- El servicio fue realizado por componentes del Destacamento Timanfaya Lanzarote conjuntamente con inspectores de la Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo de Canarias
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Lanzarote ha procedido a la denuncia administrativa el pasado día 7 de este mes de julio contra una persona de iniciales E.M.F, de nacionalidad española y 38 años de edad, al localizar un almacén clandestino de su propiedad, donde se halló la referida cantidad de pescado, en el barrio de Titerroy, en Arrecife.
La investigación, explica este jueves la Guardia Civil en un comunicado de prensa remitido a esta redacción, se inició en el transcurso de las actividades rutinarias que realiza el Seprona contra la pesca ilegal en la isla, localizando un almacén donde se mantenía el pescado congelado o refrigerado para después ponerlo a la venta.
Inspección y modus operandi
Por todo ello, explica el Instituto Armado en su escrito, los componentes del SEPRONA, en coordinación con los inspectores de la Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo de Canarias, procedieron a la inspección del almacén, localizando dos toneladas de pescados de las cuales 350 kilogramos se desconocía su procedencia legal posible, con lo que, tampoco se garantizaba su salubridad.
En el momento de la inspección los agentes se encontraron 20 corvinas, algunas evisceradas, descongelándose fuera de la cámara, rompiendo de esta manera la cadena de frío, con destino a ser puestas a la venta como pescado fresco.
Según la Guardia Civil, presuntamente E.M.F. adquiría de forma ilegal parte de los alimentos que posteriormente manipulaba y se ponía a la venta, "sin ningún tipo de control sanitario, ya que no pasaron por la correspondiente lonja para obtener el control sanitario necesario en este tipo de alimentos".
De todo el género hallado por la Guardia Civil en el almacén, destacan las siguientes especies: atún, mero, lapas negras y blancas, corvina, burro, calamar y gambas, procediéndose a la destrucción de parte del género que carecía de etiquetado, y que no había pasado ningún tipo de control sanitario en la lonja correspondiente y se desconocía su procedencia.
Por este motivo se destruyeron 10 Kg de burro, 118 Kg de calamares, 47 kg de corvina, 60 kg de gambas y 87 kg de lapas negras y blancas fueron depositados por una empresa autorizada en el vertedero de Zonzamas. El valor del género destruido alcanza los 6.000 euros.
El pescado restante se quedó en el almacén al estar acreditada su procedencia mediante el etiquetado, a la espera de la decisión correspondiente de la autoridad sanitaria.
Diez Infracciones administrativas
Las irregularidades observadas por los agentes del SEPRONA se reflejaron en diez infracciones administrativas, entre las que la Guardia Civil, en el mismo comunicado, destaca las siguientes infracciones, su legislación y autoridades competentes para ello:
-R.D. 191/2001, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos en su Art. 2.1. Se inscribirán en el registro cada uno de los establecimientos alimentarios siendo la Consejería de Sanidad el organismo competente para sancionar.
-R.D. 121/2004 sobre la identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo vivos, frescos, refrigerados o cocidos. Art. 4. (...Los productos pesqueros vivos, frescos, refrigerados o cocidos, deberán llevar en el envase y/o embalaje correspondiente una etiqueta...) siendo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias el organismo que asume las competencias sancionadoras.
-Reglamento (CE) nº 853/2004 sobre la higiene de los alimentos de origen animal y sirve de guía en la aplicación de los nuevos requisitos de higiene alimentaria, estableciéndose normas específicas de higiene de los alimentos. En base a la normativa que regula este reglamento, los agentes de la Guardia Civil detectaron varias infracciones como por ejemplo; tener una cámara de congelación con palets de madera sucios y en mal estado en el interior de la misma, sin respetar la cadena de frío necesaria en estos alimentos, realizar una descongelación fuera de la cámara y realizar manipulación en los alimentos como el eviscerado del género y volverlo a congelar, todas estas infracciones se recogen en el mencionado Real Decreto y se aplica en concordancia con la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición con competencia sancionadora en la Consejería de Sanidad de las Palmas.
Los Reales Decretos y Reglamentos referidos y a los que se ampara la denuncia administrativa están en concordancia con la Ley de Pesca Marítima del Estado y la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición.
En este caso las sanciones pueden oscilar entre 60 a 600.000 euros la Ley de Pesca Marítima del Estado, y de 5.000 a 600.000 euros en lo que corresponda a la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición.
Además este tipo de infracciones pueden conllevar inhabilitaciones tales como la clausura del establecimiento y gastos derivados del transporte y destrucción del pescado.
