La presidenta del Cabildo insular, Inés Rojas, reconoció este jueves que se podría haber certificado que El Golfo era una zona urbana aunque no estuviera incluida en el Plan General de 1973, confirmando así la información publicada el día anterior por este diario en la que se destapó la no existencia de un documento que podría haber evitado el actual jaleo.
Así se lo hizo saber a los representantes vecinales y al abogado José Ortega, que está asesorando en el tema a los afectados, durante el encuentro que mantuvieron este jueves en el Cabildo.
Al parecer, la Dirección General de Costas pidió en su momento al Cabildo que informara sobre “la situación de la zona de El Golfo y de cómo aparecía en el Plan del 73”. Como en ese momento la zona no aparecía como núcleo urbano, se informó de esta situación, aunque también se explicó que se trataba de un asentamiento poblacional.
Rojas explicó al respecto que “no se contempló directamente así en el Plan del 73 porque se entendía que si se exponía ese suelo como urbano iba a llevar a El Golfo a un crecimiento desmesurado que no era lo que se pretendía para aquel enclave”.
Aún así, la presidenta entiende que esto se hizo “para beneficiar de alguna manera a los vecinos”, y ahora esa buena intención es la que de algún modo les ha hecho tropezar con la ley.
En definitiva, reconoció que “existe una cosa que es superior y es que un suelo es urbano y se considera como tal cuando en una serie de años ha habido allí un asentamiento poblacional construido que todo el mundo reconoce desde antes incluso de la entrada en vigor la Ley General de Costas”.
El bulevar de El Golfo
Por otra parte, también resolvió las dudas de los vecinos sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento quisiese ubicar un bulevar en la zona. “Se trata de uno de los proyectos del plan de Van Berkel que contempla la construcción de lo que él llama bulevar, un paseo marítimo que no conlleva el derribo ni ninguna otra construcción de otro tipo”, señaló.
El proyecto del arquitecto forma parte del documento que se quiere aprobar como Plan General de Yaiza y convertiría en peatonal la zona que ahora se usa como carretera.
Pero la presidenta sobre todo quiso trasladar “tranquilidad y seguridad” a los vecinos, porque van a luchar conjuntamente con el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, con el que mantuvieron el martes conversaciones, para que “los vecinos no se vuelvan a ver dentro de unos años otra vez con un sobresalto”.
Marcos Hernández
El senador socialista por Lanzarote, Marcos Hernández, ya anunció a principios de esta semana que pretendía aclarar todo este asunto con el director general de Costas, José Fernández. Aunque este jueves aseguró en Lanzarote Radio que estaba a la espera de su llamada, ya había logrado contactar con algunos técnicos, y puntualizó que pretendía “seguir buscando una solución política al asunto”.
En su intervención en el programa “El Despertador”, Hernández hizo un pequeño resumen de las claves que a su entender resolverían el conflicto y que pasan por “una solución más política que jurídica porque la Ley de Costas es muy recta en sus planteamientos y estricta en su texto”. Por esta razón, el senador entiende que “hay que buscar una solución atendiendo a ese carácter histórico, o a los asentamientos de esa zona y de esas casas”, un argumento que subrayó que va a “esgrimir ante la Dirección General de Costas”.
Aetur apoya a los vecinos
La Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote, AETUR, se pronunció ayer también ante la situación que están viviendo los afectados por el deslinde marítimo terrestre.
Aetur pide directamente que se “suspenda la actuación de costas en EL Golfo” porque “el área es una zona consolidada desde hace muchos años que además posee un tejido económico dinámico y característico que complementa la actual oferta turística de Lanzarote”.
Consideran “que los empresarios y vecinos no deberían ser el chivo expiatorio de las actuaciones y dejaciones de diferentes administraciones en diferentes épocas” y pide a la Dirección General de Costas que “sea sensible a situaciones que deben ser expuestas y explicadas por los afectados”.
En este sentido entienden que “vale la pena hacer un paréntesis en todo este proceso para poder escuchar y conocer las consideraciones que tienen que hacer los vecinos afectados” y reivindican también que “sean consideradas y atendidas las alegaciones, los recursos, las instituciones, los representantes institucionales y las organizaciones sociales que ya se han manifestado a favor de los derechos de la comunidad de El Golfo”.
