Según el comunicado remitido a Crónicas desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de mujeres muertas por sus parejas o ex parejas masculinas a lo largo de 2009 ascendió a 55. Además, aún hay otros seis casos de mujeres muertas que están en investigación judicial.
Así consta en el Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja en 2009 difundido hoy por el Consejo General del Poder Judicial.
En porcentaje, el total de mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja supone un descenso del 27% respecto al año anterior, ya que en 2008 se registraron 75 femicidios.
Este estudio, del que tomó conocimiento ayer el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha sido elaborado por la Sección del Observatorio contra la violencia Doméstica y Doméstica del Consejo.
Por primera vez, el Informe incluye un estudio específico de los procedimientos judiciales tramitados con anterioridad a la muerte de las víctimas. Este análisis permite conocer las actitudes previas de víctimas y presuntos agresores y el comportamiento de las instituciones y colectivos profesionales implicados. Destaca, entre otros aspectos, el bajo número de informes periciales sobre evaluación del riesgo de las víctimas. Ocho de las víctimas tenían medidas judiciales de protección acordadas a su favor y vigentes en el momento de su muerte.
En un 31% de los casos -17, en concreto- las víctimas mortales habían presentado previamente una denuncia contra su pareja o ex pareja, lo que supone un crecimiento de denuncias previas del 11% respecto al año 2008.
Cerca de la mitad de ellas eran menores de 35 años de edad (47,25% del total). La mayor parte de los femicidios –el 70%, exactamente- se cometieron en el domicilio, ya sea común, de la víctima o del agresor.
El 62% de las mujeres muertas eran españolas y el 38% extranjeras. Este último porcentaje refleja una especial sobrerrepresentación si se tiene en cuenta que la población femenina extranjera suponía el año pasado un 11,24% de la población femenina en España.
Respecto al reconocimiento tácito del femicidio, en un 24% de los casos el agresor se suicidó tras matar a su víctima, otro 13% intentó suicidarse y un 20% se entregó a la policía. En el 39% de los casos el agresor fue detenido seguidamente.
El Informe también recoge los datos de la instrucción judicial relativos a las muertes por violencia doméstica. El número de hombres que perdieron la vida presuntamente a manos de sus parejas o ex parejas ascendió a diez en 2009, frente a los seis del año anterior. De ellos, nueve murieron a manos de una mujer y uno a manos de un hombre.
Cinco de los diez hombres muertos eran menores de 35 años. El 50% de los presuntos autores eran españoles y en ningún caso la víctima había interpuesto una denuncia previa. En dos casos había, a su vez, denuncia previa por violencia de género contra ellos.
Valoración de la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
La presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, expresa su preocupación por el hecho de que siete de cada diez mujeres muertas no había denunciado previamente su situación de maltrato.
Montalbán resalta la importancia del estudio, que refleja la necesidad de que los jueces dispongan de informes periciales de valoración del riesgo. En su opinión, se precisa “implementar las Unidades de Valoración Forense Integral que prevé la Ley Integral en toda España, con personal realmente especializado en el conocimiento y detección de esta violencia, y que asuman la función de realizar informes periciales de valoración del riesgo de las víctimas”.
La presidenta del Observatorio incide en algunas de las asignaturas pendientes que refleja el Informe, como son “reforzar las medidas de sensibilización en población femenina especialmente castigada, como la población inmigrante y las jóvenes, así como la necesidad de que los recursos especializados alcancen también a las zonas rurales y a las poblaciones con menor número de habitantes”.
A su juicio, es necesario “preparar a los profesionales para la adquisición de habilidades al objeto de mejorar la toma de la declaración de las víctimas en la averiguación de la violencia habitual”.
