Agentes del Destacamento de Protección de la Naturaleza (DEPRONA) de Timanfaya de la Guardia Civil en Lanzarote han investigado el pasado día 28 de noviembre a una empresa de reformas por no dotar supuestamente a sus empleados de los medios necesarios para que desempeñasen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, conformando un delito contra los derechos de los trabajadores, según ha informado este martes la Guardia Civil en nota de prensa.
En su nota explican que el día 27 de noviembre la Guardia Civil tuvo conocimiento de una posible serie de irregularidades laborales que se estaban produciendo en una nave industrial del municipio de Teguise, por lo que la patrulla del DEPRONA se dirigió al lugar el mismo día.
Desde la puerta principal de la nave los agentes observaron a varios trabajadores manipulando el material del tejado, sin cascos ni arneses de seguridad.
Una vez en el interior de la nave los agentes comprobaron como aquellos tampoco disponían de mascarillas, trajes de protección individual y guantes, requeridos para la manipulación del material con el que trabajaban, ya que estaban sustituyendo el antiguo techo por otro nuevo, siendo el anterior de micro-cemento amiantado, un material considerado peligroso para la salud.
Igualmente se procede a solicitar la documentación laboral del proyecto, manifestando los trabajadores que desconocían si su empresa estaba autorizada o no para la manipulación del mencionado material, solictándoles los agentes que la tuviesen disponible al día siguiente.
A raíz de la primera inspección, se dio aviso tanto a los trabajadores como a la Oficina de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, en Lanzarote, para realizar al día siguiente una inspección completa de la obra.
Durante el día 28 la Guardia Civil, acompañados de inspectores de la referida Oficina, vuelve nuevamente a la obra en cuestión y observaron como los trabajadores si disponían de arneses de seguridad y guantes, pero no de mascarillas.
Tras consultar la documentación se pudo deducir que la empresa que contrató a los trabajadores no estaba autorizada a manipular el citado material. Además Inspección de Trabajo paralizó las obras por el referido incumplimiento de las medidas de seguridad en la manipulación y tratamiento del amianto, así como por ejemplo carecer de aseos y de un plan de trabajo.
Del delito observado, y en base al artículo 316 del Código Penal, la Guardia Civil ha remitido la identificación de la empresa en cuestión al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones guardia, como supuesta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores.
