La expulsión del país del activista uruguayo José Morales ha llegado este martes al Congreso de los Diputados, que celebró por la mañana pleno extraordinario. El portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha cuestonado al Gobierno central en esta sesión plenaria por los motivos para expulsar al activista uruguayo tras los incidentes del 22 de julio en la manifestación prosaharaui celebrada en la capital de Lanzarote.
Así se desprende de la pregunta registrada este 16 de agosto por Llamazares ante la Cámara Baja y de la que ha informado el portavoz de Izquierda Unida en Lanzarote, Andrés Ginés González.
En su escrito, el portavoz y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, cuestiona los motivos por los que la Delegación del Gobierno en Canarias, a través de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, le abrió un expediente sancionador a Morales acusándolo de altercado del orden público y de agresión a un agente de la Autoridad "sin que exista una sentencia penal firme".
IU no entiende que, basándose en argumentos "endebles", se dicte la expulsión del país de un ciudadano que lleva más de diez años residiendo en la isla de Lanzarote y que es padre de una niña de 5 años con nacionalidad española. Pregunta, además, por qué en el expediente abierto a José Morales se le califica como una persona que supone un "peligro para la seguridad nacional y las relaciones con otro Estado. ¿Se refiere a Marruecos?, pregunta Llamazares.
El escrito registrado por el portavoz de Izquierda Unida se hace eco además de los numerosos testimonios de testigos y las imágenes que, a su juicio, muestran cómo Morales fue "increpado por una persona que sacó su pistola, que dijo ser policía y que le intentó requisar su cámara fotográfica en una manifestación prosaharaui celebrada en Arrecife el día 22 de julio".
Llamazares cuestiona con su iniciativa al Gobierno si el Ejecutivo de Zapatero considera que no debe aplicársele el principio de presunción de inocencia a este ciudadano por el hecho de ser extranjero.
Ahora se espera que el Ejecutivo de Zapareto dé respuesta a la pregunta de IU por escrito en el plazo estimado.
Cabe recordar que en la noche del 23 de julio fue detenido tras un altercado con un policía nacional durante una manifestación pro-saharaui, y ya ha recibido la confirmación de la orden de expulsión del país por parte de la Delegación del Gobierno en Canarias.
Morales fue puesto en libertad, aunque contaba con 48 horas para comenzar sus recursos, que anunció ante todas las instancias posibles: judicial, en primera instancia, ante el Defensor del Pueblo y, por último, en el Tribunal de Strasburgo. Lo curioso del asunto es que la Administración le detuvo y se está a la espera de una resolución judicial al respecto y, al mismo tiempo, le abrió con prontitud el expediente de expulsión por la vía administrativa, es decir, dos vías para juzgarle por un mismo hecho.
El activista confiaba hasta el último momento en que la administración del Estado desestimara la propuesta de expulsión realizada por la Brigada Local de Extranjería, que encontró dos faltas muy graves de atentado contra la autoridad policial y desorden público. Ahora está a la espera de conocer la respuesta a sus segundas alegaciones.
Los hechos acontecieron el pasado 22 de julio, durante una manifestación pacífica por el Sahara, a cargo del colectivo en el que participa Morales. Ante la presencia de un agente de paisano que realizaba fotos de los presentes, Morales se encaró, fotografiándole a su vez con su cámara.
Según la versión policial, el agente se sintió intimidado y resolvió sacar su arma. La Policía Local de Arrecife acudió a deshacer el enfrentamiento en el que solo fue detenido José Morales sin que haya trascendido si se ha abierto algún expediente contra el proceder del agente que, al parecer, nunca se identificó como policía nacional.
