jueves. 28.03.2024

Todo el mundo sabe que la justicia en este país es lenta. Ahora, curiosamente, camina con mucha más lentitud para unos que para otros, sobre todo si los unos son, como diría el peluquero de guardia metido a columnista de opinión, “los que manejan los resortes del poder”. ¡Qué miedo dio aquello! Han pasado más de tres años desde que el Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote interpuso una querella enorme contra Carlos Espino Angulo, entonces, ya no, secretario general de los socialistas lanzaroteños. Desde esa fecha, poco o nada se sabe del asunto. Tanto retraso, tanta dilación, y la sospecha generalizada de que se está dejando pasar el tiempo para que no ocurra nada y no afloren en un juicio los múltiples pecados que cometió el espinismo en tiempos en los que se erigieron como la santa inquisición de Lanzarote, tienen muy mosqueado al personal. Es más, si no llega a ser por los dos empresarios que metieron la pata y que se fueron a la Audiencia Provincial de Las Palmas a pedir el archivo de la causa, tenemos la impresión de que poco o nada se habría vuelto a saber del tema.

Como saben los lectores de este diario, el mismo diario que los amigos de lo ajeno que conformaban el pelotón del espinismo se han querido quedar por la cara (les ha salido mal, como a la Fundación le salió mal eso de montar una radio y una tele), el Juzgado de Instrucción Número Uno de Arrecife admitió a trámite nada menos que en mayo de 2010 un querellón de treinta folios en el que se describen parte de los desastres de la guerra en los que convirtió el secretario general de los socialistas de entonces su gestión al frente de una empresa pública que ya no la conoce ni la madre que la parió. Como ya publicamos en su día, bastaba con leerse por encima el documento elaborado por el abogado Juan David García Pazos para darse cuenta, siempre que el lector tuviera un poco de sentido común y cierto grado de objetividad, de que el tema es mucho más grave de lo que se temían algunos, que pensaban que las informaciones periodísticas que precedieron a la interposición de la querella por parte del Consejo de Administración de los Centros eran papel mojado. En general, salvo el asunto de la página web bis de 50.000 euros (sí, entre las últimas actuaciones del genial gestor estuvo la de inventarse una página web paralela a la oficial para darle más de 50.000 euros a una empresa), no se contaba nada que no se supiera con antelación. Se aportaban eso sí datos relevantes sobre la forma en la que se despilfarraba el dinero de todos los habitantes de la isla de Lanzarote en los tiempos de gestión del espinismo. Pero poco más, aunque más que suficiente. Tras la admisión a trámite de la querella, se trataba simplemente de que algún juez averiguara en un tiempo prudencial si ese despilfarro formaba parte de una mala gestión o la cosa iba más allá como sospechamos la mayoría. Se trataba en definitiva de que el juez que instruyera la causa determinara si el mal uso del dinero público puede haberse hecho bajo la comisión de numerosos y graves delitos, entre los que destacan la malversación de caudales y el cohecho.

Espino, tan locuaz en otras ocasiones, ha preferido con este asunto ser muy prudente. Y ha hecho bien. La prudencia que no tuvo en asuntos que afectaban a otros ha sido fundamental para no levantar ronchas entre aquellos que imparten justicia y que de vez en cuando entran en connivencia con los que determinan que algunos asuntos duerman el sueño de los justos. Confiamos plenamente en que no sea este el caso, y que todo tenga que ver con los múltiples cambios que ha habido en el Palacio de Justicia de Arrecife. Es más, estamos convencidos de que tarde o temprano llegará un juez o una jueza que termine la instrucción y ponga fecha del juicio, porque juicio tiene que haber.

Como ya dejamos escrito en su día, la presunción de inocencia no le salva al ex secretario general (algunos creen que tanto él como los que están detrás de él siguen mandando en el PSOE conejero) de la crítica política, de lo insólito que resulta que cogiera una empresa en una situación de absoluta solvencia en junio de 2007, hiciera una alabanza tremenda de la gestión de Pedro San Ginés y de José Juan Lorenzo a finales de enero de 2008 en Madrid y saliera en octubre de 2009 dejando un agujero de más de 14 millones de euros y pagando facturas con pagarés. Como poco, habrá que encontrar explicación a semejante despropósito, y habrá que averiguar dónde fue a parar todo el dinero despilfarrado, quién lo cobró y por qué, en qué concepto. La querella, como admite el propio texto, está sin terminar. No fue fácil elaborar su contenido. Por decirlo suavemente, no todo el que trabaja dentro de la empresa pública estaba dispuesto a colaborar. Faltaba, por ejemplo, especificar los gastos en publicidad, tanto en medios de comunicación como en agencias, el tipo de trabajo de asesoramiento y de promoción que se hizo durante esta turbia etapa, si es que realmente se hizo, y otro pequeño etcétera que suponemos que se ha ido añadiendo durante estos años de investigación.

En la querella, que consta de un total de treinta folios, el letrado contratado a los efectos por los Centros Turísticos determina que los hechos narrados pudieran ser constitutivos de diversos delitos, entre los que destacan la prevaricación, el cohecho y la malversación de caudales públicos. El repaso por lo ocurrido en el ámbito político es fundamental, sobre todo el momento en el que el entonces responsable de la empresa pública decide destituir de su puesto a José Juan Lorenzo, alegando exclusivamente una “pérdida de confianza” que costó varios miles de euros a la empresa en concepto de indemnización. El tema de la famosa y polémica cocina de los Jameos del Agua contratada a la empresa Climafrical, las compras o los contratos de publicidad y asesoramiento a particulares o a empresas como V&A Asociados, incluyendo los pagos a su asesor Mario Alberto Perdomo, solidifican el grueso del escrito admitido a trámite en forma de querella.

La querella, la segunda que recibió el ahora cargo sin conocer del Gobierno de Canarias después de la denuncia interpuesta en noviembre de 2009 por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, viene avalada por la autorización del Consejo de Administración el 17 de febrero de 2010. Los miembros del Consejo aseguraron entonces haber hallado “indicios severos” que apuntan a que Espino habría cometido varios delitos.

Habrá segunda parte.

LA QUERELLA CONTRA ESPINO Y SUS AMIGOS DUERME EL SUEÑO DE LOS JUSTOS (I)
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