El pasado mes de enero, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación
presentado por la sociedad “Aparcamiento Parque Islas Canarias SA”, e hizo firme la
sentencia que anuló las licencias del aparcamiento del parque Islas Canarias de
Arrecife, tras el recurso presentado por la Fundación César Manrique. La FCM, en
aquel momento, se pronunció públicamente comunicando que daba por finalizada su
intervención en el asunto, y que serían los servicios jurídicos del Ayuntamiento de
Arrecife los que deberían hacer las gestiones pertinentes para “la restauración de la
legalidad”.
"La FCM tomó esa decisión" -dicen- "confiando en que el Ayuntamiento de Arrecife, consciente
de la complejidad de la situación, resolvería el conflicto conciliando la restauración de
la legalidad con la búsqueda de compensaciones para el interés público".
En este contexto, la FCM ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de
que, para abordar la solución del conflicto, el Ayuntamiento de Arrecife pretende
optar por la fórmula de inejecutar la sentencia, y que, además, se ha encomendado al
letrado Felipe Fernández Camero, ex secretario del consistorio, la tarea de
representar al Ayuntamiento en este caso.
Ante estos hechos, consideran que se ha producido un cambio sustantivo en el
marco de toma de decisión inicial de esta institución.
"La FCM es plenamente consciente y respetuosa con la obligación de los responsables
municipales de tomar las decisiones que crean más oportunas en el ejercicio de las
funciones que tiene encomendadas. La FCM es consciente también del papel
fundamental que esta institución ha desempeñado en el conflicto de la construcción del
aparcamiento, resuelto con un fallo favorable a sus tesis que acabó anulando la
preceptiva licencia en sentencia firme".
Por ello, y tras haber manifestado en un primer momento un gesto de
distensión hacia el Ayuntamiento de Arrecife con la intención de que en ese nuevo
clima resultara más fácil buscar una salida razonable a esta compleja situación, en la que
se conciliaran la legalidad con la búsqueda de fórmulas de compensación al interés
público, la FCM entiende que la decisión adoptada finalmente por el Ayuntamiento se
aleja de ese propósito.
En este sentido, explican que en el ánimo de la FCM a la hora de buscar una solución razonable al conflicto
planteado por el fallo firme, nunca estuvo que se resolviera por la vía de la inejecución
de la sentencia, una fórmula que transmite a los ciudadanos un desalentador mensaje
de impunidad, como si, finalmente, nada hubiera ocurrido a pesar del pronunciamiento
de los tribunales. "El daño causado al interés general por la vulneración del Plan General
de Arrecife que reconoce la propia sentencia debe ser, a juicio de la FCM, resarcido de
alguna manera, incluyendo responsabilidades políticas.
A juicio de la FCM, en la búsqueda de una solución al problema deberían incorporarse
compensaciones equilibradas para salvaguardar el interés público".
La consolidación de
la actual situación por vía de inejecutar la sentencia deja, en su opinión, desamparados a los
ciudadanos y al interés general y permite a la sociedad que explota el aparcamiento
seguir gozando de los mismos beneficios de su actividad en una situación de ilegalidad
del aparcamiento. El mensaje que se traslada a los ciudadanos no puede ser más
desolador, ni debe alentarse desde una institución pública.
Nada justifica, por tanto, que el Ayuntamiento haya tomado la opción jurídica que ha
tomado.
A la FCM le resulta además "inaceptable e inadecuado" que sea Felipe Fernández Camero
el letrado responsable de procurar buscar una salida jurídica a la actual situación del
aparcamiento, ya que, es bien conocido, participó activamente como jurista en el
proceso de concesión de las licencias, mientras formaba parte, además, del consejo de
administración de la sociedad que recibió esas mismas licencias, coparticipada por
Ayuntamiento y propiedad privada.
"Esta causa, entre otras, fue la que motivó su
destitución del cargo de Secretario del Ayuntamiento de Arrecife, “por ostentar
indebidamente cargos en empresas para los que no era posible en ningún caso el
reconocimiento de compatibilidad, al ser contratistas o concesionarias de obras del
Ayuntamiento de Arrecife, o estar participadas por la Corporación”, como se explicita
en la Orden de 14 de enero de 2004, del Secretario de Estado de Organización
Territorial del Estado, del Ministerio de Administraciones Públicas", recuerdan.
La FCM comunica a la opinión pública que, si el Ayuntamiento de Arrecife opta por
seguir adelante con la actual estrategia jurídica, se verá obligada a reconsiderar su
actitud inicial y a oponerse en términos jurídicos a la inejecución de sentencia, con la
intención, siempre, de defender las justas compensaciones para los ciudadanos y para
el interés general.
