Fotos: Dory Hernández
El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, estuvo en la noche de este jueves en el centro sociocultural de Nazaret para explicar a ganaderos y agricultores cómo incidirá en su actividad y qué beneficios reportará al sector primario la Ley de Medidas Urgentes.
El espíritu de la nueva normativa, actualmente en trámite parlamentario, es “permitir todo aquello que no esté expresamente prohibido”, aunque “con ciertos condicionantes”. Hasta ahora, el marco jurídico actual supone todo lo contrario. Prohíbe todas las actuaciones que no están expresamente permitidas.
La Ley aligerará de forma más que notable todos los trámites a seguir para la mayoría de las actuaciones en suelo rústico de uso agrícola y ganadero. Si en la actualidad es preciso obtener calificación territorial del Gobierno canario hasta para pintar el vallado, con la nueva normativa la mayoría de obras pequeñas ya no tendrán que cumplir con ese precepto. Los interesados podrán dirigirse directamente a los ayuntamientos para solicitar la licencia de obra para actuaciones como levantamiento y arreglo de vallado, muros, zanjas, cuartos de apero, aljibes, e incluso la canalización subterránea de agua y electricidad.
Todas estas intervenciones en suelo rústico serán posibles, no obstante, siempre que los planes insulares no las prohíban de forma expresa.
Silencio administrativo positivo
El silencio administrativo a la hora de conceder calificaciones territoriales pasará de ser entendido como negativo a positivo. Así, si en la actualidad no recibir respuesta del Gobierno tras solicitar una calificación la da por denegada, con la Ley de Medidas Urgentes sucederá lo contrario. Pasado un plazo determinado, el silencio significará la concesión de la calificación pedida. Los municipios, sin embargo, deberán certificar que aquellas calificaciones que se den por otorgadas debido al silencio administrativo no van en contra del planeamiento territorial.
Colegios, ambulatorios y bodegas
Excepcionalmente, se podrán levantar infraestructuras educativas y socio-sanitarias de uso público en suelo rústico sin especial protección, siempre que se consideren de innegable interés público.
Por otra parte, la normativa permitirá también la construcción de bodegas en suelo de uso vitivinícola.
Energías alternativas
Los agricultores tendrán la posibilidad de levantar infraestructuras de producción de energías alternativas en el medio rural, un caso para el que sí deberán obtener una calificación territorial. La condición es que dichas instalaciones no deberán exceder el 30% de la superficie cultivada.
Legalización de explotaciones ganaderas
En Canarias existen cerca de 8.000 explotaciones ganaderas irregulares, y no pocas están en Lanzarote. Uno de los objetivos prioritarios de la Ley es legalizarlas, atendiendo a una vieja demanda del sector. En este caso se harán dos distinciones, entre aquellas explotaciones anteriores a la aprobación de la Ley del Territorio de 1999, y todas las demás.
En el primer caso, y atendiendo al hecho de que antes de 1999 no era preciso obtener calificación territorial para levantar estas explotaciones, podrán ser legalizadas prácticamente todas sin cumplir con el trámite de calificación. Las posteriores a 1999, sí tendrán que obtener dicha calificación. En ambos casos, las explotaciones deberán cumplir con una serie de requisitos de naturaleza sanitario y medioambiental.
