El activista uruguayo afincado en Lanzarote José Morales ha denunciado este martes que la Policía Nacional le ha retirado su documentación este lunes por la mañana, tras acudir ante la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía en Arrecife, donde debe personarse cada 15 días por sus dos expedientes sancionadores que han derivado en una orden del expulsión.
"De un momento a otro me he convertido en un inmigrante irregular o inmigrante sin papeles", sostiene Morales, que sospecha que se trate del paso previo a su detención para su posterior expulsión del país.
A pesar de que desde la Subdelegación del Gobierno en Canarias han negado hace algunas semanas la existencia de tal orden de expulsión, el activista uruguayo ha insistido en que está en posesión de dicha notificación urgente.
Los dos expedientes
El activista uruguayo José Morales recibía a principios de abril en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Arrecife la notificación de un segundo expediente disciplinario que podría terminar con su expulsión del país. Así lo manifestaba el propio Morales.
Relacionado con distintos movimientos sociales, Morales habla de "persecución policial" después de que volver a ser imputado por desorden público durante la protesta contra las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Estado en Lanzarote y Fuerteventura, durante la visita del ministro de Energía, Industria y Turismo, el canario José Manuel Soria, al Comité Insular que el PP de Lanzarote celebró hace algo más de un mes en la ciudad de Arrecife.
Morales había presentado alegaciones en relación al primer incidente que le costó una primera imputación y la amenaza de expulsión, cuando el activista uruguayo protagonizó un incidente el pasado 22 de julio de 2011 en la manifestación prosaharaui celebrada en la capital de Lanzarote, durante la cual un policía nacional esgrimió su arma tras ser increpado por manifestantes a los que fotografió el agente de paisano.
Cabe recordar que en la noche del 23 de julio fue detenido tras este altercado y que encontes ya recibió la confirmación de la orden de expulsión del país por parte de la Delegación del Gobierno en Canarias. Morales fue puesto en libertad, aunque contaba con 48 horas para comenzar sus recursos, que anunció ante todas las instancias posibles: judicial, en primera instancia, ante el Defensor del Pueblo y, por último, en el Tribunal de Strasburgo. Lo curioso del asunto es que la Administración le detuvo y todavía a estas alturas está a la espera de una resolución judicial al respecto y la Administración, al mismo tiempo, le abrió con prontitud el expediente de expulsión por la vía administrativa, es decir, dos vías para juzgarle por un mismo hecho.
El activista confiaba hasta el último momento en que la administración del Estado desestimara la propuesta de expulsión realizada por la Brigada Local de Extranjería, que encontró dos faltas muy graves de atentado contra la autoridad policial y desorden público. Ahora estaba a la espera de conocer la respuesta a sus segundas alegaciones, pero ha sido citado en Comisaría este martes, según le han confirmado, para notificársele la posible expulsión del país por reincidencia.
En cuanto al primer expediente, los hechos acontecieron el pasado 22 de julio, durante una manifestación pacífica por el Sahara, a cargo del colectivo en el que participa Morales. Ante la presencia de un agente de paisano que realizaba fotos de los presentes, Morales se encaró, fotografiándole a su vez con su cámara.
Según la versión policial, el agente se sintió intimidado y resolvió sacar su arma. La Policía Local de Arrecife acudió a deshacer el enfrentamiento en el que solo fue detenido José Morales sin que haya trascendido si se ha abierto algún expediente contra el proceder del agente que, al parecer, nunca se identificó como policía nacional.
Los colectivos rechazan la expulsión del activista José Morales
Colectivos relacionados con los sindicatos, los derechos prosaharauis y formaciones políticas como Izquierda Unida, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo y EQUO-Canarias han manifestado su rechazo a la orden de expulsión del activista uruguayo ya que entienden que supone un atentado contra el derecho a manifestarse y que vulnera, además, el derecho a la presunción de inocencia.
Para estos colectivos, “resulta incongruente que la Delegación del Gobierno en la Isla emita dicha orden sin que se haya resuelto el propio expediente de expulsión por supuesta alteración del orden público y que se lo notificó el pasado 3 de abril y que se ejecuta, injustamente, esta medida sin dar la posibilidad de defenderse ni de exponer su versión de lo sucedido”.
Además, las asociaciones esgrimen que “se trata de una medida desproporcionada y con motivaciones políticas ya que los medios de comunicación locales y los testigos presenciales atestiguan que no hubo altercados ni daños o perjuicios durante la concentración; y que, ésta, se produce tras manifestarse frente a la sede del Partido Popular durante la visita del ministro José Manuel Soria”.
Destacan asimismo el arraigo del activista José Morales que lleva más de 10 años en nuestro país y es colaborador de asociaciones de inmigrantes, sindicales y en defensa de los derechos humanos.
