La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha pedido este jueves al Gobierno de Canarias que actúe con responsabilidad y vele por la calidad del alojamiento de la vivienda vacacional como producto diferenciado y permeable a la sociedad canaria.
En un comunicado, esta asociación ha señalado que la vivienda vacacional es el mejor ejemplo de que el turismo se puede democratizar permitiendo a la población local beneficiarse directamente de un recurso y que no sea sólo indirectamente a través de un puesto de trabajo.
Ha asegurado que la "falta de espíritu" de regularización que se achaca por las pocas autorizaciones de vivienda vacacional se debe principalmente al "colapso" que sufren los cabildos por la "avalancha" de solicitudes de inscripción a la que no pueden atender por falta de medios, retrasándose la resolución hasta 18 meses.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ha señalado que este tipo de vivienda se consolida en la capital tinerfeña y ofrece más plazas que las hoteleras, lo cual ha afirmado que es muy beneficioso.
Desde Ascav se muestra preocupación por el hecho de que las competencias de regulación corresponden al Gobierno de Canarias y no a las corporaciones municipales, que, ha añadido, asumen decisiones que no les corresponden y que contradicen una norma de alcance autonómico "por muy desastrosa que sea, que lo es".
A esta asociación le constan las presiones que se sufren desde otros colectivos para restringir la vivienda vacacional, "causa principal por la que se le culpa insistentemente de la falta de vivienda para residentes".
A juicio de esta asociación, a nadie se le escapa que el Gobierno de Canarias no ha planificado ni construido vivienda social desde hace más de una década como es su obligación, y pregunta los motivos por los que los bancos y fondos buitres "siguen reteniendo miles de viviendas y no las sacan al mercado".
A ello, según Ascav, se suma, el incesante crecimiento de población y la precariedad salarial, que no permite al residente acceder a una vivienda digna.
Ascav aboga porque las viviendas tengan que ser de calidad y denuncia que hay viviendas vacacionales que se llevan dedicando desde hace siglos en las medianías en suelo rústico legalmente y que han sido comercializadas como "fincas" y que con el decreto en vigor han caído en situación de ilegalidad, precisan una solución urgente.
