El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, afirmó este miércoles, en la inauguración del VI Congreso Nacional de la Asociación Judicial, que “a pesar de la grave crisis económica que padecemos, se dan las circunstancias políticas para alcanzar un gran acuerdo por la Justicia”.
Sobre esta propuesta, Ruano puntualizó que no se trata de alcanzar “un efímero pacto entre los dos grandes partidos del Estado, sino de un acuerdo político-institucional y con los profesionales”.
En su intervención, recordó que en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada en junio pasado, el propio Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, “manifestó su voluntad de propiciar acuerdos que requieran el concurso institucional, pero también el de los profesionales de la Justicia en sus ámbitos respectivos”.
Tras reconocer que la organización de la Justicia en España “reviste una enorme complejidad desde el punto de vista orgánico y funcional”, el consejero se refirió a los acuerdos alcanzados en Barcelona el pasado 30 de enero de 2009 entre las once comunidades autónomas con competencias en esta materia, “con independencia del signo político de su Gobierno”. En concreto, se refirió a los acuerdos sobre la Oficina Judicial, tecnologías de la información y la comunicación y la asistencia jurídica gratuita.
En la citada reunión, agregó Ruano, “se produjo también un ofrecimiento franco al Ministerio de Justicia para concurrir a la solución de los problemas planteados en aquel momento por las asociaciones judiciales”.
Con respecto a la posición del Foro Judicial Independiente -organizador junto al Gobierrno de Canarias de este Congreso Nacional que se celebra en Maspalomas-, en relación a la organización de los medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, el consejero dijo que es “es una postura defendible y respetable”, por lo que, en su opinión, “es posible encontrar puntos de encuentro, puesto que es notorio que ese ámbito material y de personal ha mejorado en las once comunidades autónomas con competencia, frente al modelo de gestión centralizada”. “Ello no obsta”, precisó, “para que sea necesario que los ámbitos sectoriales y territoriales de cooperación sean fortalecidos por el Ministerio y por el Consejo General del Poder Judicial”.
Finalmente, Ruano reiteró que “el propósito del Gobierno de Canarias es mejorar el servicio público de la Justicia”, al tiempo que manifestó su confianza en poder contar con el Foro Judicial Independiente para alcanzar este objetivo, “tanto en nuestro ámbito territorial autonómico, como en los del Gobierno Judicial y en las relaciones con los profesionales, magistrados y jueces”.
