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Sección > Canarias

PPM, CC y Grupo Mixto votaron en contra de la propuesta del Gobierno municipal y Votemos La Oliva se abstuvo

La abstención de Votemos La Oliva y el voto a favor del Gobierno local impiden contabilizar una deuda de 9,5 millones del año 2014

Una deuda de 9.581.546,95 euros no está contabilizada ni en las cuentas del Ayuntamiento ni en las de Suministros de Agua de La Oliva. El grupo de gobierno asegura que ha intentado solucionar la situación conforme a lo que establece la legislación
Crónicas · 8 de agosto de 2016

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El grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, elevó en el pleno municipal del pasado 28 de julio a la la consideración de la Corporación una propuesta de acuerdo que permitiese aclarar la situación generada por una deuda de 9.581.546,96 euros que Suministros de Agua de La Oliva tiene contraída con la empresa Canaragua, S.A. Una deuda generada, advierten fuentes municipales este lunes, como consecuencia de la liquidación del contrato de gestión de servicios públicos del servicio de saneamiento municipal en virtud de una sentencia que declaró en el año 2012 la nulidad de ese contrato.

Sin embargo, el acuerdo plenario mediante el que se acordó la liquidación de ese contrato que, recuerda en nota de prensa el Ayuntamiento de La Oliva, fue celebrado en mayo de 2014 bajo la presidencia de Claudina Morales, no reconoció la obligación del pago ni contabilizó la deuda en la contabilidad municipal.

En febrero de 2015 el Pleno municipal verificó el contrato de subrogación de la deuda municipal que suscribieron Suministros de Agua de La Oliva y Canaragua, S.A., para el pago aplazado hasta el año 2036 con una carga de intereses de 2.292.262,64 euros.

Suministros de Agua de La Oliva ha hecho frente a los pagos establecidos para el año 2015 -aún sin tener la deuda contabilizada en sus cuentas-, pero durante 2016 no ha efectuado ninguno de los pagos previstos. La empresa Canaragua se dirigió al Ayuntamiento y ofreció, según la versión municipal, la posibilidad entonces de cancelar la deuda mediante dos pagos por parte del Ayuntamiento que ascenderían a 450.000 euros en el año 2016 y 8.981.546,95 euros en junio de 2017. La empresa en su escrito renuncia, de aceptarse esta nueva forma de pago, al cobro de los intereses de la deuda, lo que supondría un ahorro para el Ayuntamiento de algo más de 2 millones de euros.

En este sentido, el alcalde Pedro Amador planteó al Plenario la posibilidad de crear una comisión de trabajo que siguiese negociando con la empresa Canaragua fórmulas económicamente más ventajosas para las arcas municipales, de manera incluso que se pudiesen negociar posibles quitas, en lo que respecta al segundo pago, el del año 2017.

“En este momento estamos en la misma situación de estancamiento y es que la deuda con la empresa Canaragua no está contabilizada ni en las cuentas del Ayuntamiento ni en las de Suministros de Agua de La Oliva”, señala el alcalde Pedro Amador.

El actual Gobierno municipal asegura que ha venido trabajando con la empresa para buscar una solución que resulte ventajosa y que permita desbloquear esta situación, de manera que, fundamentalmente, se contabilice la deuda como ha mandatado la Intervención general de la Administración General del Estado y la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Los grupos Partido Progresista Majorero, Coalición Canaria y Mixto votaron en contra de la propuesta alegando que habría que buscar una propuesta más ventajosa, “algo que llama la atención viniendo de quienes han generado esta situación y de quienes en su momento no hicieron absolutamente nada para mejorarla”, subraya Amador. Por su parte, fue finalmente la abstención del grupo Votemos La Oliva, junto a los votos a favor de la iniciativa del propio grupo de gobierno majorero, los elementos que salvaron la propuesta en el Pleno municipal.

El Ayuntamiento dispone de fondos para liquidar la deuda, a través del remanente de Tesorería, apostilla el grupo de gobierno, para lo que sería necesario un expediente de modificación de crédito que debe ser aprobado también por el Pleno municipal.

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