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Sección > Reportajes

Joussef Anzaha lleva ahora cerca de un mes en huelga de hambre en protesta por su condena. Sólo está ingiriendo líquido, pesa 54 kilos y se encuentra bajo vigilancia médica en la prisión de Salto del Negro

“La justicia se equivoca. Yo no maté a Benjamín”

El procesado por la muerte de Benjamín Santana en Lanzarote, condenado a 21 años de cárcel, pidió en diciembre pasado pasar el polígrafo y su defensa propuso un vídeo que demuestra lo sencillo que resulta incriminar a alguien en un delito con su ADN
Ricardo Jordán · 14 de junio de 2011

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Yousef Anzaha, durante la vista oral de la causa.

¿Quién se responsabiliza de las a veces terribles consecuencias de los errores de los jueces? Con esta pregunta se inicia esta historia, el relato de unos horripilantes hechos sucedidos en Lanzarote y por los que un hombre ya cumple condena a pesar de seguir negando los hechos.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto a principios del mes de mayo una pena de 21 años de prisión para Yousef Anzaha como autor del asesinato, con las agravantes de alevosía y ensañamiento, del empresario de Playa Blanca Benjamín Santana, de 58 años e hijo del afamado precursor del turismo en Playa Blanca Salvador Santana, dueño del conocido restaurante Casa Salvador y de un supermercado.
Según los tribunales, este marroquí asesinó a puñaladas el 6 de octubre de 2009 al conocido vecino de Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza. La Audiencia impone además que el acusado pague en concepto de indemnización de daños y perjuicios a los perjudicados la cantidad de 60.000 euros y el pago de las costas procesales, incluidas las costas generadas por la acusación particular. Sin embargo, y tras un mes desde la sentencia, el condenado se resigna a reconocer unos hechos que, asegura, nunca ha cometido.
Joussef Anzaha lleva ahora cerca de un mes en huelga de hambre en protesta por su condena. Sólo está ingiriendo líquido, pesa actualmente unos 54 kilos y se encuentra bajo vigilancia médica en la prisión de Salto del Negro.

Prueba del polígrafo

La defensa no sólo proclama su inocencia, sino que pide que le permitan demostrarla sometiéndose al dictamen de un polígrafo, una prueba no admitida en España. De hecho, ya en su escrito de conclusiones provisionales, en diciembre de 2010, el abogado del presunto asesino del conocido empresario de Playa Blanca aseguraba que su cliente estaba “dispuesto a pasar por el polígrafo si las acusaciones no se oponían”, a pesar de reconocer que el resultado de la prueba no es vinculante, hoy por hoy, para los tribunales españoles.

Vídeo de youtube

Por otra parte, la defensa no solo propuso en su día la insólita prueba del polígrafo (sin duda efectista ante un jurado), sino que ha llegado a pedir incluso el visionado en la sala de un vídeo argentino colgado en Youtube, que intenta demostrar lo fácil que es incriminar a alguien dejando su ADN en el escenario de un crimen. Sin duda, todo un reto para la justicia de este siglo XXI.

Falta de pruebas

El fiscal considera probado que en la madrugada del 6 de octubre de 2009 Benjamín Santana acudió como era habitual al restaurante Brisa Marina de Playa Blanca para tomarse su primer café y allí estuvo hablando con Youseef, que trabajaba de vigilante del bar. La acusación particular afirmó durante la vista oral que tuvieron una discusión porque Youseef debía a Benjamín 300 euros, y expuso que el vigilante se fue del lugar. Una media hora después, Agustín era asesinado en su casa. Recibió 15 puñaladas, según los forenses.

En este punto es conveniente recordar los “vicios” y “silencios” de los que constó el juicio, unos supuestos fallos judiciales de los que da cuenta Serapio Manuel Rojas de Léon, empresario y estudioso investigador de este asunto. En sus distintos escritos, Rojas pone de relieve diversos errores supuestamente cometidos durante la instrucción de la causa. “Ya ha sido juzgado por ese crimen una persona a la que un Jurado declaró culpable. Sin embargo, el condenado no confiesa ser el autor de tan horrendo acto. No entiende por qué se le ha detenido. No comprende por qué se le llevó a juicio. No da crédito a que haya pasado en la cárcel un año y siete meses preguntándose cada día por qué estaba ahí. No asume, no va a asumir que le hayan condenado a 21 años por el asesinato, que según él, no ha cometido. Considera que se equivocan, que están equivocados, y jura que él no mató a Benjamín”. La impresión de Serapio Rojas es que resultó ser una instrucción mal dirigida a condenar a un inocente, por resultado nefasto de la investigación, una investigación empecinada en dejarnos a un presunto culpable y que acabó siendo condenado. Entre otros “fallos”, cita varios ejemplos. Entre ellos, que cuando Joussef llevaba ocho meses en la cárcel, el 7 de Junio de 2010, la Juez le recordó a la Guardia Civil que le aportara el listado de mensajes y de llamadas entrantes y salientes cuyo Mandamiento fue librado el 07 de Octubre de 2009. “La Guardia Civil aportó ese trabajo al Juzgado diciendo que fueron consideradas sin interés para la investigación. Lógico, el 15 de junio de 2010 por supuesto que no lo eran. De interés hubieran sido el segundo o tercer día después de emitida la orden judicial y por supuesto contando con la información correcta y adecuada ¿Ocho meses después qué otra cosa podían decir?”, sostiene Rojas. “En su momento podía ser bastante clarificador. Ocho meses después ya no es creíble su contenido. No es un trabajo que se pueda tener en cuenta. Ya se han producido hechos y acontecimientos que perjudican al acusado”, agrega.

Otro error en la instrucción es la no comparecencia de los vecinos que aseguraron ver a la víctima unas horas antes de su asesinato, apenas dos horas y media antes de que su sobrina hallara su cadáver. “De estos vecinos que vieron a la víctima dos horas y media antes del terrible suceso y que se lo dijeron a la Guardia Civil, sólo a uno lo hicieron constar en su Atestado Policial. (Folio 56 de la Inst)”, alega Rojas, para el que “encontrar sentido común en el Atestado Policial, en la Instrucción, y en las decisiones de los Tribunales con respecto a este caso, puede resultar una auténtica quimera”.

Cuando la Guardia Civil contacta con Joussef, éste era un ilegal. “No tiene documentación, pero no le retuvieron. ¿Por qué no le detuvieron, si era un ilegal en el país y hay que tramitar su expulsión?”, cuestiona Serapio Rojas. Esta anécdota es una de esas verdades que se pueden distorsionar y silenciar, pero nunca eliminar, y aunque a los Miembros de un Jurado se les pueda engañar, la Justicia tiene que acabar predominando por encima de todas las acciones que con mala fe se pretenden conseguir.

Justicia y errores judiciales

Por error judicial se entiende la emisión de una sentencia o resolución por parte de un juez o tribunal que es injusta de un modo evidente, o que no se ajusta a Derecho, equivocada porque no se han aplicado de forma apropiada los principios que informan el ordenamiento o porque se han establecido unos hechos que no se corresponden con la realidad; en sentido amplio, designa cualquier tipo de funcionamiento anormal de la administración de justicia que causa perjuicio a los particulares.

Los jueces tienen el enorme poder de decidir sobre la libertad de las personas, lo que acrecienta las exigencias de responsabilidad cuando no están a la altura de sus obligaciones. En este caso, siempre según el condenado y su defensa, se han producido manifiestos errores judiciales que deben ser revisados para evitar la impresión entre la opinión publica de que quienes tienen que impartir justicia son inflexibles.

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