La Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional se ha posicionado contra la instalación de armeros en Lanzarote. En nota de prensa, la entidad desacredita las acusaciones de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha acusado a la Guardia Civil de infringir la Ley 22/2011 de Residuos al utilizar las dependencias del cuartel de Costa Teguise como “almacén de residuos sólidos de una empresa privada de cajas fuertes, alegando desconocer los motivos de tal acto".
"Una vez más", explica este martes en un comunicado de prensa la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, "fiel a la máxima de fabricar grandes mentiras haciendo uso de pequeña verdades y en una preocupante muestra de cinismo, vuelve a poner en entredicho la acción de los mandos y el consecuente descrédito para la institución haciendo una interpretación torticera de la Ley de residuos".
Desde hace tiempo, alegan, todas las asociaciones, especialmente AUGC, vienen reclamando a la Dirección General la instalación de armeros y/o cajas fuertes para la custodia de las armas cortas cuando los agentes finalizan su servicio, todo ello como parte de una campaña para reducir el número de casos de suicidio entre componentes del Cuerpo.
Ante la falta de presupuesto y la carencia de elementos de este tipo", advierten sin embargo, el capitán Jefe de la Compañía de Lanzarote, "sensible a esta demanda, encontró una solución alternativa en el obsequio de un familiar que le facilitó
un elevado número de cajas fuertes que habían sido sustituidas de un complejo hotelero".
Dichas cajas fuertes, según la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional, fueron depositadas en el Cuartel de Costa Teguise, "al objeto de realizar la oportuna selección de las que se considerasen adecuadas, así como desechar las que no fuesen útiles para la referida finalidad".
Es decir, las cajas fuertes se reciben "por enajenación, no teniendo su anterior propietario intención ni obligación de desecharlas (no es un residuo peligroso conforme a la normativa reguladora) como denuncia AUGC en su comunicado". "Sólo las cajas inoperativas", aclaran, "adquieren la condición de residuo de acuerdo al artículo 3 de la Ley 22/2011, pero a partir del momento en que el capitán de la Compañía de Lanzarote, su propietario legal, decide desecharlas".
De este modo, gracias al oficial, alegan, las cajas fuertes útiles "serán puestas a
disposición de todos aquellos agentes que, voluntariamente, deseen hacer uso
de ellas para la custodia de sus armas de dotación, cumpliendo así con una importante reivindicación de las asociaciones profesionales en materia de prevención de suicidios".
Por lo que respecta a las cajas desechadas, prosiguen respecto a la acusación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, de infringir la Ley 22/2011 de Residuos al utilizar las dependencias del cuartel de Costa Teguise como “almacén de residuos sólidos de una empresa privada de cajas fuertes", sostienen que éstas fueron entregadas a una empresa gestora de residuos, como establece la normativa vigente, pagando la citada empresa una factura por importe de 98 euros, "que el capitán, voluntariamente, ha decidido asignar al acuartelamiento de Costa Teguise para la celebración de eventos propios".
Desde Unión de Oficiales (UO) felicitan al capitán de la Compañía de Lanzarote "por su importante iniciativa, que cumple con una medida de prevención en materia de suicidios reivindicada por la totalidad de asociaciones profesionales, al tiempo que mostramos nuestra perplejidad por el comportamiento esquizoide de AUGC, que pasa de reclamar insistentemente el uso de armeros en sus campañas mediáticas a, posteriormente, denunciar a quien los quiere instalar".
