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La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, María Lucía Barrancos, que sustituye a César Romero Pamparacuatro en el denominado caso 'Unión', ha emitido un auto con el que ordena que prosiga el procedimiento ante el Jurado de las actuaciones relacionadas con la denuncia por supuestos intentos de soborno por parte de los empresarios Luis LLeó y Fernando Becerra al ex consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ) explica en el comunicado remitido este lunes a Crónicas que la titular del Juzgado Número 5 de Arrecife rechaza así el sobreseimiento y archivo de las imputaciones contra Becerra y Lleó, a pesar de los argumentos alegados por su defensa y a pesar de las últimas declaraciones prestadas por ambos empresarios en el mes de marzo.
La jueza Barrancos trata así de avanzar en la instrucción del ‘caso Unión’, en el que le tomó el relevo a César Romero Pamparacuatro a finales del año 2011. De hecho, la magistrada daba a finales de marzo de este año un nuevo paso, al tomarle declaración como testigo al dirigente socialista Carlos Espino.
Cohecho
La jueza afirma que ve indicios de tres supuestos delitos de cohecho por parte de Luis LLeó y Fernando Becerra. Cabe recordar que el que era titular del Juzgado número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ordenaba en junio de 2009 el ingreso en prisión del empresario Fernando Becerra Robayna, con imputación de cohecho, tras tomarle declaración a lo largo del día.
Se convertía así el exvocal de la Cámara de Comercio de Lanzarote en el séptimo detenido del caso, tras los ingresos previos de Dimas Martín, principal sospechoso de la trama; Ubaldo Becerra, hermano del citado y entontes primer teniente de alcalde de Arrecife; José Miguel Rodríguez, edil en 2009 de Hacienda; Segundo Rodríguez, ex consejero del Cabildo y actualmente dedicado al mundo empresarial; y Matías Curbelo, asesor en ese tiempo del Cabildo. A ellos se sumó en la madrugada del 1 de junio de 2009 el abogado y empresario Luis Lleó, como responsable de la derivación en Yaiza de la presunta red de corrupción que se investiga desde la primavera de 2008.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investigó durante un año a varios cargos públicos, funcionarios y empresarios de la isla de Lanzarote. La denuncia inicial, del que fuera consejero del PSC-PSOE en el Cabildo insular Carlos Espino se producía el 4 de junio de 2008 y el atestado final de la Guardia Civil, el 22 de mayo de 2009. Tres días antes se produjeron las primeras detenciones. En total, hay 32 personas acusadas, entre políticos, empresarios y trabajadores públicos, de 79 delitos por la operación Unión sobre el pago de comisiones irregulares.
El supuesto soborno a Espino
En el relato de los hechos, una vez abierto parcialmente el secreto del sumario, la primera denuncia partía de un intento de soborno del empresario Fernando Becerra al consejero socialista Carlos Espino para desbloquear el futuro de unos terrenos en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, en la parcela conocida como Costa Roja. Tras una primera conversación, el dirigente del PSC puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y se grabaron las siguientes.
Además de esas grabaciones, se realizaron seguimientos y comenzaron a solicitarse pinchazos telefónicos, en primer lugar de Fernando Becerra y Luis Lleó, y después de otros empresarios y cargos públicos. Las tramas se ampliaron y se fueron incluso cruzando. Posteriormente el caso se amplió con la denuncia de José Antonio Castellano, a quien le exigían el pago de comisiones en Arrecife para cobrar una deuda como proveedor del Ayuntamiento.
En total, la Guardia Civil estima que hay dos grandes tramas, que también se cruzan, y 21 subtramas. De éstas, algunas de ellas ya son piezas separadas y otras se siguen investigando, además de que han surgido nuevos indicios de otras tramas, tanto por la documentación incautada como por las declaraciones de los imputados.
