La Sala Bis de la Audiencia Provincial de Las Palmas, desplazada hasta Arecife, retoma este lunes, desde las 10:30 horas, el juicio por el caso Unión con la prueba testifical de un total de 14 testigos.
En la tercera jornada de este primer juicio de la octava pieza de la Operación Unión, iniciada en mayo de 2009, el exalcalde de Arrecife Enrique Pérez Parrilla, el actual regidor de la capital, Manuel Fajardo, la exconcejal del PIL -actualmente en el Grupo de los No Adscritos- Emilia Perdomo, el exconcejal de Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M)Andrés Barreto, y la exsecretaria municipal Asenet Padrón, serán algunos de los testigos llamados a declarar por el fiscal, Javier Ródenas.
Para esta sesión matinal están previstos también los testimonios de los técnicos Juan Manuel González Rodríguez, María del Carmen Villaverde y Pilar Machín. También se ha previsto la comparecencia del secretario accidental de Arrecife, solicitada en las cuestiones previas de primer día.
Por su parte, la defensa intentará desmentir la confesión del pasado jueves del exconcejal de Hacienda en Arrecife José Miguel Rodríguez, quien llegó a admitir en sala que "todos los concejales del PIL sabíamos que Batllori cobraba por no realizar trabajo alguno para Arrecife", con los testimonios, esta tarde, de la consejera del PIL María José Docal y los técnicos municipales Roberto Acuña y Antonio Cabrera, además de la prueba testifical del actual interventor de Arrecife, Carlos Sáenz.
El primer juicio de la llamada Operación Unión, en el que se trata de verificar si el exviceconsejero de Justicia del Gobierno canario Francisco José Rodríguez Batllori cobró de Inalsa y del Ayuntamiento de Arrecife unos 40.000 euros cuando según la Fiscalía solo asesoraba personalmente al exlíder del PIL, Dimas Martín, sobre su situación penitenciaria, cuenta con seis acusados de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Además de Batllori y Dimas Martín, que no se reconocieron en las conversaciones telefónicas ni en las cartas que según la UCO de la Guardia Civil se intercambiaba, y para los que la Fiscalía solicita seis años de prisión, figuran también como acusados el referido José Miguel Rodríguez -para el que el fiscal solicita un año de prisión-, la exconcejal de Recursos Humanos de Arrecife María Luisa Blanco, la exgerente de Inalsa Plácida Guerra y el exgerente de la empresa pública de aguas de Lanzarote Rafael Elorrieta. La Fiscalía pide en el caso de estos tres últimos procesados la pena de prisión de 5 años.
