitución, -que establece como servicios básicos el agua potable, alcantarillado, la electricidad, el gas domiciliario, el servicio postal y los servicios de telecomunicaciones, estableciendo como una responsabilidad del Estado la provisión de estos servicios, y el acceso al agua y el alcantarillado en derechos humanos- las tareas que le quedan por realizar son muchas y complejas. Evo tiene un paquete de 100 leyes para reglamentar la recién aprobada Constitución, de espíritu socialista. Se habla de medidas autonómicas que les den más poder a los grupos indígenas y socaven la autoridad de los gobernadores provinciales. También tendrá todo el juego para decidir el diseño del poder judicial y una reforma de la ley electoral. El sector educativo experimentará reformas para fomentar la lengua nativa y se planteará, asimismo, la expropiación de tierras. Deberá combatir el alto porcentaje de pobreza, del 60%, todavía persistente en la población, y crear un tejido productivo para generar puestos de trabajo, y así librarse de la gran dependencia de los recursos energéticos, cuyos ingresos dependen de la siempre cambiante evolución de sus precios. Es de temer que la ambiciosa lista de promesas económicas y sociales sean difíciles de cumplir si las exportaciones y los precios internacionales del gas están cayendo. Es posible que muchas de sus iniciativas reactiven las protestas en las regiones opositoras y que terminen por alejar la inversión extranjera. Enemigos de dentro y de fuera no le van a faltar. Lo que sí es cierto el que la mayoría de la sociedad boliviana espera ilusionada una verdadera transformación social.

La nueva Bolivia de Evo Morales
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