Los integrantes de la Mesa Social por el Agua en Lanzarote, una plataforma nacida recientemente con la pretensión de frenar la gestión indirecta que el grupo de gobierno en el Cabildo (CC-PSOE) tiene previsto implantar en Inalsa, ha confirmado este lunes que estarían dispuestos a sentarse en una reunión con el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, quien la semana pasada también comentó que no tendría ningún problema en mantener una reunión con el colectivo. La reunión, eso sí, tendría que celebrarse "de forma pública, con luz y taquígrafo y en compañía de los medios de comunicación", ha advertido el secretario de Aculanza (la Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote), Martín Peraza.
Cuestionados sobre las declaraciones del propio San Ginés en Crónicas Radio, en las que el máximo dirigente del Cabildo expuso que la Mesa Social por el Agua y otros colectivos estaban vertiendo a la opinión pública datos erróneos, como el que apunta a que la deuda de Inalsa con los acreedores ha aumentado desde que está en administración concursal, los integrantes de la Mesa Social por el Agua en Lanzarote han insistido en sus críticas. Así, el propio Peraza ha desmentido a San Ginés señalando que los gastos con la empresa eléctrica Unelco han aumentado a lo largo de este ejercicio.
Por su parte, tanto Ricardo Tavío como María Blanca Blancas, esta última como integrante de Alternativa Ciudadana 25 de mayo, han denunciado los casos de Tenerife y Las Palmas con sus respectivas empresas del agua, "con técnicos municipales que ahora están estudiando la manera de remunicipalizar las empresas que un buen día los dirigentes de ambas islas pusieron en manos privadas". Los integrantes de la Mesa han reclamado "a los tres sindicatos que hasta ahora han dado su visto bueno a esta privatización a que den marcha atrás, pues ni los derechos de los trabajadores están garantizados, por mucho que diga el presidente del Cabildo, ni los usuarios de Lanzarote tienen garantizado que hasta 2016 no se va a subir el precio del agua".
La Mesa Social por el Agua ha denunciado, asimismo, que la pretensión de la gestión indirecta es "salvar el patrimonio de las 18 personas que, como anteriores administradores de la empresa, tienen un embargo preventivo de sus bienes en la actualidad".
Por último, los colectivos han confirmado que remitirán este mismo martes al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria un escrito reclamando la paralización de la "privatización" de la gestión indirecta en Inalsa
