Según ha podido saber este diario, la Audiencia Provincial de Las Palmas ha emitido un oficio, registrado el pasado 8 de febrero en la sede del Cabildo de Lanzarote, en el que reclama información relacionada con el procedimiento abreviado que instruye el Juzgado Número 2 de Arrecife, en relación a los establecimientos turísticos con licencias anuladas por los tribunales, causa judicial por la que han sido imputados diversos representantes del Consistorio sureño, como el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes o el ex secretario municipal Vicente Bartolomé.
De esta forma, en el juzgado de Las Palmas investigan la actuación de Fajardo Palarea en el periodo en el que como consejero y vicepresidente se contrataron los servicios del letrado que estaba en su propio despacho para teóricamente pleitear contra las instituciones a las que en aquella época se acusó entre otras cosas de ocultarles información.
En el pleito que han venido manteniendo Cabildo y Ayuntamiento de Yaiza, el ex alcalde sureño José Francisco Reyes reconoció el pasado 4 de octubre del año 2009 ante la juez del Juzgado número 2 de Arrecife que recibió dinero de, al menos, cuatro empresarios, para obtener licencias en Playa Blanca o agilizar los trámites. El ex regidor está imputado por la concesión de permisos ilegales para la construcción de hoteles en Lanzarote.
Cabe recordar que recientemente la Fiscalía ha interesado, tras la denuncia interpuesta en julio de 2015 por Alternativa Ciudadana 25 de mayo, que los juzgados de la capital llamen a declarar en calidad de imputados tanto al ex alcalde de Arrecife Manuel Fajardo Feo -primo de Fajardo Palarea- y al mismo letrado Agustín Domingo Acosta. El Ministerio Público considera que existen indicios de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la concesión continuada de servicios jurídicos para el Ayuntamiento de Arrecife para el mismo abogado.
Petición de la Sala
En concreto, según el oficio, la Audiencia Provincial reclama “copia del expediente de contrato menor mediante el cual se procedió a contratar al letrado Agustín Domingo Acosta que tuvo como objeto la emisión del informe sobre las irregularidades advertidas en la concesión de licencias recurridas por el Cabildo de Lanzarote y posibles responsabilidades derivadas de su otorgamiento”.
Además, pide el acuerdo adoptado por la Consejería de Política Territorial, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico relativo al trabajo elaborado por el letrado sobre la petición de cuestiones penales que afectan al caso y la certificación acreditativa de las comunicaciones efectuadas por el Cabildo a los ayuntamientos de la Isla con referencia a las licencias de carácter urbanístico concedidas en el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la ley 7/1990 de 14 de mayo de disciplina urbanística y territorial, que estableció expresamente obligación, y el 5 de junio de 1998, fecha de aprobación inicial por parte del Cabildo de la revisión del Plan Insular, medida conocida popularmente como moratoria turística.
En la parte final del documento al que ha tenido acceso este diario es cuando la sala demanda el testimonio de los requerimientos dirigidos por el Cabildo a los ayuntamientos de la Isla en el sentido del cumplimiento de la obligación de comunicación a la que se hace referencia, así como aclarar el periodo de tiempo en el que Manuel Fajardo Palarea consejero y vicepresidente de la Primera Corporación insular.
