Izquierda Unida Canaria (IUC) en Lanzarote ha respaldado este viernes la Proposición No de Ley presentada por la Oficina de Acción Global de l Federal de Izquierda Unida y su diputado nacional, Alberto Garzón, ante la Mesa del Congreso pidiendo que se deroguen los sondeos de Repsol autorizados frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura mediante decreto del pasado 16 de marzo de 2012.
Manuel Garzón, coordinador de IUC en Lanzarote, Ramón Trujillo, coordinador en Canarias, y María Pilar Peláez, representante de Los Verdes en Lanzarote, han rechazado en rueda de prensa los argumentos del Estado. "Están jugando a la ruleta rusa con Canarias", han explicado.
Creen que detrás de los argumentos como la generación de 5.000 empleos para Canarias, la activación de nuevos sectores económicos o los beneficios energéticos solo hay una clara "ambición por expoliar los recursos que legítimamente pertenecen a Canarias, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua, los empleos de miles de personas que dependen del sector turístico y la riqueza medioambiental de islas que todavía son consideradas Reservas de la Biosfera.
Manuel Garzón ha criticado el modo en que el Gobierno de Rajoy ha concedido esta autorización es "fraudulento" y ha criticado al respecto que el Estado modificara la Ley de Hidrocarburos de forma premeditada para poder "darle a dedo a Repsol" las prospecciones petrolíferas de Lanzarote y Fuerteventura.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural ha presentado mediante el diputado Alberto Garzón y la Diputada Laia Ortiz la Proposición No de Ley para derogar el Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo por el que se autoriza a la multinacional Repsol a la exploración y posterior explotación de yacimientos de hidrocarburos frente a las Islas Canarias de Lanzarote y Fuerteventura, para su debate en Pleno.
La Proposición No de Ley pretende derogar de forma inmediata el Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo, dejando sin efecto la totalidad de as operaciones presentes y futuras de prospección o de explotación de hidrocarburos frente a las costas Canarias.
Asimismo se insta al Gobierno a promover con carácter de urgencia en Canarias una política energética, acorde con la realidad territorial, climática y social, que contribuya a la autosuficiencia energética mediante el impulso de fuentes autóctonas, sostenibles y renovables.
Manuel Garzón ha calificado como "ridículo" el asegurar seguridad total en esas prospecciones o garantizar 5000 puestos de trabajo sin haber concluido un estudio de impacto medio ambiental”.
Por su parte, Ramón Trujillo “advierte al Gobierno de su responsabilidad ante posibles daños tanto a la economía como a las costas de Canarias y países vecinos en caso de una catástrofe medio ambiental”. Asimismo ha manifestado “el agradecimiento a la Comisión Insular contra las Prospecciones Petrolíferas, por su colaboración en esta PNL”.
La última en intervenir fue María Pilar Peláez que fue rotunda en señalar el vinculo que existe entre la clase política y la empresa privada con el interés en energía, llamando la atención a la "ficticia puerta giratoria" de la Administración del Estado.
Los convocantes han denunciado las prácticas de corrupción relacionadas con la política energética que, a su juicio, genera el PP y, en general, el bipartidismo habitual de PP y PSOE en España.
Además, Izquierda Unida Canaria rechaza frontalmente los argumentos de la Confederación Canaria de Empresarios a favor de la explotación de hidrocarburos en Canarias ya que consideran que esta institución, al igual que el Partido Popular, trata de engañar cruelmente a la población del archipiélago y aprovecharse de la crisis social que azota las islas.
Los motivos que esgrime la formación de izquierdas en contra de los designios de José Manuel Soria son el carácter íntegramente privado de la explotación petrolífera, la ínfima mano de obra necesaria en las plataformas petrolíferas, la escandalosa evasión de impuestos de REPSOL a través de paraísos fiscales, el monopolio y la venta de los yacimientos encontrados por la multinacional al precio que esta estime oportuno y la deslocalización de la industria petrolera.
Asimismo, recuerdan que esta actividad está intrínsecamente relacionada con un alto grado de peligrosidad debido a la continua sucesión de escapes, la utilización de disolventes altamente tóxicos como el Corexit y la generación de residuos por la adición de metales pesados e hidrocarburos aromáticos para facilitar la perforación de la roca. Del mismo modo, inciden en que las técnicas batimétricas para estudiar el lecho marino son mortales para la rica diversidad animal de los fondos canarios, cuya intensidad de hasta 300 dB es comparable al estruendo de la explosión de una bomba atómica.
Desde Izquierda Unida Canaria denuncian las graves faltas democráticas en las que ha incurrido el Partido Popular al dar luz verde a este proyecto y advierten a la población del gran fraude energético que defienden los empresarios canarios.
