Los tribunales de justicia han dado finalmente la razón a la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) en el particular pleito que mantiene con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Edam Janubio-SPA, perteneciente al grupo de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Así lo iban a poner de manifiesto este martes -antes de la suspensión de última hora por motivos de agenda- la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, y el consejero delegado de la compañía, Mario Pérez, durante la rueda de prensa que se había convocado en el salón de plenos para dar a conocer los últimos acontecimientos en relación al laudo contra la empresa. Aunque el consejero delegado de la empresa no quiso avanzar el contenido de la rueda de prensa -y miren que insistimos con el sano propósito de adelantar la información y traerla fresca hasta sus hogares o hasta el lugar en el que habitualmente leen el periódico-, este diario pudo saber consultando las fuentes jurídicas del caso que de lo que se iba a hablar no es de otra cosa que de la decisión del Juzgado Número 13 de Las Palmas de suspender el procedimiento de ejecución del laudo dictado por la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas, de fecha 9 de junio de 2006, que condenaba a la empresa pública a pagar casi 10 millones de euros a la UTE Edam Janubio por no haber ejecutado el proyecto de construcción de una planta desaladora en el municipio de Yaiza. Como se recordará, y como recordamos ahora, Inalsa llevó a cabo la interposición de conflicto jurisdiccional de competencias ante el Juzgado Número 13 de Las Palmas de Gran Canaria en relación con el proceso de ejecución 1.075/06, instado por la UTE Edam Janubio, una acción que de momento les ha dado buenos resultados. Parece que soplan buenos vientos para la compañía, aunque la gran batalla todavía no se ha ganado.
