-"No se debe olvidar" -explican- "que estamos ante una operación masiva de ilegalidades urbanístico-turísticas, que el Gobierno de Canarias vendrá ahora a bendecir. La
conclusión que se extrae de esta medida es que el Gobierno legitima la impunidad, porque a las ilegalidades confirmadas por los tribunales no les acompaña ninguna
medida de carácter punitivo o de compensación a la sociedad por el daño hecho, sino que simplemente las convalida como legales"
-La FCM lamenta que el Gobierno canario "se haya mantenido "al margen" de la persecución de las ilegalidades urbanísticas de Lanzarote
relacionadas con la Moratoria y que pretenda ahora irrumpir con una ley de punto final
que deja desamparados a quienes han defendido el ordenamiento urbanístico y territorial"
Ante el anuncio de la Consejería del Política Territorial del Gobierno de Canarias de
impulsar la aprobación de la conocida como Ley de Medidas Urgentes en la que
podrían incluirse disposiciones para legalizar los hoteles y apartamentos declarados
ilegales por los tribunales, la Fundación César Manrique (FCM) quiere trasladar a la
opinión pública una serie de consideraciones.
Según la nota de prensa, la Fundación cuenta con una dilatada trayectoria en su apuesta por un modelo de
desarrollo turístico basado en criterios de sostenibilidad, singularidad y respeto al
medio ambiente defendidos por César Manrique. Así, recuerdan que en 1998, la FCM publicó su
Manifiesto por la Sostenibilidad de Lanzarote, en el que demandaba “un marco jurídico
que ampare el derecho de la comunidad a regular los límites de las prácticas
productivas, en los niveles que considere convenientes para su bienestar” y, más
concretamente, “la aplicación efectiva en Lanzarote de una moratoria que, desde su
misma entrada en vigor, interrumpa drásticamente la construcción de camas turísticas
y abra un paréntesis de reflexión y debate tendente a establecer un modelo de
sostenibilidad local en la Isla”.
"Un año después" -continúan con su relato-, "en 1999, la FCM puso en marcha la
campaña de sensibilización “¡Parar Ya!”. En 2000, el Cabildo de Lanzarote aprobó una moratoria turística con unos límites de crecimiento urbanístico ligado al turismo que la FCM consideró entonces insuficientes
y demasiado permisivos. En esa misma época, y en un contexto de máxima inestabilidad política insular, la FCM tomó la decisión de incorporarse a los pleitos
interpuestos por el Cabildo de Lanzarote contra las presuntas licencias ilegales concedidas a un grupo de hoteles y complejos de apartamentos, con el fin de
garantizar la continuidad de los procesos judiciales y defender las políticas de contención del crecimiento mediante el respeto a los instrumentos de ordenación
aprobados para ello".
A partir de entonces, la FCM ha participado activamente en este debate, con la elaboración de dictámenes jurídicos y técnicos, y con la interposición en tribunales de recursos contencioso-administrativos.
Para la FCM la manifestación del 27 de septiembre de 2002, en la que en torno a 10.000 personas recorrieron las calles de Arrecife para pedir que no se construyera “ni una cama más”, y la aprobación de las Directrices Generales y de Ordenación del Turismo por parte
del Gobierno regional en 2003, confirmaban una sensibilidad generalizada hacia el fenómeno del crecimiento urbanístico desbocado, e iniciaba, por parte del Ejecutivo canario, un camino, aún incipiente y contradictorio, pero estimulante, hacia unas
políticas de contención del crecimiento turístico, siguiendo la estela de las normativas
territoriales aprobadas en Lanzarote unos años antes.
Según esta institución, a partir de ese instante, se han venido produciendo diversos movimientos para
romper ese statu quo por parte de determinados grupos de poder. Así se recogió en el comunicado que la FCM envió en 2006 con motivo de la polémica suscitada en torno
al PTE, en el que esta institución mostraba su convicción de que existía “una operación concertada, a gran escala y sin precedentes, promovida desde ámbitos empresariales y
políticos, que persigue desmantelar los avances que se han producido en la isla durante los últimos 15 años en materia de control del crecimiento turístico y ocupación del suelo”.
Una convicción que partía de los recursos presentados por promotores y los ayuntamientos de Yaiza y Teguise contra la moratoria, los intentos de anular la modificación puntual nº 1 del PIOT que limitó la implantación de campos de golf en la isla, o las maniobras efectuadas para que el PTE incluyera a toda costa diversos
proyectos de ocio complementario estandarizadores y grandes consumidores de suelo.
En definitiva, este panorama pone de manifiesto, a juicio de la FCM, "la existencia en Lanzarote de dos
modelos económicos y urbanísticos claramente confrontados. Por un lado, un modelo fundado en reglas que permitan compatibilizar la calidad de vida ciudadana y el respeto
a los excepcionales valores naturales y culturales de la isla, con una industria turística singularizada, limitada y ordenada territorialmente. Por otro, un modelo desregulado y sin límites, gobernado por los ritmos del mercado y la ausencia de regulaciones
urbanísticas restrictivas".
"A día de hoy" -dicen-, "las sentencias emitidas por los tribunales que anulan las licencias han venido a demostrar que los pleitos interpuestos por la FCM y el Cabildo de Lanzarote acertaron al denunciar una operación masiva y sistemática de fraude en la concesión de licencias turísticas y residenciales en Yaiza y Teguise".
Hasta el momento, la FCM ha interpuesto 23 recursos contencioso-administrativos, de los cuales 14 han obtenido
sentencia firme favorable, anulando 6.000 camas. Del resto de recursos, se cuenta ya con un fallo en primera instancia sobre el Plan Parcial Playa Blanca, que anuló otras 4.500 camas. "Un escenario que, como es lógico, está creando una inestabilidad política, social y económica poco deseable que, sin duda, es necesario solventar en el marco de la ley y depurándose las responsabilidades que se deriven de la gravísima situación urbanística que se ha generado", subrayan.
En este contexto, el Gobierno de Canarias, a través del consejero de Política Territorial, ha participado por primera vez en el litigio sobre las licencias ilegales de
Lanzarote para anunciar la voluntad de impulsar la aprobación de una Ley de Medidas Urgentes que podría incorporar "una auténtica ley de amnistía o de punto final", con dos objetivos fundamentales:
- Por un lado, "desactivar mecanismos de contención del crecimiento turístico, eliminando regulaciones y facilitando la ocupación de nuevo territorio, confrontándose de esta manera con las emergentes políticas de control del crecimiento iniciadas en
2003 con las Directrices regionales, y confrontándose también con la emergente sensibilidad social en este ámbito en el contexto del Estado".
- Por otro lado, la propuesta plantea una "ley de amnistía o punto final que servirá, en el caso de los hoteles y apartamentos de Lanzarote con licencias anuladas, contradecir y, eventualmente, cuestionar decisiones firmes de los tribunales, en un claro conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial, que deja perplejos a los ciudadanos".
Ley de Medidas Urgentes
Ante esta situación, la FCM quiere manifestar que la Ley de Medidas Urgentes supondría un "cambio radical de rumbo en cuanto al modelo turístico y conllevaría un retroceso en la política de protección del territorio y
contención del crecimiento turístico", que acarrearía graves consecuencias.
Además,consideran que esta Ley, en lo que concierne a la situación de los hoteles y apartamentos de Lanzarote con licencias anuladas por los tribunales, implicaría "legislar en función de los intereses particulares de grupos de presión económica y distanciarse de cuestiones de interés general que conectan con una amplia sensibilidad social en las Islas desde hace
décadas. En una decisión guiada por el cortoplacismo, se pretende crear una norma para unos pocos privilegiados, demostrando claramente que no se legisla de la misma
manera para todos los ciudadanos".
En opinión de la FCM, la propuesta de Ley, en cuanto a la salida que ofrece a los hoteles y apartamentos ilegales de Lanzarote, supondría una "burla al principio de igualdad y legalidad y al amparo que ofrece el ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos. La santificación ahora de las irregularidades representa, a juicio de la FCM, un agravio o un trato de favor respecto de los que sí se ajustaron a la legalidad y, por otro lado, incentiva asimismo la propagación en el futuro de conductas similares, todo lo cual hace cundir el desánimo en la ciudadanía y resulta además escasamente formativo en el plano de
los valores".
"No se debe olvidar" -matizan- "que estamos ante una operación masiva de ilegalidades urbanístico-turísticas, que el Gobierno de Canarias vendrá ahora a bendecir. La
conclusión que se extrae de esta medida es que el Gobierno legitima la impunidad, porque a las ilegalidades confirmadas por los tribunales no les acompaña ninguna
medida de carácter punitivo o de compensación a la sociedad por el daño hecho, sino que simplemente las convalida como legales".
La FCM rechaza, por tanto, las declaraciones del consejero de Política Territorial, ya que "desampara a quienes se han implicado en un proceso de defensa de la legalidad
territorial y de contención del crecimiento turístico, y se enfrenta al acuerdo democrático del Cabildo de Lanzarote de establecer mecanismos de control al
urbanismo desenfrenado". La FCM lamenta, además, que el Gobierno canario se haya mantenido "al margen" de la persecución de las ilegalidades urbanísticas de Lanzarote
relacionadas con la Moratoria y que pretenda ahora irrumpir con una ley de punto final
que deja desamparados a quienes han defendido el ordenamiento urbanístico y territorial".
La situación de excepcionalidad y de conflicto social, político y económico ha sido provocada, en opinión de la Fundación, por el comportamiento de las Administraciones públicas y, en su caso, promotores concernidos en las licencias que los tribunales han declarado ilegales. La
FCM rechaza, por tanto, el argumento de que los hoteles y apartamentos implicados hayan vulnerado exclusivamente cuestiones formales de la ley, de ahí que no puedan
regularizarse por el procedimiento habitual, retrotrayendo el expediente y obteniendo una nueva licencia.
"De haberse tratado de meros errores formales, es impensable que el Gobierno intentara valerse de la utilización de la figura excepcional de una ley, sino que habría solucionado el conflicto por los trámites legales habituales. Decir que se trata de cuestiones formales es un fraude a la opinión pública, porque en no pocos de esos
casos, según demuestran informes técnicos del Cabildo, se han vulnerado la Ley del Suelo, la Ley del Turismo de Canarias, la Moratoria, las Directrices, el Plan Insular de
Ordenación, el planeamiento municipal, las ordenanzas de los Planes Parciales donde se ubican, e incluso los contenidos de las propias licencias, añaden.
Para la organización, nos encontramos, pues, ante una situación que la FCM considera completamente inaceptable, y que de consumarse supondría una burla a las decisiones de los tribunales que deja desamparadas a las Administraciones públicas e instituciones que han
interpuesto los recursos, pero sobre todo a los ciudadanos y empresarios que han cumplido la Ley.
Por ello, desde la FCM se solicita al Gobierno de Canarias que desista en su intención de incluir en la Ley de Medidas Urgentes cualquier disposición tendente a legalizar los hoteles y complejos de apartamentos de Lanzarote declarados ilegales por los tribunales.
En este sentido, adelantan que si el Gobierno de Canarias persiste en su empeño de aprobar una ley de punto final, la FCM se vería comprometida, para defender el estricto
cumplimiento de las leyes que tienden a la contención del crecimiento turístico, a emprender cuantas acciones judiciales - dentro del ordenamiento legal de nuestro
país y del ámbito europeo- y de movilización social que considere oportunas, con el propósito de impedir la entrada en vigor de esta ley y, en su caso, los efectos que
persigue para Lanzarote.
