jueves. 28.03.2024
El objetivo del concurso de acreedores es la viabilidad de la empresa. La nueva situación seguirá permitiendo afrontar tantas inversiones en la compañía como las que sean necesarias, aunque siempre con el visto bueno de los administradores judiciales

La Asamblea del Consorcio de Aguas ratifica la convocatoria del concurso de acreedores

José Torres Stinga: “La convocatoria del concurso viene a plasmar el fracaso de la política de este pacto, entre otras cosas porque nunca se había llegado a una situación tan grave en la empresa pública de aguas”

Fotos: Dory Hernández

En apenas quince minutos, y sin ninguna fisura, la Asamblea del Consorcio Insular de Aguas, presidida por Manuela Armas e integrado por el Cabildo y los siete ayuntamientos, ratificó los acuerdos alcanzados dos horas antes en el Consejo de Administración de Inalsa.

La empresa pública acaba de iniciar este viernes el procedimiento para la convocatoria voluntaria del concurso de acreedores. De esta manera, se paralizan todas las actuaciones judiciales, intereses y contratos alcanzados por la dirección de la compañía en los últimos años. Se paralizan además el acuerdo extrajudicial alcanzado estos días entre el PIL y la UTE para el aplazamiento del pago del laudo por un año.

En la Asamblea del Consorcio participó el que será asesor de Inalsa en el procedimiento iniciado, Juan José Cobo, ex juez de lo Mercantil y quien aplicara por primera vez a un club de fútbol la Ley Concursal, que permitió a la UD Las Palmas sanear en dos años una deuda superior a los 72 millones de euros.

El Consejo de Administración

La justicia nombrará a tres administradores judiciales. Un economista, un abogado y el propio juez serán el núcleo duro en la toma de decisiones del Consejo de Administración, que seguirá funcionando con la misma composición, aunque ahora apoyado por los administradores judiciales.

El objetivo fundamental de la nueva Ley Concursal, a la que se acogerá el concurso de acreedores, es la viabilidad de la empresa. Manuela Armas aseguró que la nueva situación seguirá permitiendo afrontar tantas inversiones en la compañía como las que sean necesarias, aunque siempre con el visto bueno de los administradores judiciales.

La postura de Haría

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, apoyó la decisión de Manuela Armas, aunque en declaraciones a los medios de comunicación apuntó que la convocatoria del concurso de acreedores “viene a plasmar el fracaso de la política de este pacto, entre otras cosas porque nunca se había llegado a una situación tan grave en la empresa pública de aguas”.

El primer edil de Haría cree que la deuda esgrimida este viernes por la consejera delegada del PIL, valorada en 38 millones de euros, es mayor. “Creo que se han quedado cortos”, dijo Torres Stinga.

La Asamblea del Consorcio de Aguas ratifica la convocatoria del concurso de acreedores
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