La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha visto este martes como se hacía efectiva su orden de apertura inmediata de la bodega Stratvs, la bodega de Lanzarote que fue clausurada cautelarmente hace casi cuatro años, desde diciembre de 2013, porque la Fiscalía consideraba, entre otras cosas, que suponía "el peor atentado medioambiental" que ha sufrido la Isla desde que es Reserva de la Biosfera.
A pesar de que la Audiencia ordenó la "apertura inmediata" de la bodega propiedad del empresario Juan Francisco Rosa, han tenido que transcurrir hasta ocho días para que tres agentes del Servicio de la Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil -dos de ellos desplazados desde Gran Canaria a Lanzarote- ejecutaran la orden del desprecinto sobre las once de la mañana.
La decisión se produce después de que la Audiencia rechazara el recurso de súplica de Transparencia Urbanística (TU), al que se sumó la Fiscalía, que alegaba que el plazo máximo de cierre cautelar es de cinco años previsto según lo previsto por la Ley. Ahora los tribunales entienden que las actuales circunstancias obligan a levantar la medida cautelar de estos casi cuatro años.
Al acto de reapertura de la bodega han asistido los hijos de Juan Francisco Rosa, su abogado, un notario, los tres agentes de la Guardia Civil y empleados de la bodega. El propietario ha preferido mantenerse fuera del objetivo de los medios en este día que la familia ha calificado de "histórico". Ha sido precisamente la encargada de las instalaciones la que ha roto el precinto tras el levantamiento del pertinente acta dictado in situ por los agentes del Instituto Armado. Desde que se han retirado los distintos precintos que se habían colocado en distintas dependencias de todo el establecimiento, los empleados de la bodega han entrado para comprobar en primera persona en qué estado se encuentran los depósitos y las amplias instalaciones del recinto tras su cierre cautelar.
La Sección Sexta de la Audiencia valora en este sentido el cierre cautelar y señala que deben tenerse en cuenta las consecuencias económicas y sociales del cierre, así como las consecuencias para los trabajadores y los viticultores afectados. La Audiencia recuerda en su auto del pasado 27 de junio que la bodega lleva casi cuatro años cerrada, mientras que la pena que podría imponérsele al propietario, en caso de resultar condenado, podría no superar ni siquiera los dos años.
Cabe recordar que ya desde enero de este año la Audiencia de Las Palmas fue proclive a autorizar la reapertura de Stratvs. La Audiencia había avalado esa clausura preventiva de Stratvs en su momento, pero una vez concluida la instrucción de la causa penal en la que se discute la legalidad de la bodega, en un supuesto caso de corrupción urbanística, que ha celebrado el primero de sus dos juicios orales en junio pasado, revisó su decisión sin entrar a valorar el fondo del asunto, sino solo la duración de esa medida, que consideraba ya "excesiva".
Presentada en su inauguración, en 2008, como "la bodega más moderna de Europa", con una inversión de 18 millones de euros, Stratvs fue clausurada dentro de una causa penal en la que su propietario, el empresario Juan Francisco Rosa, se enfrenta a una posible condena de 15 años de cárcel por delitos contra el medio ambiente, prevaricación urbanística, falsedad y estafa, delitos que finalmente en el juicio de junio pasado quedaron reducidos a tráfico de influencias y a inducción a la prevaricación.
La Fiscalía de Canarias sostiene que Rosa consiguió abrir esa bodega con permisos de una ilegalidad "flagrante", gracias a la complicidad del alcalde de Yaiza en aquellos momentos, Juan Francisco Reyes, para el que el pide siete años, y la entonces concejal y hoy, Gladys Acuña, a la que exige tres años y 10 meses.
La investigación llevada a cabo en este caso por el Juzgado número 5 de Lanzarote puso de manifiesto que los propietarios de Stratvs solicitaron licencia para rehabilitar una vivienda y construir un almacén-bodega de 900 metros cuadrados en el paraje protegido de La Geria, pero demolieron la vivienda, levantaron una más grande y abrieron un restaurante, una tienda, una terraza y una bodega. En total, 12.000 m2 y, parte de ellos, en terrenos ajenos.
La Sección Sexta de la Audiencia precisa en su auto que no le corresponde ahora entrar a valorar la legalidad o ilegalidad de bodega, porque eso se verá en el momento del juicio, fijado ya para los días 19 a 24 de junio, sino solo si procede o no mantener una medida cautelar como la dictada en diciembre de 2013.
El Tribunal aporta dos razones para corregir su decisión anterior: el hecho de que los propietarios de la bodega han presentado estudios en los que defienden que la instalación no vierte aguas residuales y que en esa zona no hay acuíferos que puedan resultar contaminados, y el final de la instrucción.
Respecto al primero (una de los cargos que se imputan a Rosa es el de contaminar los acuíferos del paraje natural protegido de La Geria vertiendo aguas sin depurar), la Audiencia los da por "válidos", sin prejuzgar lo que pueda opinar sobre su contenido cuando le corresponda juzgar el caso en junio.
En cuanto al segundo, estima que una vez concluida la instrucción de la causa, la clausura cautelar de la bodega "no puede mantenerse de forma indefinida sobre la base de unos indicios que, ahora en juicio oral, deberán convertirse en prueba, pues de lo contrario se habría causado un perjuicio a la actividad del solicitante de difícil reparación".
"Esa duración excesiva de la medida cautelar, conexa con la duración del procedimiento, debe llevarnos a acceder a la pretensión del levantamiento de la medida cautelar solicitada, de modo que sea en el juicio oral, de inminente celebración ya en esta Sala, donde se haya de acreditar por la acusación la concurrencia de los elementos de los delitos que son objeto de la misma", añade la Audiencia.
