- Inés Rojas subraya las dificultades del Cabildo para cumplir con la Ley de Turismo cuando en Lanzarote se
conjugan tantas camas residenciales con plazas turísticas
La presidenta del Cabildo insular de Lanzarote, Inés Rojas, aseguró este jueves que el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTEOT) de Lanzarote tendrá que ser sometido a una amplia evaluación ambiental por parte del Gobierno de Canarias, toda vez que el equipo de redactores que han venido elaborándolo “no incluyó siquiera el Decreto de Evaluación Ambiental Canario que le presuponía al documento”.
Según precisó Rojas en El Despertador de Lanzarote Radio, “el PTE no tiene ni el decreto 35/95, con el que hoy por hoy sólo tendríamos que adaptarlo al decreto estatal, al 9/2006”. Sin embargo, “no tenemos nada que adaptar pues resulta que debemos comenzar la evaluación medioambiental del Plan Territorial Especial totalmente desde el principio porque el equipo redactor no ha hecho los deberes”.
Ésta sería una de las labores que se esperaba culminaría el equipo de redactores dirigidos por el urbanista y arquitecto Fernando Prats, quien dimitió el pasado 6 de noviembre. “Renunció y, hasta la vista, la verdad es que no he hablado con él desde entonces”, dijo Rojas.
La presidenta recordó que, después de que la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias -Cotmac- rechazara la exoneración del PTE a la Ley de Efecto Ambiental, el Cabildo le había encargado días atrás a la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno autónomo de Canarias tanto la evaluación de impacto ambiental que pudiera tener el Plan así como su finalización. “No hemos cumplido con la Ley y lo que está claro es que alguien se mandó a mudar sin acabar su trabajo”, afirmó la presidente en clara alusión a Prats.
El borrador del documento, un plan que regula el crecimiento turístico y que por eso tiene impacto ambiental y hay que someterlo a dicha Ley, incluye dos convenios más con promotores, Yudaya y Algol, que persiguen la reducción en el crecimiento de camas tanto en Playa Blanca (Yaiza) como en Costa Teguise (Teguise). Sin embargo, desde ayuntamientos como el presidido por José Francisco Reyes se solicita que el titular de Política Territorial del Cabildo aporte los supuestos convenios que existen con los promotores privados de Lanzarote que afectan a miles de camas turísticas y residenciales, y cuyo contenido se refleja en el PTE.
Sentencia del TSJC
En cuanto a la reciente sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se anula el decreto de la revisión del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL), conocida como moratoria turística, la presidenta confirmó los datos remitidos el pasado miércoles desde la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente que tutela Carlos Espino en el Cabildo. “Ésta es ya la enésima sentencia que recibimos en el Cabildo diciendo que el decreto de la moratoria es nulo o que no se ajusta a derecho”.
Según Rojas, en total se han interpuesto unas 12 denuncias contra el decreto de la revisión del PIOL. Diez de ellas proceden de promotores particulares, otra del Ayuntamiento de Yaiza y otra del de Teguise. Las diez de los promotores ya han sido emitidas, todas ellas con sentencia favorable a los empresarios, en tanto que ésta es la primera sentencia hecha pública por el TSJC en relación al contencioso presentado por el Consistorio sureño.
Turísticas y residenciales
Rojas precisó en su intervención radiofónica que la última sentencia del TSJC que anula el decreto de la moratoria dice que “el Cabildo hizo algo contra la Ley de Turismo” al aprobar la revisión del PIOL. La presidenta explica esta circunstancia porque, a su juicio, es bastante complicado respetar lo que dicta dicha Ley teniendo en la Isla una mezcla tan consolidada de camas turísticas y residenciales. “La Ley dice que las camas turísticas no pueden convivir con las residenciales, que existen en un número muy importante, pero esta situación nos la hemos encontrado al llegar al Cabildo”, afirmó, “y ahora de lo que se trata es de ir eliminando esa mezcla”.
Salvar lo ocurrido
En palabras de la máxima dirigente del Cabildo, “debemos salvar lo ocurrido hasta el año 2003 en relación l territorio, aunque las Directrices del Gobierno canario -que es, no ya un decreto superior, sino una ley de rango mayor- impidan la concesión de licencias turísticas”.
Rojas reconoce que durante ésta y las anteriores legislaturas el Cabildo no ha instrumentalizado bien las herramientas para ralentizar el crecimiento de la Isla, cuyo territorio está bastante consumido y que, a su vez, dichas herramientas, en lugar de ralentizar el crecimiento, han propiciado un auge de la construcción durante varios años”.
Rojas insistió en que “no pretendemos perder más tiempo, sino apurar la evaluación ambiental del PTE para aprobar la aprobación inicial del documento, si no en la presente legislatura sí al principio de la próxima, para que el nuevo equipo de gobierno que continúe en el Cabildo tenga el asunto bastante avanzado”.
Por último, la presidenta comentó que en Lanzarote hay muchos otros temas importantes sobre los que el grupo de gobierno de la Corporación insular está trabajando. “Los ciudadanos pueden pensar que en el Cabildo sólo se habla de territorio y de luchas en los medios”, concluyó.
