La Fiscalía de Las Palmas ha abierto una diligencia de investigación para indagar sobre el comportamiento de la cabeza de lista de Podemos por la parte oriental del Archipiélago, Victoria Rosell, durante la instrucción de la causa que llevaba a cabo contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. La sospecha de la Fiscalía, según ha adelantado este jueves el diario El Mundo, es que la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, negoció la venta de una licencia de radio al investigado en plena instrucción de la causa, algo que debería haber llevado a Rosell a abstenerse de forma inmediata de seguir al frente del caso.
Según explicaron fuentes de la investigación al diario El Mundo, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas se quedó sin su emisora de radio porque el Gobierno canario le prohibió emitir. "Se trataba de una radio fuerte por el vínculo del fútbol y con importantes contratos publicitarios. Pero en el mismo momento en que se quedaba sin emisora Ramírez empezó a tener una alternativa para hacerse con otra: un acuerdo con el periodista Carlos Sosa. Bajo la apariencia de un contrato de prestación de servicios, ambos acordaron la cesión de una emisora a Ramírez para que hiciera y deshiciera a su antojo", cuenta el rotativo madrileño.
El periódico explica en su formación además que el anuncio de que Rosell se incorporaba a las listas de Podemos se produjo el pasado 23 de octubre. La venta de la emisora se firmó tres días después, el 26 de octubre. Fuentes de la investigación añadieron que las negociaciones llevaban semanas produciéndose. "A todos los efectos se trata de una compra a la entidad Clan de Medios, Comunicación y Marketing, propiedad de Carlos Sosa. El montante económico de la operación supera los 300.000 euros.La representante de la Fiscalía ya denunció un extraño retraso en la instrucción que estaba realizando la juez Rosell relativa a Miguel Ángel Ramírez. Ahora, en esa pieza de investigación la Fiscalía quiere averiguar hasta qué punto ese retraso tuvo que ver con el negocio que estaban cerrando el investigado Ramírez con la pareja de la juez.En el caso en el que está acusado el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas se indagan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Fue la propia Fiscalía la que presentó una denuncia contra este conocido empresario al entender que sus actuaciones con los pagos a sus 3.000 empleados no se ajustaban a la ley. De hecho, desde la Seguridad Social se le reclaman hasta 13 millones de euros no ingresados.Las pesquisas le correspondieron por reparto a la juez Rosell. Ramírez ya tenía una primera condena. El empresario de 46 años, propietario de Seguridad Integral Canaria -la mayor empresa de seguridad de las islas con 5.500 trabajadores en toda España-, había sido condenado a tres años de cárcel por levantar ilegalmente una pajarera, un estanque de 400 m2, dos aparcamientos, una vía... todo ello después de «la tala de múltiples árboles» en una zona protegida medioambientalmente y conocida como La Milagrosa, a las afueras de Las Palmas", relata El Mundo, quien recuerda que el Consejo General del Poder Judicial archivó esta queja al entender que no existía prueba material que avalara que el retraso de la causa fuera malicioso.
