El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife ha formalizado un procedimiento penal contra 17 personas físicas y una jurídica en relación al llamado caso Stratvs, por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra la administración pública, falsedad documental, hurto y otros.
La jueza Silvia Muñoz, titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, ha confirmado de la conclusión de la instrucción del caso que afecta a la bodega Stratvs, propiedad del empresario Juan Francisco Rosa. La jueza, según informa este lunes a Crónicas el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado de prensa, ha dictado un auto en el que pasa la causa de diligencias previas a procedimiento abreviado.
En dicho auto Muñoz otorga un plazo de 20 días a la Fiscalía, a la acusación particular representada por la familia Negrín y a la acusación popular representada por Transparencia Urbanística para que presenten sus escritos de calificación.
La jueza considera en el auto que Juan Francisco Rosa, promotor de la bodega, debe seguir imputado por delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, delito contra el patrimonio histórico y el medio ambiente, delito contra la Administración pública, delito contra el patrimonio y orden socioeconómico en su modalidad de usurpación y hurto, estafa y falsedad documental y como responsable civil directo.
Procesados en el caso Stratus
Entre los procesados, según el auto que ha facilitado este lunes el TSJC, figuran varios alcaldes y ex alcaldes de municipios lanzaroteños, concejales, empresarios y funcionarios públicos.
La lista de procesados, con los delitos que se les imputan, es la siguiente:
- Juan Francisco Rosa Marrero, empresario, por delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, delito contra el patrimonio histórico y el medio ambiente, delito contra la Administración pública, delito contra el patrimonio y orden socioeconomico en su modalidad de usurpación y hurto, estafa y falsedad documental y como responsable civil directo.
- BTL Lanzarote, S.L, por delito contra la ordenación del territorio, además de cómo responsable civil subsidiario.
- Miguel Angel Armas Matallana, arquitecto, por delito de falsedad documental, así como por delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente y contra el patrimonio histórico y usurpación.
- Armando Villavicencio Delgado, funcionario de Gesplan, Juan Cesar Muñoz Sosa, exdirector general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Faustino García Marquez, alto funcionario de la Consejería de Política Territorial y Pablo Carrasco Cabrera, técnico del Ayuntamiento de Yaiza, por delito de prevaricación urbanísitica.
- Jose Francisco Reyes Rodriguez, exalcalde de Yaiza, por delito de prevaricación urbanísitica y delito de prevaricación.
Andres Morales González, técnico del Ayuntamiento de Yaiza, por delito de prevaricación urbanística y delito de prevaricación.
- Gladys Acuña Machín, actual alcaldesa de Yaiza, por delito de prevaricación urbanística y delito de prevaricación medio-ambiental.
- Manuel Jesús Spinola Pérdomo, jefe de Actividades Clasificadas del Cabildo de Lanzarote, Leonardo Rodriguez García, concejal de Urbanismo de Yaiza, Juan Lorenzo Tavio Santana, concejal de Yaiza, y Evaristo Garcia Perez, concejal de Yaiza, por delito de prevaricación urbanística.
- Vicente Jesús Bartolomé Fuentes, secretario municipal de Yaiza, por delito de prevaricación urbanísitica.
- Blas Noda Gonzalez, funcionario del catastro de Yaiza, por delito de falsedad documental en documento publico.
Jose Juan Hernandez Duchemín, gerente del Consejo Insular de Aguas, por delito de prevaricación medioambiental.
- Jose Antonio Rodriguez Martín, concejal de Yaiza, por delito de prevaricación urbanística, y prevaricación medioambiental.
