Se supone que en un estado de derecho en el que la ciudadanía esta amparada por estrictas normas legales de obligado cumplimiento, la actuación de las instituciones gubernamentales debe estar sujeta a la más estricta observancia de la ley. Por eso resulta algo común y corriente ver, leer u oír - depende del medio utilizado - como en cualquier democracia de allende los Pirineos, cuando surge un escándalo público, por mor de un quítame allá esa cacicada o aquella cancaburrada, o acciones de similar jaez, en las que, mal que nos pese, suelen incurrir los poderes públicos por muy finos que sean, lo inmediato, sin perjuicio de las acciones legales a que se diera lugar, es la dimisión de o de los responsables, incluido el baranda number one si es preciso. Resumiendo, que cuando te trincan en un renuncio, lo suyo es que cojas la chaqueta y te mandes a mudar, por decirlo en román paladino, aunque solo fuese por vergüenza torera.
Pero parecer ser que por estos lares tocan otras partituras y lo de la vergüenza en cuestión parece quedar relegado solo a los cosos taurinos. La cosa va de hacerse el longuis mientras la poltrona aguante y la Justicia no tome cartas en el asunto, y aun así...
Al adversario político se le combate, si es que ello es necesario, cara a cara y en los foros que el estado de derecho ha dispuesto a tales efectos. Estos reciben el nombre de cámaras o parlamentos, y en ellos el único ejercicio valido es la esgrima verbal. Pero en algún momento, algunos recurren a la prepotencia y a métodos reprobables, que despiden un denso y repugnante tufillo dictatorial, creyéndose bajo el amparo de una impunidad que solo existe en sus desnortados caletres. Y es que el ejercicio del poder lleva a la infatuación, al endiosamiento y al extravío de criterios cabales. Esto es que algo la Historia nos demuestra con una pléyade de ejemplos. Se cumple con excesiva y fatigante asiduidad aquello de que “si quieres conocer al personajillo, dale un carguillo”.
Estos ejercicios de funambulismo, en equilibrio inestable y al borde de la ilegalidad, o cayendo de lleno en ella, no son de recibo en ninguna circunstancia, y mucho menos en un país sin ambiciones hegemónicas ni veleidades imperialistas disfrazadas de liberalismo desvirtuado. No obstante ello, los hay que dan en practicar el erostratismo político, no se muy bien si impulsados por un hipertrofiado sentido de la impunidad o por pura necedad, que viene a ser lo mismo. Pongamos que estoy hablando de una detención de dos personas durante una manifestación, detención que ha sido denunciada y juzgada y condenada por abusiva, arbitraria, inmotivada y con coacción, amen de otros agravantes por el estilo. Delenda est Democratia...
