DILIGENCIA_SOBRE_EJECUTORIA_DE_SENTENCIA.pdf
Los juzgados han remitido el pasado 30 de enero al alcalde de Haría, José Torres Stinga, un auto en el que se le reclama la ejecución voluntaria de la última sentencia dictada por el Juzgado Número 5 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas en contra de la licencia concedida en su día para la constricción de su vivienda en el pueblo de Arrieta. El regidor norteño dispone de un plazo legal para ejecutar dicha sentencia mediante el derribo de parte de esta casa al entender la justicia que se ha ocupado de forma irregular el dominio marítimo-terrestre. Así al menos lo ha desvelado este miércoles, en declaraciones al programa ‘A buena hora’ de Crónicas Radio, el portavoz de Alternativa Democrática de Haría (ADH), José Pérez Dorta.
“El pasado 30 de enero llegó una sentencia en la que se condena al alcalde de Haría, José Torres Stinga, entre otras personas, por la construcción en dominio marítimo terrestre de su vivienda o parte de ella, no toda. Son cuestiones que el alcalde debería aclarar en el Pleno porque afectan a la institución. Él debería haberse abstenido al ser la persona directamente implicada pues, si no, estaría prevaricando, pero ha sido el Ayuntamiento el que ha estado defendiendo la legalidad de esta construcción familiar. Ha sido el alcalde el que ha estado tomando decisiones e incluso se le ha pedido desde el Ayuntamiento informes al Consejo Consultivo”, ha explicado Pérez Dorta.
Cabe recordar que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas anulaba el pasado 9 de abril de 2011 en segunda instancia la licencia de la vivienda del alcalde, ubicada en la localidad de Arrieta. Los tribunales han hallado irregularidades en el estudio de detalle individual presentado por la familia del regidor norteño. Se da la circunstancia de que el estudio de detalle del ayuntamiento de Haría ya había sido suspendido cautelarmente con anterioridad por el Tribunal Supremo, porque había sido recurrido por la Dirección General de Costas.
En su día, el alcalde de Haría argumentaba ante los medios de comunicación que se trataba de “un error material” que iba a ser recurrido en breve, solicitando al Juzgado que admitiera su estudio de detalle individual porque tenía la misma aplicación que el del Ayuntamiento. La denuncia fue presentada en el año 2001 por el propietario de un restaurante de la zona costera de Arrieta, al que previamente el Consistorio había ordenado el precinto de su negocio.
A partir de ahora, una vez que hay sentencia firme que “decreta la ilegalidad de la licencia y que ésta no es legalizable, al ocupar una parte de la vivienda el dominio público marítimo-terrestre”, se obliga al alcalde a la demolición voluntaria o, en caso contrario, se pasará a la demolición y a la ejecución forzosa de la sentencia.
Demonización de Juan Ramírez
El concejal de ADH no se alegra del mal del alcalde, pero esgrime que supone una especie de baño de humildad para alguien que tanto ha criticado a su antecesor en el cargo por irregularidades urbanísticas.
“Yo no me alegro en absoluto de que esto ocurra, pero sí es cierto que cuando alguien se ha dedicado por activa y por pasiva a demonizar a su predecesor [Juan Ramírez] diciendo que era un corrupto, el que ahora una sentencia le condene con firmeza por beneficiarse de esas actitudes que criticaba, me parece que es bastante significativo y motivo de un titular. Tras abanderar durante años la imagen de defensor contra la especulación y no dejar opinar en el Plan General a nadie porque supuestamente todos se querían beneficiar, ahora resulta que ellos también se beneficiaron de esas formas no regulares en la gestión pública”, ha señalado el concejal de la oposición.
Aparte de estas irregularidades urbanísticas, desde la oposición se reclama transparencia e información en cuanto a los procesos jurídicos supuestamente iniciados por el Ayuntamiento de Haría contra el Cabildo de Lanzarote a cuenta de la titularidad de la Cueva de los Verdes, un pleito iniciado por Torres Stinga ante el impago de la deuda del canon municipal que los Centros Turísticos mantienen con el consistorio. Además, Pérez Dorta reclama la celebración de un pleno ordinario que, pendiente desde el pasado mes de noviembre, todavía está por celebrar.
