La Audiencia Provincial de Las Palmas ha anulado el auto de apertura de juicio oral dictado por la jueza del caso Unión, Silvia Muñoz, contra el imputado Luis Lleó, por el supuesto intento de soborno al exconsejero socialista del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino, al ordenar nuevas diligencias que la instructora rechazó indebidamente, anulando la vista preliminar celebrada y la fianza de 1,3 millones de euros. Desde el PIL ven un agravio que este tipo de frenos a la actual jueza no se hayan aplicado para su líder histórico, Dimas Martín, condenado la semana pasada a otros 5 años de cárcel.
El auto del pasado 8 de enero de la Sección Sexta de la Audiencia, tal y como recoge este viernes en su edición impresa el diario Canarias 7, estima parcialmente un recurso del imputado Luis Lleó, que pedía que se practicaran unas diligencias que la magistrada del caso había denegado indebidamente. Conlleva la nulidad del auto de apertura de juicio oral, dictado en su momento para enjuiciar un supuesto intento de soborno al exconsejero del Cabildo Carlos Espino.
En este sentido, y antes estas novedades en el caso Unión, desde el Partido de Independientes de Lanzarote, la consejera del Cabildo María José Docal ha dicho este viernes que no ve justo que no se aplique el mismo rasero al líder insularista Dimas Martín, que ha sumado estos días otros 5 años de prisión por esta causa judicial.
"Siguen dándose curiosidades que, desde luego, lo único que hacen es mortificar y molestar a muchas personas, pero esto es lo que hemos venido viendo en todos los casos en los que haya aparecido el nombre de Dimas Martín", ha afirmado Docal en el programa 'A buena hora' de Crónicas Radio-Cope Lanzarote.
Ahora la magistrada Silvia Muñoz deberá incorporar como pruebas los certificados de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que confirman que tanto el anterior juez, César Romero Pamparacuatro; como el secretario, José Ramón Vera Machín, se encontraban ausentes del juzgado, por baja o vacaciones, cuando firmaron hasta 15 ordenes de prórroga de intervención de comunicaciones y del secreto del sumario.
