La Fundación César Manrique (FCM), una vez analizado el Anteproyecto de Ley de
Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y
la ordenación del turismo, advierte que la Ley de Medidas Urgentes presentada por el Gobierno de
Canarias, que está siendo tramitada actualmente en el Parlamento, pretende "la
legalización encubierta de los hoteles que se encuentran con licencias
anuladas, ya que elimina el carácter vinculante del informe de
compatibilidad con el PIOT a través de las disposiciones recogidas en el punto
primero de la Disposición Adicional Tercera de la Ley".
En esta Disposición se recoge, según una nota difundida por la FCM, que "los
informes urbanísticos que deban emitir los cabildos en aquellos supuestos donde el
planeamiento municipal no se encuentre adaptado al Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos, a las Directrices
Generales de Ordenación o a los Planes Insulares, o no se haya aprobado el preceptivo
Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular, y cuyo contenido debe
determinar la compatibilidad de un determinado proyecto con el Plan Insular de
Ordenación, sólo tendrá carácter vinculante respecto de la comprobación de tal
adecuación con las determinaciones necesarias y facultativas del Plan Insular de
Ordenación reguladas en los artículos 18 y 19 del texto refundido y siempre que dicho
Plan insular se encuentre adaptado al mismo (DL-1/2000, de 8 de mayo), así como a la
Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y
de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. En caso de que el Plan
Insular de Ordenación no se encuentre adaptado a dicho marco normativo,
el informe que en base a sus previsiones emita el cabildo insular, aunque
preceptivo, no tendrá carácter vinculante”.
En este sentido, la Fundación recuerda que, "por un lado, actualmente ninguna isla, salvo La Gomera, tiene su
Plan Insular adaptado tanto al Texto Refundido como a las Directrices, y en el caso de
Lanzarote no lo tiene adaptado a ninguna de las dos normativas, por lo que la
Disposición Adicional Tercera sería aplicable en la isla".
Por otro lado, es importante
precisar que "gran parte de las licencias anuladas por los tribunales a los hoteles de
Lanzarote se han basado, precisamente, en la ausencia del informe de compatibilidad,
que pasaría ahora a ser preceptivo pero no vinculante, y que haría perder al Cabildo
toda su capacidad de control sobre el cumplimiento de la moratoria y la verificación de
los proyectos para valorar si se ajustan a las licencias y al planeamiento municipal e
insular".
"El informe de compatibilidad con el PIOT, piedra angular para
controlar y hacer cumplir efectivamente las determinaciones incluidas en
los planes insulares, se vaciaría de contenido, dejando la puerta abierta para que
se produzcan actitudes discrecionales, en particular en el ámbito municipal, a la hora
de aprobar los proyectos urbanísticos, en la medida en que pierde la fuerza de su
carácter vinculante", dicen.
La FCM considera que esta modificación sustancial y decisiva de la Ley
podría ser "clave, en el caso de los hoteles ilegales de Lanzarote, cuando se
reinicien los expedientes para restablecer la legalidad vulnerada, ya que el
informe de compatibilidad que, hasta ahora, debía redactar el Cabildo para dilucidar el
ajuste o no al PIOT de los proyectos presentados, podría quedar relagado a un simple
formalismo dotado de un valor jurídico muy débil".
Por tanto, a juicio de la FCM, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de
Canarias "pretende, por medio de la inclusión de unas breves y confusas líneas en la
parte final del articulado de la Ley, modificar sustantivamente la capacidad del
Cabildo de hacer cumplir el Plan Insular, y, así, facilitar torticeramente el
camino de la legalización de los hoteles ilegales en Lanzarote, en una actitud
legislativa absolutamente inaceptable que eliminaría un decisivo instrumento legal de
los cabildos insulares y abriría la puerta a la resolución del conflicto de los hoteles
ilegales por la vía rápida y sin que el interés general sea compensado por el daño
causado, en el marco tasado por la Ley".
La FCM censura la actitud subrepticia del
Gobierno de Canarias, que ha utilizado una disposición adicional de la Ley para cambiar
el statu quo e introducir una nueva regulación en un aspecto fundamental de la
ordenación territorial y el control del crecimiento turístico. "Esta disposición adicional,
además de correr el riesgo de convertirse en un coladero para la legalización de los
hoteles, supone un intento de desactivar los planes insulares de ordenación territorial
y regresar al urbanismo municipalista, e implicaría una involución que limitaría el
alcance de la ordenación territorial insular", explican.
Por otro lado, y en el análisis global del texto de la Ley de Medidas Urgentes, la
FCM considera que los nuevos aprovechamientos turísticos permitidos por la
Ley como incentivos a la renovación de la planta alojativa, "son a todas luces
excesivos, y suponen una contradicción frente a la pretensión de limitar el
crecimiento turístico en Canarias. En este sentido, a través de la Ley, y bajo la excusa
de incentivar la renovación de las instalaciones alojativas, se acrecentaría el problema
de la sobreoferta turística existente actualmente".
Asimismo, explican que en lo que concierne a las determinaciones incluidas en el texto
referentes a la nueva ordenación del suelo rústico, la Ley facilita "el consumo de
nuevo territorio, relaja los requisitos que el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias establece para la construcción en ese tipo de
suelo, y vuelve a confrontarse con los criterios, más sostenibles, que apuntan a la
colmatación del suelo urbano antes de permitir la colonización de más suelo rústico".
En definitiva, la FCM entiende que la nueva Ley de Medidas Urgentes representa un
cambio radical de rumbo en cuanto al modelo turístico y conllevaría "un
gravísimo retroceso en la política de protección del territorio y contención del
crecimiento turístico. La propuesta de Ley, en cuanto a la salida que propicia a los
hoteles y apartamentos ilegales de Lanzarote, supondría una burla al principio de
igualdad y legalidad y al amparo que ofrece el ordenamiento jurídico a todos los
ciudadanos. Hay que volver a recordar que, en el caso de Lanzarote, estamos ante una
operación masiva de ilegalidades urbanístico-turísticas, que el Gobierno de Canarias
vendría ahora a convalidar, de facto, a través de un cambio legal que deja a los cabildos
y a las políticas de contención del crecimiento sin una de sus piezas de control
fundamentales".
Por todo ello, la FCM solicita la retirada de la Ley de Medidas Urgentes por
considerarla "un paso atrás en el planemiento territorial y en el control de la
ocupación del suelo y, en cualquier caso, la eliminación del primer punto de la
Disposición Adicional Tercera del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes, por
considerar que implica cercenar la capacidad de los cabildos insulares para controlar el
cumplimiento de los planes insulares y el control del crecimiento urbanístico en las
islas".
Para la FCM, el Proyecto de Ley, en los términos en que está redactado, provocará un
daño "incalculable e irreversible sobre la fisonomía territorial canaria, y supone una
clarísima involución en el proceso seguido en los últimos años por las diferentes
administraciones públicas de las islas en la dirección de alcanzar un mayor control del
crecimiento turístico y una ampliación de la protección del suelo rústico".
