Los jueces y los secretarios judiciales protestan este martes por las consecuencias que el caso Mari Luz ha tenido para la secretaria judicial del Juzgado sevillano que no ejecutó la sentencia que condenaba al presunto autor de la muerte de la niña de Huelva y por las que puede tener para el juez Rafael Tirado.
FOTOS: DORY HERNÁNDEZ
Los secretarios judiciales han convocado un paro de tres horas -entre las 10:00 y las 13:00 horas- para rechazar la sanción de dos años de empleo y sueldo que el Ministerio de Justicia impuso a su compañera Juana Gálvez, al considerar que el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo la ha utilizado como "cabeza de turco" para ocultar las carencias de la Administración de Justicia. Un paro que también se llevará a cabo en los juzgados de Arrecife, en Lanzarote, y en toda Canarias.
Eso sí, los juzgados de Arrecife no han sufrido serios perjuicios a pesar del parón secundado por los 13 secretarios judiciales, uno por cada uno de los juzgados existentes en la Isla y el coordinador. De hecho, según fuentes judiciales, este martes no se celebraba ni una sola vista oral en los dos juzgados de lo Social de Arrecife, aunque caso aparte han sido los efectos para los juzgados de lo penal y lo civil, que sí han registrado mayores aglomeraciones y retrasos.
Sin embargo, en principio se esperaba que los efectos del paro para los ciudadanos pudieran ser mayores de lo previsto, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió este lunes suspender los efectos de la resolución en la que el Ministerio de Justicia fijaba unos servicios mínimos de entre un 30 y un 50% y acordó que sólo deben trabajar los secretarios judiciales de los órganos judiciales que estén de guardia.
Seguimiento del paro
Los secretarios judiciales cifran el seguimiento del paro en Canarias en un 90 por ciento, en concreto de los 62 secretarios judiciales del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, 55 están en huelga, 3 están de guardia, y 2 disfrutan de permisos, por lo que se ha suspendido 200 actuaciones, la mayoría de ellos juicios.
En la provincia de Las Palmas, de 101 secretarios judiciales, 81 han ido a la huelga, 7 han estado de guardia y 4 con permiso. En toda la provincia se han suspendido 260 actuaciones, de las cuales la mayoría también eran juicios.
Los secretarios judiciales, que no descartan más paros, exigen que se dote a la Administración de justicia de los medios necesarios para el desarrollo de la oficina judicial, le reforma de leyes procesales y otro medio para la realización propia de la justicia.
Protestas por desatención
En las Audiencias Provinciales de Madrid trabajan 16 secretarios judiciales, de los que tres son suplentes. Aunque todos están secundando el paro, incluidos los secretarios judiciales de toda Canarias, quieren dejar claro que su protesta no se debe sólo a la sanción impuesta a su compañera de Sevilla.
“Vale ya de tanta manipulación con la sanción de la compañera, que es grave, pero pedimos otras cosas”, se queja una secretaria judicial en Lanzarote. “Aunque nos solidarizamos con la compañera no estamos realizando este paro por ello en sí, sino porque estamos desatendidos por los responsables políticos tanto del Gobierno central como de la Comunidad Autónoma de Canarias, y no nos proporcionan los medios necesarios para trabajar como hay que hacerlo en el siglo XXI”, añade la funcionaria.
Y es que, por un lado, tanto secretarios judiciales como jueces critican que el Gobierno les pida un sobreesfuerzo continuo para atender una demanda social que es cada vez más superior a los medios personales y materiales disponibles. Critican al Gobierno de Canarias por las carencias del personal laboral, y al central por la falta de medios en materia de jueces y magistrados.
Juntas de Jueces también en Canarias
Coincidiendo con ese paro, en la mayoría de las sedes judiciales -incluida la Audiencia Nacional- se han convocado juntas de jueces para abordar las "presiones" e "injerencias" políticas que, en opinión de los magistrados, está sufriendo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que aumente la sanción impuesta a Tirado.
Los secretarios judiciales están a la espera de lo que decidan los jueces en sus juntas generales para determinar cuales son los servicios mínimos a realizar. Hay confusión con respecto al auto del TSJ de Madrid emitido este martes que rechazaba cautelarmente los servicios mínimos entre el 30% y el 50% exigidos por el Ministerio de Justicia, y los magistrados están a la espera de la continuación del mismo.
El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales presentó una demanda contra ese decreto del Ministerio, al considerar que esos mínimos eran "servicios de máximo", ya que suponían de hecho la imposición de celebrar prácticamente todos los juicios y comparecencias.
En Canarias, la Junta de Jueces de Las Palmas de Gran Canaria y la Junta de Magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas emitirán un comunicado a las 13:00 horas en la Sala de Vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, tal y como ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Supuestas injerencias políticas
El anterior CGPJ multó al juez de Sevilla con 1.500 euros, pero esta sanción ha sido recurrida por la Fiscalía, que ha solicitado que se le suspenda por tres años.
Las declaraciones del ministro de Justicia o de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a favor de aumentar el castigo a Tirado han sido consideradas por los jueces como una injerencia "intolerable".
El CGPJ, que este lunes se reunió con las asociaciones de magistrados y con una delegación de jueces decanos, reaccionó ante la convocatoria de juntas para hoy pidiendo "responsabilidad" a los jueces y expresando su confianza en que actuarán "siempre en beneficio de los ciudadanos".
El órgano de gobierno de los jueces hizo público un comunicado en el que manifestaba también que "es preciso deslindar las legítimas reivindicaciones de los jueces (...) de la resolución de los casos concretos que tiene legalmente encomendados", en referencia a la resolución del recurso contra la sanción a Tirado.
El padre de Mari Luz ve indignante el paro de la Justicia
Por su parte, Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz Cortés, considera “indignante” el paro de los secretarios judiciales en protesta por la sanción a su compañera Juana Gálvez, funcionaria del juzgado que debería haber encarcelado al pederasta Santiago del Valle.
En declaraciones a Servimedia, Cortés criticó que los secretarios judiciales “no quieran reconocer sus errores y pagar por ello”. “Es síntoma de que la justicia es para los demás, no para ellos”, aseguró el padre de Mari Luz, quien añadió que esta situación es “de lo más indignante”.
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NOTA DE PRENSA DE LA JUNTA DE JUECES DEL PARTIDO JUDICIAL DE TELDE CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2008:
1.- DENUNCIAR PÚBLICAMENTE Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA OPINIÓN PÚBLICA LA ALARMANTE Y DRAMÁTICA SITUACIÓN DE CARENCIA DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES QUE EXISTE EN LA JUSTICIA ESPAÑOLA, CUYA RESPONSABILIDAD CORRESPONDE AL PODER POLÍTICO, QUE ES QUIEN TIENE QUE PONER LOS MEDIOS NECESARIOS. EN PARTICULAR, Y POR LO QUE AFECTA AL PARTIDO JUDICIAL DE TELDE, DENUNCIAMOS:
A) LA INSOPORTABLE CARGA DE TRABAJO QUE PESA SOBRE LOS JUZGADOS, QUE LLEGA A SER EL DOBLE DE LA MÁXIMA CARGA DE TRABAJO QUE SE ESTIMA POR EL PROPIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIA QUE UN JUZGADO PUEDE SOPORTAR PARA PRESTAR UN SERVICIO PÚBLICO CON UNA MÍNIMA CALIDAD.
B) LA INSUFICIENTE PLANTILLA DE FUNCIONARIOS POR JUZGADO PARA ATENDER MÍNIMAMENTE EL SERVICIO Y LA FALTA O CARENCIA DE FORMACIÓN NECESARIA DE UNA PARTE DEL PERSONAL INTERINO QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LOS JUZGADOS, EL CUAL ES NOMBRADO POR EL GOBIERNO DE CANARIAS (DEL CUAL DEPENDE A TODOS LOS
EFECTOS) Y A LOS QUE NO SE LES DA NINGÚN TIPO DE FORMACIÓN NI SE LES EXIGE UN MÍNIMO DE PREPARACIÓN PARA LOS SERVICIOS QUE VAN A DESEMPEÑAR, SIN DESDEÑAR LA ENCOMIABLE LABOR QUE LA MAYORÍA DE FUNCIONARIOS (INTERINOS O NO) DESPLIEGAN A PESAR DE LA DEJADEZ POR PARTE DEL PODER POLÍTICO.
C) LA INJUSTIFICABLE TARDANZA DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA EN CUBRIR BAJAS MÉDICAS O DE OTRO TIPO DE LOS FUNCIONARIOS, QUE VIENE TARDANDO AL MENOS UN MES EN NOMBRAR UN SUSTITUTO, LO QUE HACE QUE EL TRABAJO SE COLAPSE AUN MÁS DURANTE ESE PERIODO.
D) LA NECESIDAD IMPERIOSA Y URGENTE DE AUMENTAR EN AL MENOS DOS JUZGADOS LA ACTUAL PLANTA JUDICIAL DE TELDE, YA QUE DESDE HACE DOS AÑOS LA PROPIA INSPECCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL YA RECOMENDÓ EXPRESAMENTE LA CREACIÓN DEL OCTAVO Y EL NOVENO JUZGADO, SIN QUE HASTA LA FECHA EL PODER POLÍTICO HAYA HECHO ABSOLUTAMENTE NADA.
2.- RECHAZAR CUALQUIER INJERENCIA DEL PODER POLÍTICO, SEA DEL GOBIERNO CENTRAL O DE CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN POLÍTICA, EN LAS DECISIONES DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA, RECHAZANDO A SU VEZ QUE EL GOBIERNO CENTRAL O CUALQUIER POLÍTICO DE INDICACIONES O INSTRUCCIONES AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL O A CUALQUIER JUEZ SOBRE SU FORMA DE ACTUAR, PARA SALVAGUARDAR ASÍ LA IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DE LOS JUECES EN LA TOMA DE DECISIONES, QUE ES UNA GARANTÍA FUNDAMENTAL DE UNA DEMOCRACIA SANA.
3.- RECHAZAR EL SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, CON EL FIN DE DESVINCULAR A SUS MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LOS PROPONEN, PARA LOGRAR ASÍ UNA MAYOR INDEPENDENCIA DE LA CITADA INSTITUCIÓN.
4.- APOYAR LA MOVILIZACIÓN GENERAL QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO EN LA JUDICATURA ESPAÑOLA EN DEFENSA DE UNA JUSTICIA DIGNA PARA TODOS LOS CIUDADANOS.
EN TELDE, A 21 DE OCTUBRE DE 2008
