La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la preferencia de la Justicia de Marruecos para investigar la muerte en el Sáhara Occidental del español Baby Hamday Buyema, que se produjo durante los disturbios que tuvieron lugar el 8 de noviembre de 2010 en el campamento de Gdeim Izik.
Así lo indica el tribunal en un auto en el que rechaza el recurso de apelación que la Liga Española Pro Derechos Humanos, que se querelló contra tres ministros marroquíes y el gobernador de El Aaiún por estos hechos, presentó contra la decisión del juez Ismael Moreno de cursar una comisión rogatoria a la Justicia marroquí para saber si estaba investigando estos hechos.
Los magistrados Ángela Murillo (presidenta y ponente), Teresa Palacios y Carmen Paloma González consideran "absolutamente acertada" la decisión del juez instructor y ponen de manifiesto "el carácter preferente de las jurisdicciones del lugar de comisión de los hechos o de la nacionalidad de sus autores", a fin de evitar "la duplicidad de procesos".
Los allegados de la víctima aseguran que "a la jueza Angela Carrillo no parece importarle nada la vida de este ciudadano español de origen saharaui, asesinado de manera cruel en El Aaiun por las fuerzas de represión marroquíes, el día del asalto al campamento de Gdeim Izik. Deja en manos de Marruecos este asesinato, cuando está demostrada la brutal represión del estado ocupante del Sahara Occidental contra la población saharaui. La jueza sigue la doctrina PSOE- Rubalcaba, dar por válida la versión marroquí, y a mirar para otro lado. Luego tendrán que venir los organismos internacionales una vez más a sacar los colores a España".
Tras señalar que el juez no debe pronunciarse sobre la admisión o no de la querella interpuesta "en tanto se acredite la existencia o no de investigación de los hechos por la Administración de Justicia de Marruecos", los magistrados de la Sección Cuarta destacan el "compromiso común a todos los estados" en la "persecución de tan atroces crímenes, que afectan a la comunidad internacional".
Delitos de lesa humanidad
El juez Moreno dictó en noviembre de 2010 un auto en el que, a instancias de la Fiscalía, pedía información a Marruecos para saber si estaba investigando estos hechos, en los que además del ciudadano español murieron un centenar de personas y desaparecieron otras 600, según los cálculos de la asociación querellante.
El fiscal Pedro Martínez defendió que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de lesa humanidad en un escrito en el que aseguraba que la actuación de la policía marroquí se dirigió contra "un colectivo muy determinado que reúne los requisitos para ser considerado un grupo nacional o étnico".
La querella está dirigida contra el ministro del Interior marroquí, Taieb Cherkaui, los titulares de Defensa y Asuntos Exteriores, así como el gobernador de El Aaiún, Mohammed Jelmous, el jefe de la Policía del cuerpo especial de los GUS y "aquellos policías todavía sin identificar que intervinieron directamente en el asesinato" de Baby Hamday Buyema. A todos ellos se les imputaban los delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinato, lesiones, torturas y secuestro.
Los hechos
Los hechos denunciados se remontan al 8 de noviembre, cuando el Gobierno marroquí autorizó a la Policía el desalojo por la fuerza del Campamento de la Dignidad, ubicado a unos 12 kilómetros de El Aaiún y en el que unos 20.000 saharauis reclamaban mejores condiciones sociales. La brutal intervención policial dejó más de 2.000 detenidos, 600 desaparecidos y un centenar de muertos, entre ellos el ingeniero español Baby Hamday Buyema, de 35 años, que trabajaba en una empresa de fosfatos.
