La Reserva Marina de La Graciosa está siendo explotada por encima de los límites permitidos. Legalmente, se establece la concesión de un máximo de 30 licencias de pesca para la temporada de verano y de 15 para el invierno. Sin embargo, hoy por hoy, hay 500 licencias tramitadas sin contestación por parte de la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias que, gracias al silencio administrativo en el que ésta ha incurrido, pueden estar siendo utilizadas para pescar sin ningún control en aguas protegidas. Resulta contradictorio que aquellos que concedieron el título de Reserva Marina a esta zona de La Graciosa, sean los mismos que ahora no ponen en marcha las medidas necesarias para protegerla adecuadamente.
El consejero de Pesca del Cabildo de Lanzarote, Marcos Páez, aseguró a esta redacción que actualmente pescan en la Reserva “unas 35 personas, tirando por lo bajo” y que “pueden llegar a duplicarse en los días festivos”, especificó.
Páez añadió que ya se ha tramitado la correspondiente protesta en la Comisión conjunta de la Reserva Marina de La Graciosa, que está compuesta por el Ministerio de Agricultura y Pesca, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Teguise y el Ayuntamiento de Haría. De esta forma, el consejero se ha hecho eco de las protestas de la población graciosera, que “entiende que no es de recibo que las licencias se den prioritariamente a pescadores de Las Palmas, de forma que a Lanzarote no le llegue nada”.
Y es que uno de los asuntos que más enfada a los gracioseros es que “las primeras licencias se han dado a los allegados de Gran Canaria”, según confirmó el propio Páez. La gran mayoría de los pescadores que actualmente pescan con licencia son de Gran Canaria “porque físicamente están más próximos a la Consejería”, continuó diciendo el consejero, “a pesar de que los primeros en presentar su solicitud fueron los pescadores conejeros”. Concretamente, el Cabildo de Lanzarote presentó 60 solicitudes al Gobierno regional.
“Caso omiso, razón ganada”
Este año no se ha reunido la Comisión conjunta de la Reserva Marina de La Graciosa, pero la Administración ha tramitado unas 500 peticiones de licencias desde enero en todo el Archipiélago. El Gobierno regional dispone de un mes para dar una respuesta definitiva a esas solicitudes, pero el silencio ha sido la norma general y ya han pasado siete meses desde entonces. El silencio administrativo ha propiciado, en palabras de Páez, que “todas aquellas personas que han tramitado la correspondiente licencia tienen derecho a pescar y nadie les puede sancionar”. Esta situación ha desembocado en un caos descontrolado en la Reserva Marina: ni los pescadores ni la embarcación de vigilancia del Gobierno regional saben si esas licencias iban a ser autorizadas o rechazadas. Por lo tanto, aquellas personas que así lo han decidido, están pescando sin control alguno, ya que los vigilantes no pueden aplicar la ley. En cambio, los menos “avispados” llevan hasta siete meses esperando en tierra una contestación oficial.
“Este año han perdido el control”, aseguró el consejero en referencia a la Consejería de Pesca regional. En su opinión, el origen de esta falta de actuación administrativa está en los “problemas internos” que padece la Consejería del Gobierno de Canarias, cuyas “discrepancias con la Cofradía de La Graciosa” le han llevado a la no respuesta como estrategia. Sin embargo, el silencio no ha funcionado, sino que ha empeorado las cosas. Tal y como señaló Páez: “caso omiso, razón ganada”.
