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La Federación Canaria de Islas (Fecai) aprobó este lunes unánimemente la propuesta que trasladarán al Gobierno de Canarias para cerrar un acuerdo en torno a las sentencias dictadas sobre el reparto de los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) a favor de varias corporaciones.
En este sentido, exigirán al Ejecutivo el pago de 45 millones de euros de una sola vez y antes de final de año. Para hacer frente a esta deuda, el Gobierno utilizará fondos de la ampliación presupuestaria aprobada en el Consejo extraordinario de la semana pasada, según dijo que le confirmó el presidente, Adán Martín, a la responsable de la Fecai, Inés Rojas, titular del Cabildo de Lanzarote.
El único cabildo que aún no había manifestado si se sumaba o no al consenso alcanzado entre los otros seis, el de Gran Canaria, ha dado su visto bueno en la reunión de esta tarde en Tenerife, que contó con la participación de la consejera de Hacienda de la citada institución, Rosa Rodríguez, según Rojas.
El acuerdo también incluye los criterios de reparto de esos 45 millones de euros entre las corporaciones insulares y municipales, que se basará en la población, el fondo de suficiencia, lo correspondiente al Apic y los gastos de gestión.
Otro de los puntos más importantes de la reunión fue el que generó en un acuerdo para demandar del Ejecutivo un incremento de 6 millones de euros en las partidas de transferencias de capital para el mantenimiento de las redes insulares de carreteras, ya que, entienden que estas cantidades deben ser proporcionales a la inversión de capital, que aumentará en 2007 notablemente debido al traspaso directo de los fondos estatales para llevar a cabo las obras incluidas en los Convenios Canarias-Estado de carreteras y Obras Hidráulicas.
Tanto Rojas como el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, reconocieron que “no se trata de una cantidad importante, porque son 6 millones a repartir entre siete cabildos”, pero que la demanda pretende evitar “que se siente un precedente en el que el Gobierno modifique unilateralmente lo establecido en la Ley 9/2003, que hay que respetar”.
Rojas explicó que los cabildos no están de acuerdo en la disposición que incluye el Proyecto de Ley de Presupuestos, mediante la cual el Ejecutivo establece que la gestión directa de los fondos de los convenios -que por primera vez serán ingresados en las cuentas autonómicas- no es en realidad un incremento de los fondos para inversión, por lo que no los incluyen a la hora de calcular la parte proporcional que deben repartir entre los cabildos para garantizar el mantenimiento posterior de las obras.
Para la Fecai, el presupuesto sí crece y por tanto también lo han de hacer los fondos traspasados a los cabildos, por lo que la citada disposición “vulnera la Ley 9/2003”.
