En una resolución firmada el pasado 5 de mayo, y recibida por los denunciantes el pasado martes, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha notificado que "se desprende, de forma indiciaria, la posible existencia de un delito societario, prevaricación o defraudación de caudales públicos" en la administración de la entonces empresa pública de aguas INALSA, señalando que serían "presuntos responsables quienes, durante los años 2006-20015" ocupaban los cargos de consejera delegada de INALSA, Plácida Guerra, y gerente de la empresa pública, Rafael Elorrieta, según ha adelantado Somos Lanzarote en nota de prensa.
El escrito se emite como respuesta a la denuncia presentada en 2013 por Alternativa Ciudadana 25 de mayo (miembro de la candidatura de unidad popular "Somos Lanzarote") que exponía, ante dicha Fiscalía, una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, delitos societarios, insolvencia punible y malversación de caudales públicos, en el seno de la entonces empresa pública.
Tras el análisis hecho por el ministerio fiscal de dichas acusaciones, este ha resuelto remitir la denuncia al Juzgado Decano de Arrecife para que se proceda a la incoación del pertinente proceso penal.
Además, la Fiscalía insta al juzgado a que practique una serie de diligencias entre las que destaca "que se reciba declaración a los denunciados", y a los Administradores Concursales de Inalsa; que se incorporen a la causa las cuentas anuales depositadas por INALSA desde 2006 en el Registro Mercantil; y que la Agencia Tributaria informe sobre todas las cuentas corrientes titularidad de INALSA y del Consorcio del Agua de Lanzarote.
En el documento de la Fiscalía también se insta a la petición de una serie de actas de sesiones celebradas por el Consorcio del Agua, así como que se remitan los informes externos encargados por el Consorcio a Ignacio Calatayud Prats y Pedro Lasso Purriños.
El Fiscal recomienda igualmente "un examen de la contabilidad y las cuentas corrientes titularidad de INALSA para identificar los traspasos monetarios entre esta y el Consorcio Insular de Aguas, desde el año 2006 a la actualidad"; "que se verifique si el destino final de las cantidades invertidas por INALSA en reparaciones tuvieron de forma efectiva ese destino, mediante el control de las facturas, órdenes de trabajo y personal que las ejecutó"; "que se compruebe si existen partidas o gastos no justificados realizados por INALSA en el mismo periodo", así como requerir al Consorcio los actos administrativos que motivaron las bajadas y subidas de precio del agua en 2003-2004 y 2007, respectivamente.
