A pesar de estar regulado en el Reglamento Orgánico del propio Cabildo, y que en su momento fue aprobado por unanimidad y por todas las fuerzas políticas el derecho a la información que asiste a todos los consejeros para que puedan ejercer las funciones de control y fiscalización, desde la Presidencia del Cabildo insular de Lanzarote “se está restringiendo y
dificultando gravemente las mismas, y que democráticamente tenemos encomendadas los consejeros de la oposición". Es la denuncia que ha hecho pública este jueves el portavoz del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el Cabildo., Ramón Bermúdez.
Dentro del turno de ruegos y preguntas, en el pleno ordinario de abril, el PIL, ha sufrido una vez más lo que se está haciendo muy habitual en el señor San Ginés: “No contestar a lo que se le pregunta o dilatar la información necesaria y con ello obstaculizar nuestra labor”.
En la referida sesión plenaria, entre otras cuestiones el PIL preguntó de manera muy concreta sobre la deuda de la Empresa Pública Inalsa y el Ente Local Consorcio de Aguas, sobre el Centro de transformación de la cochinilla construido en la localidad de Mala y sobre la Dirección de Ordenación Territorial y el Planeamiento Insular en la presente legislatura. En repuesta a las mismas se limitó a decir “que se ha encargado un informe que ya nos lo hará llegar” o que “este grupo político gobernaba en el Cabildo en la legislatura pasada cuando se contrataron el PIOT, el Plan Hidrológico y el Plan de Residuos”. (Adjuntamos preguntas y respuesta literales
para su su información). "Nada tiene que ver lo interrogado con la información dada", sostiene el PIL.
Desde el Grupo PIL, "aún al día de la fecha, y desde hace varios meses, también seguimos esperando", entre otros, por la copia de los documentos que contienen la información económica que desde esta Institución se han enviado al Ministerio de Hacienda y correspondiente a los ejercicios económicos 2011 y 2012, y que nos son necesarios para constatar, desde la oposición, si se está fraccionando los pagos con fondos
públicos a determinadas personas / empresas para vulnerar la legislación de Contratos del Sector Público.
El PIL recuerda que los consejeros de la oposición "tenemos el derecho a ser informados, y que se responda a lo que se pregunta con rigor y seriedad. Como representantes de los ciudadanos, tenemos derecho a tener la información demandada en tiempo y forma, para poder desarrollar nuestra labor de fiscalización de la acción del Gobierno". Sostienen los insularistas que "esconder la información a la oposición, por mucha foto y notas de prensa al dictado que se saquen, no es la manera de solucionar los problemas de esta Isla, y que son muchos. La realidad siempre es una, y el buen gobernante, no ha de desvirtuarla con “campañitas mediáticas, fotos y pancartas”, sino que ha de dar respuesta a las demandas y pronta solución a los problemas de los ciudadanos.
Desde el Grupo PIL le transmiten al presidente del Cabildo "que estaremos siempre al lado del ciudadano antes que de personajes políticos prepotentes, mentirosos, de actitudes caciquiles y con vocación de caudillo", concluyen.
