Un escrito de la Secretaría de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados da cuenta del acuerdo unánime adoptado en torno a la queja planteada formalmente por el decano ante la Dirección Insular, a la vez que insiste en calificar como “gravísimos” los hechos denunciados, a los que describe como “un trato indigno, vejatorio e injusto a varios detenidos y sus letrados, en detrimento de los derechos constitucionales”.
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Lanzarote avala las últimas actuaciones de su decano, Francisco Torres Stinga, en relación a la solicitud que éste presentó ante la Administración General del Estado en Lanzarote para el "traslado urgente" de un agente de la Policía Nacional en Arrecife, al que como se recordará se acusa de someter a un trato indigno a los detenidos y de vejaciones a varios letrados de la Isla.
Tras la defensa del agente por parte del comisario jefe de la Policía Nacional, Raimundo Villanueva, y después de que fuera postpuesto un encuentro entre éste y el decano,
la Junta de Gobierno explica que el acuerdo por el que el Coelgio profesional facultó a Torres para acudir a la Dirección Insular data del pasado 23 de marzo, y asegura que en dicha sesión los miembros de la Junta respaldaron el proceder posterior del decano.
Dicha decisión unánime de la Junta de Gobierno consistió en "facultar al decano para que actúe en la forma que estime oportuna, incluido el acudir a la Jurisdicción Penal si fuera necesario", en relación al punto 9 del orden del día de la citada reunión, que era sobre los "escritos de quejas y denunciadas de varios letrados poniendo de manifiesto el trato recibido por parte de uno de los agentes de la Policía Nacional en relación a los derechos que asisten a los detenidos y que han ocurrido mientras realizaban sus guardias".
El comunicado remitido por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados se apoya en varios artículos del Código Deontológico del Derecho, con la intención de despejar cualquier duda sobre la actuación del decano.
