Los 40 plenarios de la Cámara de Comercio de Lanzarote se niegan a votar la única lista de seis vocales "impuesta desde el Gobierno canario", que rechazó la pasada semana los ocho candidatos de los promotores
Los 40 miembros plenarios de la Cámara de Comercio de Lanzarote se negaron este lunes al mediodía a votar la elección de los seis vocales en el acto celebrado en Arrecife, en el que también estaba previsto que se designaran al presidente, a los miembros del Comité Ejecutivo, a los vicepresidentes y al tesorero.
Los candidatos a los seis cargos de vocal, como se recordará, están insertos en la única lista que el órgano tutelante, en este caso la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, ha considerado válida, es decir, la propuesta por la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).
Y es que Industria rechazó el pasado viernes la lista con seis vocales propuesta por los promotores, alegando que debían ser las confederaciones intersectoriales más representativas, pero del territorio regional y no las de la Isla, las que dispusieran tales nombres.
Por ello, los promotores entienden que el Gobierno canario está “intentando imponer” a ciertos representantes como vocales. De hecho, siete de las ocho miembros propuestos eran candidatos en las pasadas elecciones camerales por Empresarios Por Lanzarote (Bienvenido Saavedra, Gregorio Armas, Agustín Hernández, Beatriz Salazar, Félix Rodríguez, Ginés Alonso y Juan Guerra).
Así, el futuro presidente de la Cámara, Eduardo Spínola, se encaró con el director general de Comercio del Ejecutivo regional, Arturo Cabrera González, se levantó en el salón de actos del hotel Lancelot y, en representación de los 40 plenarios, afirmó que lo 40 plenarios no iban “a votar a nadie”.
“Consideramos que esto es un fraude de ley. No aceptamos su resolución”, dijo, a lo que el representante del Gobierno autónomo respondió afirmando que sólo se estaba cumpliendo con la ley. Spínola se dirigió entonces a sus compañeros y dijo: “Que levante la mano el que quiera votar”. Así, uno por uno, los promotores fueron nominados uno a uno y negándose a ejercer su derecho al voto, corroborando las palabras de Spínola bajo el lema “la Cámara somos nosotros”.
Tras un minuto de aplausos, la discusión volvió a iniciarse. “Ésta es una candidatura que debería votarse, independientemente de cuál fuera el resultado que saliera al final”, explicó Arturo Cabrera, a lo que Spínola respondió recomendando al director general de Comercio que no intentara “influir en la decisión de los plenarios”.
¿Y ahora qué?
A juicio de los promotores, el paso siguiente radicaría en que la Cámara echara a andar con los 40 plenarios actuales. Spínola recordó que la propia Ley de Cámaras de Comercio de Canarias ya estima este supuesto. "En su punto duodécimo dice que 'la no designación de los miembros del Pleno procedente de la propuesta de la Comisión de Empresarios, por falta de candidatos suficientes o por cualquier otra circunstancia, no impidirá la válida constitución del citado órgano".
De hecho, un informe del Consejo Superior de Cámaras avala dicha teoría. "Al estar expresamente prevista la posibilidad de la no desgnación de los miembros del Pleno procedente de organizaciones empresariales, esta circunstancia no impidiría la válida constitución del Pleno".
Por ello, los promotores esperan que la Orden de la Junta Electoral que debe convocar el Pleno sea emitida a la mayor brevedad posible. En el punto décimo-tercero de la misma Ley, se asegura que "dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo establecido para la toma de posesión de los vocales colaboradores, la Junta Electoral procederá a realizar la convocatoria para la toma de posesión del Pleno".
Una vez levantada la sesión, el director general de Comercio del Gobierno canario, Arturo Cabrera, explicó que tras este levantamiento serán los servicios jurídicos de la propia Cámara de Comercio los que tendrá que aclarar qué pasos seguir ahora. “Se hará una consulta, pero hay que recordar que la Cámara está compuesta por 46 miembros, 40 por sufragio -ya elegidos en las pasadas elecciones de abril- y estos seis miembros, que se eligen a propuesta de las organizaciones empresariales intersectoriales más representativas, en este caso las dos confederaciones canarias de empresarios, según reconoce la Consejería de Empleo y Trabajo que, a través de la Dirección de Trabajo”.
Ésta certifica que el grado de representatividad de las confederaciones viene dado por el estatuto de trabajadores, “con un 15% de representación a nivel nacional y un 10% a nivel autonómico” en este caso.
Según Cabrera, la actual Ley de Cámaras de Comercio contempla la necesidad ineludible de que sean elegidos los seis vocales del ente cameral. “La confederación de Empresarios es la única que tiene la potestad de presentar a los vocales colaboradores, puesto que es intersectorial. Es un derecho de la Confederación, tal y como recoge la Ley Canaria de Cámaras y la nacional, y una obligación entre los camerales el elegir entre ellos”, dijo.
La versión de los promotores
Por su parte, los promotores acusaron en su rueda de prensa posterior al presidente del Gobierno canario, Adán Martín, y a su Gobierno, de inmiscuirse en los asuntos de interés empresarial y de tratar, “por todos los medios, de impedir la emancipación cameral lanzaroteña”.
“Desde hace cuatro años, cuando se inició el proceso de independencia de la Cámara de Comercio de Lanzarote, Adán Martín, entonces consejero de Economía y Hacienda y ahora presidente del Gobierno de Canarias, ha puesto todos los impedimentos a su alcance para intentar impedir nuestra emancipación cameral”, afirmó Eduardo Spínola, en representación de los promotores. “Hace cuatro años, al negarse a crear la Cámara dentro de sus competencias, no nos quedó otra opción que proponer una Ley Autonómica de Cámaras a través de una Proposición de Ley presentada por el Cabildo de Lanzarote”, recordó. “Luego, una vez constituida la Ley, se nos pidió la recogida de unas 5.000 firmas que avalaran la constitución de la Cámara de Comercio, y se nos obligó a autentificar cada una de las firmas ante notario”, agregó.
Tras el decreto de creación de la Cámara, en abril de 2005, “se nos ha hecho esperar al resto de elecciones en las otras cámaras de España para acabar de constituir la nuestra”. Spínola recordó la introducción de la Disposición Adicional Primera en la Ley, “por la que a la Cámara de Lanzarote se le despoja de su parte de patrimonio común de la Cámara de Las Palmas, exigiendo que éste se quedara para la Cámara de Gran Canaria”. Comparó, además, el proceso de descentralización vivido en Canarias con el de Baleares, “mucho más rápido, y que ha permitido dejarle a las nuevas cámaras de Ibiza y Formentera el patrimonio que le corresponde según sus ingresos”.
Además, dijo que “en el proceso de las elecciones, el Gobierno y el partido político que lo sustenta, han apoyado descaradamente la candidatura presentada por la Confederación Canaria de Empresarios, aportando una serie de informes sesgados y sin base alguna, llegando incluso a inventarse la ridícula teoría de que la representación empresarial se traspasa por irradiación desde una organización a otra, llegando incluso su presidente insular -Mario Pérez- a votar a favor de esa opción en representación de la empresa pública Inalsa.
“El Gobierno de Canarias debe mantenerse al margen de los procesos empresariales”, afirmó Spínola, “respetando escrupulosamente su soberana independencia, sin inmiscuirse ni entrometerse en su ámbito de actuación, ni anular o cuestionar sus soberanas decisiones”.
El portavoz de los promotores explicó que el pasado 8 de junio de 2006 se reunió la Junta Electoral formada para las elecciones de la Cámara de Comercio de Lanzarote. “En dicha reunión se acordó la aceptación de las dos listas de candidatos presentadas para las elecciones de los seis vocales colaboradores por parte de las organizaciones empresariales intersectoriales más representativas de Lanzarote”. Una de ellas fue presentada por los propios promotores y la otra, presentada por la patronal canaria, y encabezada por la Confederación Canaria de Empresarios.
Spínola alegó que la ley 18/ 2003 de 11 de abril de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias dice con claridad en su artículo 10, punto 2b, que los vocales colaboradores deberán ser propuestos por las organizaciones empresariales más representativas del ámbito territorial de la correspondiente Cámara, “es decir, de Lanzarote”.
Según los promotores, la Confederación Canaria de Empresarios no representa a todos los empresarios de Canarias, sino “sólo a los de Gran Canaria, isla en la que tiene su ámbito de actuación y su esfera exclusiva de preocupaciones”.
No se entiende, a juicio de la Promotora, “qué pinta una organización empresarial de Gran Canaria intentando introducir a personas en la Cámara de Comercio de Lanzarote, que está fuera de su ámbito territorial”.
Como se recordará, el Gobierno de Canarias apoyó la pasada semana el recurso interpuesto por Empresarios por Lanzarote y desestimó la candidatura propuesta por la Promotora, dando paso a la aceptación de los vocales que Empresarios por Lanzarote ha tenido a bien presentar como candidatos idóneos para ostentar los seis puestos de vocales del Pleno.
La Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias fundamentó este fallo a favor de la confederación provincial en los antecedentes que se habían dado en Fuerteventura y Tenerife.
En este sentido, los problemas en Fuerteventura ya están solventados según Cabrera. “La Confederación Canaria de Empresarios aceptó finalmente la candidatura presentada por otros empresarios. Y en Tenerife parece que las cosas también se arreglarán”, dijo el director general de Comercio, para el que lo deseable es que, “tras más de un año desde el decreto de abril de 2005 por el que se reconocía la existencia de la Cámara, lo que hace falta son estos órganos para que la Cámara eche a andar y comience con el trabajo que tiene que hacer, que hay mucho”, concluyó.
